Cómo prevenir la tortura y tratos crueles durante la cuarentena por el coronavirus

La pandemia del COVID-19 ha obligado al gobierno, a las instituciones y a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención, higiene y distanciamiento social para disminuir la propagación de la enfermedad.

Uno de los sectores vulnerables son los espacios de privación de la libertad, debido a la alta concentración de personas y sus condiciones sanitarias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 188 mil 262 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios.

Por ello, organismos de salud y derechos humanos a nivel nacional e internacional han hecho recomendaciones a los gobiernos para prevenir violaciones de derechos humanos, torturas y tratos crueles en Centros de Readaptación Social, Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen la Ley, Estaciones Migratorias, Agencias del Ministerio Público, Centros de Internamiento o Atención Psiquiátrica y de Adicciones y Estancias, Albergues o Casas hogar de niños o personas adultas mayores.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que las instituciones públicas y privadas deben contar con estrategias, protocolos y lineamientos de prevención y tratamiento de COVID-19, y mantener informadas a las personas privadas de la libertad sobre éstas.

Además de establecer acciones para proteger al sector vulnerable -personas con padecimientos crónicos o inmunológicos, adultos mayores y mujeres embarazadas-, se deberán definir espacios adecuados para aislar a sospechosos y confirmados de COVID-19 y para brindar la atención necesaria o canalizar al centro médico.

En caso de restringir visitas, se tendrán que proporcionar medios digitales, vía telefónica o por Internet, para garantizar la comunicación y el contacto humano.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) emitieron sus propias recomendaciones.  

La OMS afirmó que el esfuerzo global por detener la propagación de la enfermedad podría fallar sin la atención adecuada a las medidas de control de infecciones en las prisiones, aunque el riesgo de varía de país a país.

Por ello, afirma que los reclusos tienen el derecho de estar informados y provistos de atención médica, sin cortar contacto con el mundo exterior. Además, deberán aumentar los servicios psicológicos a la población en general y no solo a quienes tienen enfermedades mentales.

También sugiere considerar opciones alternativas a la prisión preventiva, como la libertad anticipada y la condicional, para prisioneros con perfiles de bajo riesgo, con preferencia a quienes forman parte de la población vulnerable.

Las personas a ingresar a los centros penitenciarios deberán ser examinados en caso de que presenten fiebre o síntomas de enfermedad respiratoria. Si son parecidos al COVID-19 o tienen antecedente de diagnóstico positivo permanecerán en aislamiento, estipulado por profesionales de la salud.

Por último, señalan que la pandemia no puede ser usada como justificación para no seguir los reglamentos de derechos humanos.

La CTP explica que, a pesar de la suspensión de actividades no esenciales, las personas privadas de la libertad mantienen sus derechos humanos, en particular tener acceso a una higiene adecuada y a zonas al aire libre al menos por una hora al día.

El personal de estos centros deberá contar con el equipo de protección de la salud y la seguridad para seguir cumpliendo con sus labores. Además, los estados tendrán que el acceso de los órganos de vigilancia a los sitios de detención, tomando las precauciones adecuadas.

La Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México destacó cinco aspectos a tomar en cuenta por parte de las autoridades para garantizar la salud de los migrantes regulares e irregulares en México.

Entre sus recomendaciones están: no implementar restricción al acceso al territorio y mantener el derecho a solicitar asilo bajo la figura de refugiado, para ello es necesario agilizar los trámites migratorios.

También instan a parar las revisiones y verificaciones migratorias, pues obligan a los migrantes irregulares a permanecer en la invisibilidad y en condiciones de higiene inadecuadas para evitar ser detenidos.

Hacen hincapié en mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, proporcionando atención médica a las personas que presenten problemas de salud, además de brindar información fiable del COVID-19 y establecer medidas de higiene para evitar el hacinamiento y la propagación del virus.