Con aval, funcionaria de Sonora paga a su cuñado más de 10 mdp en rentas para Seguridad Pública

La Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora, Delia Beatriz Rendón Perla, contrató como arrendador a su cuñado, Roberto Vázquez Muñoz que desde enero de 2016 a la fecha, ha sido el más beneficiado en este rubro por la dependencia.

Antes de las contrataciones, Rendón Perla expuso ante su superior -el entonces secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales- y al Órgano de Control Interno de la dependencia el posible conflicto de intereses que esto podría representar, mismo que, según su versión, fue desestimado por cada parte, y por lo tanto no existirían irregularidades en el procedimiento.

“Si lo hice, es porque se puede, yo no me hubiera expuesto”, resaltó Rendón Perla. “Por lo mismo, yo informé a los que tenía que informar del posible conflicto de interés”.

Vázquez Muñoz ha arrendando cuatro inmuebles diferentes a Seguridad Pública Estatal, y ha obtenido ganancias por más de 10.7 millones de pesos hasta septiembre de 2019, y tiene contratos multianuales hasta 2021 en dos bases operativas, por lo que, al término de sus compromisos con la SSP, habrá obtenido 26.9 millones de pesos en ganancias.

En una entrevista concedida a El Malpensado, Delia Rendón Perla afirmó que cuando se desea arrendar una propiedad, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones coadyuva a la dependencia que lo requiere en la búsqueda del inmueble.

“Cuando una unidad administrativa (de la SSP) tiene una necesidad, esa unidad me lo hace saber a mí o al Secretario como jefe de todos (...) Siempre volteamos a Bienes y Concesiones, primero que nada para ver si hay algún inmueble que nos pueda servir, de los que ya tiene el Estado. Cuando no hay -ellos mismos y nosotros- nos damos a la tarea de buscar”, explicó.

Bienes y Concesiones define cuánto se debe pagar por renta mensual o compra, para dar paso a la Consejería Jurídica para la elaboración del contrato, que firman el arrendador, la Coordinadora General de Administración, el titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, y un perito valuador.

Delia Beatriz Rendón Perla es Coordinadora General de Administración, Evaluación y Planeación Gubernamental de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora desde el 13 de septiembre de 2015, puesto en el cual debe vigilar que el ejercicio del presupuesto sea de acuerdo con las disposiciones legales y bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

A la pregunta de si ha recibido algún beneficio económico por los contratos otorgados a su cuñado, dijo: “No he recibido ni un peso; no necesito, y él no necesita este arrendamiento (…) Para nada, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer y no lo necesito, gracias a Dios”.

Es el arrendador más beneficiado  A través de su empresa Construcciones e Inmobiliaria Gagre y a nombre propio, Vázquez Muñoz ha sido el arrendador más beneficiado de 2016 a 2019 por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, al recibir contratos por 10.7 millones de pesos, es decir, el 20.43% de lo gastado por la dependencia en este rubro.

En total son 43 prestadores de servicios los que han arrendado terrenos y edificios a esta dependencia en el periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2019, para un gasto total de 52.7 millones de pesos.

La información forma parte de un listado de facturas entregadas a El Malpensado mediante una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondientes a las partidas 32101 y 32201, referentes al arrendamiento de terrenos y edificios.

El procedimiento para arrendar edificios para uso público en el estado de Sonora, se encuentra previsto en la Ley estatal de Bienes y Concesiones, que señala la obligación de adherirse a un precio justo por el terreno o edificio a rentar.

Serán las dependencias contratantes quienes aporten el recurso económico, y harán parte del proceso a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (dependiente de la Secretaría de Hacienda), para que ésta tenga un registro y control de los inmuebles arrendados, y pueda verificar que se pague el precio o valor justo, de acuerdo con lo dictaminado por un perito valuador.

Delia Beatriz Rendón Perla recordó que la primera vez que se contrató al esposo de su hermana Concepción Nora Rendón Perla, en enero de 2016, para las oficinas de Medidas Cautelares y el corralón vehicular, ella notificó por escrito a su jefe Adolfo García Morales, y éste le contestó personalmente que no había problema. 

En una entrevista telefónica, el ex secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales explicó que durante su gestión nunca se dio alguna observación por parte de las autoridades de fiscalización sobre los arrendamientos y que, además, las autorizaciones son otorgadas por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

“Lo cierto es que yo no dictamino esas cosas, todo lo que es arrendamientos lo dictamina Bienes y Concesiones y el órgano de control interno”, respondió García Morales, al ser cuestionado sobre el aval que habría otorgado a la administradora Delia Rendón para la contratación de su cuñado Roberto Vázquez Muñoz.

Según los documentos, Vázquez Muñoz no fue contratado en 2015 por la Secretaría de Seguridad Pública. En 2016 comenzó a arrendar un par de terrenos contiguos, ubicados sobre el bulevar García Morales, en Hermosillo.

Se trata de los inmuebles señalados con los números 52 y 52-A del citado bulevar, en la colonia El Llano.

El primer terreno, con el contrato SSP-ARR-019/16, tiene una superficie de 3 mil 582 metros cuadrados, por el que mensualmente la Secretaría de Seguridad Pública pagó 104 mil 400 pesos para un total de 1 millón 252 mil 800 pesos durante 2016, y fue destinado para las oficinas de Medidas Cautelares de la SSP; el segundo terreno tiene una superficie de 5 mil 184 metros y el valor de renta anual fue de 974 mil 400 pesos, y se destinó como corralón vehicular.

La Coordinadora General de Administración, Delia Rendón explicó que la contratación de las oficinas de Medidas Cautelares obedeció a una urgencia, ya que se debía implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal y por estrategia era necesario un lugar que alojara a más de 40 personas, que no estuviera cerca de escuelas, expendios y que contara con paradas de transporte urbano.

Del mismo modo, asegura, fue necesario rentar el terreno contiguo para albergar a las unidades oficiales que presentaban fallas mecánicas y que se encontraban estacionadas en diferentes puntos del Estado. El corralón vehicular sirvió para resguardar y reparar esas patrullas.

Para 2017, Vázquez Muñoz dejó de ser propietario del inmueble destinado como corralón vehicular al venderlo a la empresa Nunbis.com S.A de C.V., a la que la Secretaría de Seguridad Pública pagaría durante ese año 1 millón 252 mil 800 pesos, con el contrato SSP-ARR-027/2017.

La operación derivó en un oficio fechado el 26 de octubre de 2017 (SSP-DRM-2505/10/2017) en el que se menciona que del “corralón vehicular”, a partir de esa fecha, los pagos deberían tramitarse a nombre de la empresa Nunbis.com, S.A. de C.V.

De esta manera, los terrenos que Vázquez Muñoz poseía terminaron en una zona comercial que ahora tiene a una cafetería y una farmacia; sin embargo, deshacerse de estas propiedades no significó que dejaría de ser arrendador de la Secretaría de Seguridad Pública.

Años violentos En noviembre de 2017, Roberto Vázquez Muñoz obtuvo el contrato SSP-ARR-028/2017 para rentar por 336 mil 400 pesos al mes las instalaciones de la nueva base de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Ciudad Obregón, ubicada a la altura del kilómetro 3 de la carretera México 15, en el tramo a Hermosillo, en donde se encuentra un edificio de 984 metros cuadrados en un terreno de 3 mil 368 metros cuadrados.

A partir de una revisión del predio en las imágenes de archivo de Google Maps, se confirmó que desde 2009 y hasta 2016 existía solamente una estructura en obra negra, sin techo, paredes caídas y vandalizada.

Fue hasta julio de 2017 que se aprecian trabajos de reconstrucción que le dieron forma al actual edificio de la Policía, que se renta a través de “Construcciones e Inmobiliaria Gagre S.A de C.V”, representada por Roberto Vázquez Muñoz, y que recibe cada año más de 4 millones de pesos por el arrendamiento del inmueble.

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, los homicidios dolosos en Sonora se incrementaron a casi el doble de 2012 a 2019, al pasar de 378 carpetas de investigación a 745, en ese periodo.

Tan sólo en 2017, Cajeme se posicionó como uno de los 50 municipios más violentos del país con 727 asesinatos.

En ese momento, se llegó a tener hasta 80 elementos de la Policía Estatal que se encontraban hospedados en hoteles en diferentes puntos de Ciudad Obregón, lo que representaba de 700 a 800 mil pesos mensuales de alojamiento, justificó Delia Rendón.

“Nos exponen la necesidad de que les hagamos una base. Mínimo teníamos que gastar 20 millones de pesos para comprar un terreno, bardearlo, construirlo y equiparlo. Entonces era imposible en ese momento”, recordó.

Cuando surge la necesidad de esta base operativa se analizó su construcción con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero en ese momento se estaba construyendo un Cereso, por lo que se descartó la posibilidad.

“El Secretario me instruyó a mí que buscara uno de renta. Yo volteé a Bienes y Concesiones. Y Bienes y Concesiones nos dijo: ‘Hay un terreno’. ‘Pues vamos viendo el terreno’. Y resultó que era de esta persona que ustedes ya saben que es mi cuñado (…) ‘Tú no tienes por qué meterte en broncas porque nosotros decidimos si se hace o no se hace, y en cuánto se hace’”, recordó sobre aquella conversación.

“No encontramos quién lo hiciera y quién nos diera crédito. Entonces esta persona aceptó, pero no lo hicimos hasta que vimos cuánto nos podía costar y sacamos el costo-beneficio”, agregó Rendón Perla.

“Le comenté al licenciado, a mi jefe. ‘Es que la ley te lo permite porque Bienes y Concesiones es el que decide, no tú. Que ellos hagan todo. Cuando ya se haga, tú contratas’. Y así fue. Pero no nomás por eso lo hicimos. No nomás porque estaba grande sino porque lo hizo a modo, haz de cuenta que lo construyó para nosotros”, dijo la Coordinadora General de Administración.

Durante la entrevista, Delia Rendón mostró un oficio dirigido al titular del Órgano de Control Interno de la SSP en el que informa sobre la opción de contratar este inmueble describiendo sus características, además del nombre del propietario y el posible conflicto de interés que la contratación podría generar. El oficio no tuvo respuesta.

El último y nos vamos “Construcciones e Inmobiliaria Gagre S.A de C.V” fue fundada el 2 de junio de 2005 por Roberto Vázquez Muñoz y su esposa, Concepción Nora Rendón Perla, hermana de Delia Beatriz Rendón Perla, coordinadora General de Administración, Evaluación y Planeación Gubernamental de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En 2010 se traspasaron las acciones de Concepción Nora Rendón Perla a través de una donación a Vázquez Muñoz, además del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de riguroso dominio y actos de administración en materia laboral, según consta en las actas del Registro Público de Comercio.

En Guaymas, el empresario obtuvo su cuarto y más reciente contrato con la SSP. Se trata de la base operativa de la Policía Estatal de Seguridad Pública para la zona de Guaymas-Empalme, que inició operaciones en 2019, según consta en la primera factura pagada por el periodo del 9 al 31 de agosto de ese año, respaldada en el contrato SSP-ARR-034/19.

El edificio de la base operativa de Seguridad Pública de Guaymas tuvo en sus instalaciones, hasta junio de 2019, una escuela denominada “Muñoz Global School” que, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, tenía a ocho estudiantes: tres inscritos en preescolar y cinco en primaria, con costos desde 3 mil 450 a 3 mil 650 pesos por alumno.

El documento firmado el 9 de agosto de 2019 revela que el compromiso adquirido por la Secretaría de Seguridad Pública con Roberto Vázquez Muñoz, culminará hasta el 31 de diciembre de 2021; es decir, se firmó un contrato con una vigencia de casi 29 meses, por el que se pagan 243 mil 800 pesos mensuales, es decir, al término de ese año se acumularán ganancias por 7 millones de pesos por ese inmueble.

“Lo que nos movió más rápido a hacerlo con él (Roberto Vázquez Muñoz) fue porque no había otro listo y ya estaban las ejecuciones de los muchachos en Guaymas (…) Nosotros volteamos y vemos la mejor opción, en este caso también había un ahorro muy grande y sobre todo una tranquilidad para los guaymenses que no estaban los policías en el hotel”, resaltó Delia Rendón.

La Coordinadora General de Administración explicó que la situación de los hospedajes en Guaymas era muy similar que en Ciudad Obregón, con un gasto promedio de 450 mil pesos mensuales en alojamientos, por lo que bajar a 243 mil pesos al mes era lo más conveniente.

“Ahí sí, nosotros fuimos a Bienes y Concesiones y le dijimos: ‘Vayan a ver y ustedes decidan’”, destacó.

Aunque una de las condicionantes planteadas por Rendón Perla para la contratación de arrendamientos previos era que no podían estar cerca de escuelas, la base operativa de la Policía Estatal está a menos de 300 metros del Bachillerato Anáhuac Campus Cervino y la Universidad Tecnológica de Guaymas, sobre la carretera internacional México 15.

De igual manera que con la base operativa de Ciudad Obregón, Delia Rendón envió un oficio similar al Órgano de Control Interno, del que tampoco obtuvo respuesta. 

Las ganancias totales Con las ganancias de 10.7 mdp ya obtenidas hasta septiembre de 2019, más los ingresos que significarán los meses por transcurrir de los dos contratos, que culminarán el 31 de diciembre de 2021 para los casos de las bases operativas, Roberto Vázquez Muñoz habrá obtenido ganancias por 26.9 millones de pesos.

El Malpensado solicitó durante los últimos 10 días, en reiteradas ocasiones vía telefónica y mensajes de texto, una entrevista a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, a través de una vocera, quien aseguró que no se pudo concretar, pero dejó la postura de esta dependencia con respecto a las contrataciones que se hacen por arrendamientos de inmuebles y terrenos:

“La especificaciones que requiere Seguridad Pública (para sus inmuebles), pues sólo ellos podrían decirle. Nosotros nada más les decimos que están rentando dentro de los rangos que le corresponde a los inmuebles. Pero el área, en este caso Seguridad Pública, hace la búsqueda y determina el lugar que quiere rentar”, escribió en un mensaje vía Whatsapp.

* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.