Sheinbaum y Trump, horas difíciles
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Sara Carter, zarina de las drogas en la Casa Blanca, dijo que perseguirían a gobernadores mexicanos vinculados con el crimen organizado, definiendo de manera pública, por primera vez, los objetivos prioritarios de Washington
La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos pasa por un momento muy difícil. Quizás es el más crítico que ha tenido Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Se vive la escalada más agresiva desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero del año pasado, ocasionada por un quiebre en la dinámica de la colaboración bilateral y un retroceso en la forma como estaban trabajando. Públicamente, Sheinbaum repite que la colaboración está funcionando en buenos términos, y Trump sigue disfrazando la molestia con palabras dulces para la Presidenta.
Sin embargo, la turbulencia que se vive no se puede ocultar. Es pública, secuencial y cada vez más frecuente la forma en que Estados Unidos está cerrando espacios con acciones y con un discurso que parece el mismo –por lo que no se está escuchando en su justa dimensión–, pero que está teniendo un alza inquietante, sobre todo si se puede establecer que esta crisis en proceso coincidió con las designaciones de las precandidaturas de Morena a las gubernaturas, en las que al menos cinco de las personas electas tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos o en México por presuntos vínculos con los cárteles de la droga.
El momento que puede establecerse como el inicio de la actual situación es la conversación telefónica entre Sheinbaum y Trump el 16 de septiembre. Esta ocurrió un día después de que se anunció la designación de Julieta Ramírez como precandidata al gobierno de Baja California, en el contexto de la revelación en N+ sobre que había firmado un proffer con el Departamento de Justicia. Este documento es un acuerdo entre fiscales y una persona que se encuentra involucrada, como actor o testigo, en una investigación criminal para compartir información. La llamada había sido mantenida en secreto por Sheinbaum, que siempre las había presumido como muestra de su buena relación con Trump; sin embargo, el periódico digital estadounidense Politico la dio a conocer y afirmó que habían hablado de seguridad.
Sheinbaum se limitó a decir que conversaron únicamente sobre la negociación del acuerdo comercial. Sin embargo, lo que ha trascendido es algo mayúsculo frente a lo que admitió la Presidenta. Ella había solicitado la conversación, preocupada por la demora de la negociación, cuya conclusión positiva considera que sería importante para que lleguen inversiones que alivien su problema de flujo de recursos. No salió como había esperado. Trump le planteó que quería activos de Pemex –como lo ha logrado con Argentina y Venezuela– como parte de la contraprestación por firmar el acuerdo, a lo que se negó Sheinbaum. Pero también el mandatario estadounidense le reclamó por la inacción contra los narcopolíticos, lo que la enfureció.
Lo que vino después fue una catarata pública de inconformidad en Washington con la Presidenta. Sara Carter, zarina de las drogas en la Casa Blanca, dijo que perseguirían a gobernadores mexicanos vinculados con el crimen organizado, definiendo de manera pública, por primera vez, los objetivos prioritarios de Washington. The Wall Street Journal ventiló los reclamos de Sheinbaum al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por su cooperación con Estados Unidos, que no era algo nuevo. La primera vez que lo hizo fue el año pasado, cuando le reprochó el alcance que estaban teniendo las investigaciones sobre los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
Trump regresó al escenario y dijo que el gobierno de Sheinbaum no tenía la capacidad para enfrentar a los cárteles de la droga y que, si bien aún no estaban al 100 por ciento, ya habían comenzado las operaciones contra el crimen organizado en México, sin entrar en más detalles. Una probable respuesta a esa declaración se dio este fin de semana, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por una posible traición a la patria al haber autorizado una operación donde participaron cuatro agentes de la CIA. Con esta acción, el mensaje parece ser: si alguien colabora con Estados Unidos, toda la fuerza del régimen le caerá encima.
No ha sido todo. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, designó a los cárteles mexicanos como “terroristas”, sumándose a lo que había hecho previamente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Por su parte, Trump ordenó al Pentágono derribar cualquier dron que vuele sobre la frontera con México. Estos dispositivos ya están utilizando técnicas importadas de la guerra en Ucrania, donde operan con fibra óptica para evadir los inhibidores de señal, que eran la forma como los combatían. El acuerdo comercial no estuvo ausente de esta escalada. El Journal publicó en su primera plana hace unos días que las negociaciones estaban empantanadas, aunque se centró en diferendos en el sector automotriz y no en la cesión de activos petroleros ni narcopolíticos.
La sucesión de eventos que elevan la presión sobre Sheinbaum parte de un diagnóstico de los servicios de inteligencia estadounidenses, según el cual la cooperación lograda con la mandataria mexicana en materia de seguridad se ha frenado por decisión de ella misma. Han visto, según ha trascendido, que hay un retroceso en lo alcanzado, como en los nombramientos de precandidatos, en donde originalmente se le había pedido a García Harfuch investigar a todos los aspirantes a un puesto de elección popular –por lo pronto a nivel gubernaturas–, a fin de impedir que alguien con averiguaciones abiertas o bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado pudiera participar. Sin embargo, varias de las designaciones de aspirantes de Morena y al menos dos de sus aliados incumplen el prerrequisito que originalmente se había planteado.
La acción contra políticos involucrados en la narcoeconomía se detuvo. Una muestra de la debilidad que se vive en el despacho presidencial fue que, tras el cese del subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, padre del precandidato a la gubernatura de Baja California Sur, Manuel Cota, lejos de ir a la congeladora, será el responsable de la operación política en Chihuahua; su objetivo principal será lograr que Andrea Chávez gane la alcaldía de Ciudad Juárez. Cota es una pieza del senador Adán Augusto López, principal promotor de Chávez e investigado en Estados Unidos, a quien, a cambio de no pelear la gubernatura para ella, le entregaron las candidaturas de las dos Bajas.
La percepción entre los servicios de inteligencia estadounidenses es que la presidenta Sheinbaum cada vez está más aislada en México y en el extranjero, lo que será motivo de una próxima columna.
