Crimen roba 14% de gas a Pemex y crea mercado en CDMX y Edomex

El sector de distribuidores de gas LP denunció la creación de diversas agrupaciones clandestinas y pseudosindicatos, que operan en Ciudad de México y Estado de México los cuales, aseguran, distribuyen gas robado, extorsionan y se dedican al cobro de derecho de piso.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), en 2020 se estimaron 23 mil tomas clandestinas, de las cuales se extrajeron más de 100 mil toneladas al mes, esto equivale a 14 por ciento de todo el que se distribuye en todo el país.

Con el aumento en el delito del robo de gas LP a través de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), estos grupos han llegado a los grandes centros de consumo para comercializar todo ese combustible, desplazando a las empresas privadas de gas formales.

Sin embargo como este problema se concentra solo en 10 estados, el gas robado a la empresa del Estado representa hasta 25 por ciento de lo que se distribuye en mercados del Edomex, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

Los empresarios afirmaron que para sacar el producto que los delincuentes extraen de los ductos de Pemex, utilizan los canales de distribución tradicionales y por eso se están encargando de tener más rutas controladas.

Explicaron que la forma en la que operan es robar autotanques para colocarlos en el ducto y ordeñar el gas, una parte muy pequeña de ese combustible se reparte en la misma zona donde se extrae, sin embargo, al ser tanta la cantidad de producto no puede ser consumido únicamente en esas zonas, por eso llega a Ciudad de México y Estado de México.

Destacaron que esos grupos o pseudosindicatos son los encargados de bloquear la distribución del gas a las empresas formalmente establecidas mediante personas que agreden y cobran el derecho de piso para controlar las zonas, con lo que se pierde el libre tránsito y comercio, porque además de evitar la participación de las compañías, empiezan a ofrecer gas a la venta a precios muy por debajo del mercado.

“Se cobra una cuota mensual por trabajar en cierta zona y esto tiene como consecuencia enfrentamientos entre dichos grupos que están escalando, además se están creando otros que defienden territorios más pequeños y comienzan también a cobrar derechos de piso”, dijo uno de los distribuidores del combustible que solicitó el anonimato.

El presidente de la Amexgas, Carlos Serrano, explicó que el problema de las tomas clandestinas tiene 20 años, y suma más de 83 mil tomas, de las cuales el 60 por ciento se concentra en los últimos tres años, lo que muestra un crecimiento exponencial del delito.

“Si sumas las tomas clandestinas de 12 años o sea de 2000 a 2012, llegan apenas arriba de 5 mil, si el año pasado fueron más de 23 mil en un solo año, ahí te das cuenta de la situación que vivimos en este tema”.

Serrano aseguró que lo que roban en un año le alcanzaría a Pemex para pagarle a los miles de proveedores a los que les adeuda dinero, por lo que es un impacto alto, pero no solo para la petrolera sino para lo usuarios y empresas como tortillerías, panaderías, restaurantes u hoteles quienes se ven afectados.

Las empresas formales cuentan con el respaldo tecnológico y de seguridad de procedimientos, de certeza en la revisión de sus válvulas, la fabricación de sus equipos de reparto y seguros de responsabilidad civil, así como personal capacitado que es para garantizar la seguridad de las operaciones en el suministro.

“Se está poniendo en riesgo de accidentes a la población mexicana porque estas empresas no tienen ni el interés ni la responsabilidad de cumplir con todos estos procedimientos. Además la industria ilegal desplaza empleos formales, ya que estas agrupaciones que se están formando, desplazan a las compañías mediante grupos de choque, amenazas y extorsiones para poder hacerse presentes”, comentó Serrano.

El presidente de la Amexgas dijo que esto genera una gran incertidumbre en el sector energético, una falta de certeza y una falta de respeto al Estado de Derecho, dos factores indispensables para que cualquier actividad económica o sociedad pueda desarrollarse y crecer.