De cientos de detenidos por huachicoleo, solo uno era funcionario de Pemex y no fue sentenciado

Por Arturo Angel/@arturoangel20 
 
En enero de 2016 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos que además de tipificar múltiples delitos relacionados con el denominado “huachicoleo”, endureció las penas a los funcionarios públicos que resulten cómplices por comisión u omisión de esta práctica.

Pero datos oficiales revelan que, de enero de 2016 a febrero de 2019, ni un solo servidor o exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido declarado culpable de ser cómplice de delitos contemplados en la referida ley. De hecho solamente hay un caso, que data de 2016, de un servidor público de Pemex detenido sin que dicho proceso haya sido  exitoso.

Lo anterior pese a que incluso se han realizado operativos en refinerías donde se han detectado supuestas tomas clandestinas o se han realizado sabotajes, y a que distintas autoridades – incluido el presidente – han señalado que esos delitos no serían posibles sin la complicidad de trabajadores de la paraestatal.

Animal Político solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) – vía solicitudes de transparencia – un balance sobre el número de personas detenidas, procesadas y sentenciadas desde que se aprobó la referida ley especial que ayudaría a prevenir y castigar con mayor eficiencia este tipo de conductas delictivas.

La dependencia a través de sus distintas áreas reportó una cifra de más de 2 mil personas detenidas por su probable responsabilidad en robo de combustible o alguno de los otros ilícitos que contempla la mencionada ley.

No obstante, al cuestionársele cuántos de ellos son servidores públicos o exservidores públicos de Pemex, reportó un solo caso que data de 2016 y cero casos de 2017 a la fecha.

Y en cuanto a procesos que hayan culminado exitosamente con alguna sentencia en contra de un funcionario o exfuncionario de la empresa por esta misma causa, la FGR informó que la cifra es de cero casos hasta la fecha.

Este balance contrasta con acciones que, en su momento, se han anunciado para combatir el robo de hidrocarburo dentro de la propia empresa paraestatal pero que al menos en cuestión de servidores públicos identificados y sancionados no ha dado resultados.

Por ejemplo, apenas el pasado 7 de enero (ya durante la actual administración) se desplegó un importante operativo encabezado por la Secretaria de la Defensa y la Marina en la refinería de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, todos los trabajadores fueron revisados e incluso se habló del decomiso de teléfonos celulares. Pero no se anunciaron los resultados.

Una acción similar se realizó en mayo del año pasado en la misma refinería, cuando fuerzas federales intervinieron sorpresivamente en la misma e incluso se habló de personas detenidas.

Cabe señalar que en enero de este mismo año el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el robo de combustible no era posible sin lo que denominó “una complicidad plena” en el interior de Petróleos Mexicanos, pues acusó que aun cuando se contaba con sistemas de monitoreo de ductos que permitían corroborar la operación de tomas clandestinas, no se emprendieron mayores acciones al respecto.

En un informe dado a conocer el pasado 6 de mayo el fiscal General del país, Alejandro Gertz Manero, dijo que desde diciembre de 2018 se han detenido a más de 620 funcionarios por presuntos hechos de corrupción en el gobierno y que Petróleos Mexicanos era una de las dependencias involucradas.

No obstante, y de acuerdo con las cifras oficiales de la propia Fiscalía, al menos hasta febrero ninguno de esos casos estaría relacionado con robos de combustible.

Sentencias contra huachicoleo: eficacia de 3%

En el informe proporcionado por distintas áreas de la Fiscalía General se advierte que desde la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos – de enero de 2016 a febrero de 2019 – se detuvieron y pusieron a disposición a 2 mil 193 personas por robo de hidrocarburos en distintas modalidades.

Y se detalla que en este mismo periodo la Fiscalía logró que los jueces sometieran a proceso a 376 de las personas detenidas por ilícitos contemplados en la referida ley, y de ellos dictaron sentencia condenatoria en contra de 70. Todos estos casos ya conducidos con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.

Estos datos arrojan que del total de personas detenidas, la Fiscalía logra que jueces vinculen a proceso solamente al 17.14%, mientras que el porcentaje de personas que llegan a sentencia condenatoria es de apenas un 3.1%.

Lo anterior puede deberse a que el Ministerio Público decidió de inicio que no había evidencia suficiente para llevar ante los detenidos ante el juez o a que, en su defecto, sí los llevó pero falló en aportar los elementos suficientes para que el proceso penal se mantuviera y concluyera con una sentencia.

Animal Político publicó ayer que en el caso de 655 personas que fueron detenidas por presunto robo de combustible ya en el sexenio actual, fue la propia Fiscalía General la que determinó dejar en libertad al 56% de ellas al considerar que no había datos iniciales para sustentar una eventual acusación.

¿Y además de los detenidos?

Se solicitó a la Fiscalía General conocer además de la cifra de personas detenidas, los recursos económicos y los bienes de distinto tipo que se han asegurado como resultado de los operativos y las investigaciones relacionadas con robo de combustible desde que entró en vigor la ley especializada en esta materia.

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En cuanto a dinero la FGR reportó el aseguramiento de 8 millones 143 mil 157 pesos de los cuales poco más de 940 mil pesos que equivalen a casi el 12% corresponden a dinero decomisado desde diciembre de 2018 es decir, durante la actual administración También se reportó el decomiso de 2 mil 800 dólares.

Por otro lado la fiscalía reportó el aseguramiento de 544 vehículos de 2016 a la fecha, entre pipas utilizadas para transportar el combustible robado y  automóviles de otro tipo. Además se reportó el decomiso de 80 inmuebles y de 58 armas de fuego.