Esta semana la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentó su reporte 2017 sobre el desplazamiento interno de personas en México. Mismo que describe como de 2006 a 2017, aproximadamente 329,917 personas en nuestro país han tenido que abandonar sus hogares en contra de su voluntad, para huir de la violencia generada por grupos criminales y por agentes del Estado.

No se trata de un problema menor o acotado a una zona del país en particular, sino lo que muestran las cifras, es que estamos frente a una situación que va en franco crecimiento y que amenaza con convertirse en una importante crisis humanitaria en el futuro. Ya que el desplazamiento tiene importantes consecuencias económicas, políticas y sociales, que no se limitan a quienes tienen que emigrar. 

Por ejemplo, la misma acción de migrar lleva costos aparejados, pero además se tienen que tomar en cuenta los bienes que las familias dejan en sus lugares de origen, el costo de conseguir un lugar donde vivir en la nueva comunidad, los costos de cambios de empleo, de escuelas para los hijos y demás gastos. Ello sin contar el impacto financiero de las zonas que pierden población, que sin duda es mayúsculo, ya que la productividad de esas comunidades se desploma. 

De hecho, hay zonas importantes en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua que no se han podido recuperar del paso de grupos armados. Tenemos cientos de comunidades rurales que se han perdido y en algunas zonas indígenas también hay un impacto negativo en materia cultural, ya que las poblaciones desplazadas al difuminarse dejan de practicar sus tradiciones. 

Lo más grave de la situación, es que ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto, es decir, tenemos 329,917 desplazados forzosos, pero no existe ninguna política pública o estrategia que se enfoque en la inclusión y la atención de dicha población, en sus nuevas comunidades, por ende, la totalidad de los costos los asumen las víctimas, por lo que se da un proceso de doble victimización. 

Mucho menos existen estrategias que nos hagan pensar en la posibilidad de que las poblaciones expulsadas, puedan volver en un futuro a sus comunidades y recuperar los bienes y las propiedades que dejaron atrás. Por lo que cada nuevo suceso termina por convertirse en una tragedia permanente, ya que una familia queda marcada por el suceso, sin que existan medios para reparar el daño. 

Con la publicación de este reporte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio el primer paso que es visibilizar un problema que es ignorado por la inmensa población del país. Sin embargo, aún faltan dos eslabones fundamentales, el primero es difundir el contenido del reporte, para que más personas lo conozcan y el segundo es ofrecer alternativas que nos permitan como sociedad enfrentar el problema y atemperar en parte el impacto negativo que tienen en sus vidas las víctimas de desplazamiento en México.


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