Duarte: ¿pudo ser arrestado antes?

“Por supuesto, de alguna manera cualquier país podía verificar si se encontraba o no en su territorio esta persona (el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte). Ahora bien, la solicitud de aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta el momento que el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Cancillería, recibió esta nota verbal de la Embajada de México acreditada en Guatemala”.

Las palabras anteriores fueron pronunciadas ayer por la Fiscal General guatemalteca, Thelma Aldana Hernández, tras ser cuestionada respecto de por qué no se registró antes las aprehensión del exmandatario veracruzano, pese a que, según información conocida –y que no ha sido desmentida– existían indicios de la presencia de Duarte en Guatemala desde noviembre pasado.

La aparición del dato obliga a cuestionar, por supuesto, si durante los cinco meses que, presumiblemente, habrían transcurrido desde la aparición del exmandatario en territorio guatemalteco, existió la posibilidad de capturarle con fines de extradición.

El cuestionamiento resulta más pertinente en la medida en la cual las autoridades jurisdiccionales mexicanas libraron orden de aprehensión en contra de Duarte desde 14 de octubre del año pasado, es decir, al menos dos o tres semanas antes de que Duarte apareciera en Guatemala.

No faltará quien diga que lo importante es que ya ha sido detenido y que ahora debemos concentrarnos en el proceso de extradición, a fin de que el veracruzano sea trasladado a territorio mexicano y enfrente los cargos formulados en su contra.

Sin duda tendrá razón quien piense de esta forma, pero también es cierto que un detalle como el anterior merece, por lo menos, una aclaración.
No es un asunto menor el hecho de que un prominente personaje, fácilmente reconocible por el hecho de que ocupó un cargo público de relevancia en nuestro País y huyó después de abandonar el Gobierno por acusaciones de corrupción en su contra, se haya “paseado” libremente en un centro turístico y lograra hacerlo por meses antes de ser capturado.

Menos, cuando la declaración oficial de la Fiscalía de Guatemala es puntal en señalar que, aun cuando ellos tuvieran noticia de la ficha roja de Interpol, la detención sólo podría realizarse a petición expresa del Gobierno mexicano y ello no ocurrió sino hasta hace tres días y por la vía verbal.

Es de esperarse, por supuesto, que la Procuraduría General de la República aclare puntualmente este hecho –y que lo haga a la brevedad posible–, pues de lo contrario la mesa quedará servida para la especulación respecto de los motivos que habrán tenido las autoridades de ambos países para “retrasar” la captura de Javier Duarte.

Además de eso, por supuesto, es de esperarse que el proceso de extradición no se vaya a convertir en una pifia más del sistema de procuración de justicia mexicano cuyos miembros han demostrado en el pasado ser poco eficientes a la hora de armas expedientes en contra de los “peces gordos”.