Históricamente, en los gobiernos progresistas se presenta una constante: el ataque directo o encubierto de los Estados Unidos y/o del poder económico de los respectivos países. En estas estrategias los medios de comunicación masiva son importantes, puesto que a través de éstos la derecha política y económica apunta su ofensiva para lograr sus objetivos: reposicionar gobiernos afines para su control y retomar los multimillonarios privilegios económicos. La ruta del “golpe blando” es la siguiente:

1. Desinformar: generar información encontrada e interpretación económica para presentar malos resultados, tergiversando la realidad y fomentando rumores negativos; con estridencia (¡horror!) se genera desconcierto, incertidumbre y temor en el futuro.

2. Desacreditar: insistir en la incapacidad del gobierno, haciendo hincapié en ineficiencias, en errores y fallas; se difunden los supuestos resultados positivos de los gobiernos anteriores.

3. Deslegitimar: desprestigiar al gobernante para restar su popularidad inicial al resultado electoral, así reducir la aceptación ciudadana e insistir en que la decisión democrática fue equivocada; se promueve el retorno al anterior status quo anterior.

4. Desestabilizar: con inconformidad sembrada, se incita a expresar abierta e histéricamente las demandas y se convoca a manifestaciones que poco a poco tienen más asistencia; obviamente esto se difunde masivamente, incluso con imágenes falsas.

5. Provocar crisis económica: logrados los objetivos anteriores, aún con mejor distribución de la riqueza y estabilidad económica, se convoca al sector privado extranjero y nacional a cuestionar la política fiscal (ingreso-gasto) y sus resultados, a reducir la inversión directa, al mercado negro, a trasladar capitales para depreciar la moneda, entre otros.

Para cambiar el régimen, los gobernantes nacionalistas de centro-izquierda enfrentan problemas económicos y sociales arcaicos, aparte de tratar de lograr acuerdos con el poder económico trasnacional y local. Como Salvador Allende en Chile a inicios de los setenta y el primer gobierno Sandinista en Nicaragua en los ochenta del siglo pasado respectivamente; en Brasil Inacio “Lula” da Silva (preso por supuesta corrupción) y Dilma Rousseff; el cambio drástico a un gobierno de derecha en Ecuador con Lennin Moreno; la presión y bloqueo económico a los gobiernos progresistas en Venezuela; los ataques permanentes al gobierno de Evo Morales en Bolivia; los recientes gobiernos peronistas en Argentina. En México el “golpe blando” ya inició.

Un gobierno federal mexicano en sus inicios no había recibido tantas críticas y señalamientos en política y económica, como el actual, a diario y a toda hora. En sexenios pasados las “descalificadas” calificadoras internacionales no señalaron la lamentable situación financiera de Pemex y CFE, hoy pontifican al respecto; no señalaron el incremento de la deuda federal (10 billones 200 mil millones de pesos); ahora estridentemente analizan la economía agregada con la parafernalia de periodistas e intelectuales orgánicos, ¿por qué no mencionan que ya se incrementó la producción de petróleo y gasolinas y que la paraestatal de electricidad ahora ya genera utilidades netas?

Con incremento en el consumo, a mediados de este mes la inflación se situó en 3.29% anual (nivel más bajo desde 2016), aún con incrementos salariales y transferencias sociales a adultos mayores, jóvenes y pequeños negocios, es decir que inclusive con reducido crecimiento económico ya se inició un proceso de redistribución de la riqueza. Pero insisten en la “recesión técnica”, cuando el mundo entero experimenta desaceleración económica. Revisan con lupa el tipo de cambio que se deprecia en centavos, pero nunca señalaron, ni señalan, que el sexenio pasado inició con 12.80 pesos por dólar y concluyó en más de 20 ppd.

Tampoco comentan la condonación en doce años de impuestos por más de 400 mil millones de pesos (mmp) a 170 grandes empresas. No analizan que en dos sexenios el gasto federal en infraestructura productiva se estancó en poco más de 200 mmdp promedio, con elevado gasto corriente (más de 1 billón 150 mmdp en 2018), pero ahora ya se aceptaron más de 100 amparos para detener la construcción de infraestructura ya presupuestada.

La derecha no descansa y contrataca. En México el cambio de régimen sólo podrá sostenerse con efectiva organización social bien informada.