Uno de los casos que más expectativa ha despertado en Coahuila es el relativo al juicio que se le sigue a Juan Manuel Muñoz Luévano, recientemente extraditado de España a pedido de las autoridades de Estados Unidos quienes le persiguen por diversos delitos.

El interés tiene que ver con el hecho de que, según la información que se ha divulgado, Muñoz podría convertirse en una pieza clave para que las autoridades estadounidenses terminen de armar casos contra altos exfuncionarios de Coahuila que, durante la administración de Humberto Moreira Valdés, habrían conspirado para cometer diversos delitos.

Y es que, como se ha reseñado largamente, las autoridades del vecino País han investigado con mayor rigor las presuntas actividades ilícitas cometidas en Coahuila en el pasado reciente, que estarían vinculadas, entre otras, a la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad.

El interés sobre el caso sin duda crece a partir de lo ocurrido ayer, cuando se despejó parcialmente la incógnita respecto de si “El Mono” Muñoz se convertiría en testigo colaborador de la fiscalía pues, toda vez que el coahuilense decidió declararse culpable del delito de conspiración para lavar dinero, se entiende que lo hará a cambio de un trato benigno.

Las reglas en este tipo de procesos en Estados Unidos son bastante simples y se resumen básicamente en dos opciones: aceptar los cargos de culpabilidad a cambio de una condena reducida o, además de aceptar la culpabilidad, cooperar con las autoridades aportando información que permita ir por “peces gordos” que interesan más en términos de persecución de los delitos. En este último caso es posible incluso acceder al estatus de testigo protegido, lo cual implica evitar la cárcel.

No podemos saber en estos momentos cuáles son los términos del acuerdo entre Muñoz Luévano y la fiscalía de Texas, porque las autoridades se negaron a proporcionar detalles y el expediente del caso fue declarado reservado, pero justamente este último detalle es el que invita a suponer que el indiciado podría convertirse en testigo colaborador.

Si esto último ocurre, la “trama coahuilense” podría dar un giro relevante, pues a los hechos relacionados con el saqueo de recursos a las arcas del Estado podrían sumarse vínculos de funcionarios públicos estatales con actividades del crimen organizado.

El hecho obliga a señalar, una vez más, el abismo que separa la actitud de las autoridades coahuilenses de la que han tenido las texanas en asuntos que deberían ser de nuestro mayor interés porque se trataría de hechos que ocurrieron en nuestro territorio y, aun cuando en su momento hubieran pasado inadvertidos –lo cual se antoja improbable–, las investigaciones abiertas allende el Bravo tendrían que obligar a hacer lo mismo acá.

Habrá que seguir con interés la evolución del caso y esperar a ver si, tal como ocurrió en su momento con el tema de la “megadeuda”, el proceso contra Muñoz Luévano termina revelando detalles respecto de los vínculos entre éste y una administración estatal cuya memoria es cada día más infausta.