En diciembre del año 2019, con la aparición del virus denominado SARS-CoV-2 que da origen a la enfermedad ahora conocida como COVID-19 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, el mundo ha sufrido un cambio total desde una perspectiva política, social y económica. Sin embargo, no fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia con consecuencias globales.

Según algunos analistas, la pandemia causada por el COVID-19 ha sido identificada como la crisis en materia económica de alcance mundial más grande de la historia desde la Gran Depresión en 1929 y la Gran Recesión surgida en el año 2008. Ahora, a esta crisis que vivimos se le ha denominado el Gran Confinamiento y ha generado grandes problemas económicos en todas las áreas del mundo y de nuestro País.

De esta forma, en el estado de Coahuila de Zaragoza, en México y el mundo nos enfrentamos actualmente a una emergencia sanitaria a nivel global sin precedentes. Ante dicha emergencia, sin embargo, las medidas tomadas por las autoridades de nuestros gobiernos para la atención y contención del virus deben tener como eje central el pleno respeto de los derechos humanos.

Así diversas cuestiones como el desempleo, la reestructuración de los calendarios y los objetivos en las dependencias de gobierno, la incertidumbre en los mercados, la crisis de salud en la sociedad, así como la falta de voluntad política en las autoridades federales y las medidas de confinamiento, han generado incertidumbre en la población, dejando también en evidencia las grandes desigualdades que existen en nuestra sociedad.

De esta forma, las acciones tomadas por los diversos gobiernos derivado de la pandemia del COVID-19, además de la ya existente grave crisis de atención a víctimas en México, ha generado impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Uno de estos casos son las familias de personas desaparecidas o localizadas sin vida.

Por tanto, la falta de apoyos en alimentación, trabajo, salud, vivienda, educación, acceso a la justicia y la búsqueda para quienes pertenecen a estos sectores vulnerables se han visto afectados, aun cuando las autoridades han señalado que se trata de un tema esencial e importante de atender. Para las familias, sin embargo, es necesario recurrir a esos apoyos y a la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Por lo que hace a la búsqueda de personas desaparecidas que realizan principalmente los colectivos de familias organizadas, el salir a buscar a sus familiares ha implicado un grave riesgo a su salud. Indudablemente hay que estar en sus zapatos para imaginar la impaciencia con la que día tras día tienen que esperar y soportar las medidas de aislamiento decretadas con motivo de la pandemia, con el único deseo de que pronto terminen estas circunstancias para salir con urgencia a la búsqueda. Esa, sin embargo, se ha convertido en la otra emergencia que no para.

Por otra parte, desafortunadamente, el Gobierno Federal ha tenido que destinar más recursos al área de la salud, sacrificando los presupuestos de las instituciones que se encargan de velar por el bienestar de las familias y la atención a víctimas por delitos y violaciones a derechos humanos. Esta decisión, por su parte, ha sido fuertemente criticada por activistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

De esta forma, la incertidumbre de la situación derivada por la pandemia de COVID-19 y la austeridad que existe hoy en día en instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda son temas que deberán de afrontar de forma urgente los tres niveles de gobierno.

Por tanto, es necesario que los gobiernos activen de manera inmediata las estrategias necesarias y urgentes que permitan garantizar, respetar, proteger y disfrutar de los derechos humanos que gozan las y los familiares de personas desaparecidas o localizadas sin vida. Pues de no hacerlo, se podría generar un caos nacional.

Mientras la pandemia por COVID-19 se recrudece, el problema de desaparición de personas en nuestro País permanece y no se detiene. No cesemos de analizar, aportar y coadyuvar con las medidas necesarias para enfrentarlo. Nos queda, también, esperar que los gobiernos reconsideren tal posición con la finalidad de seguir apoyando la lucha y encontrar la justicia para todas las familias.

 

La autora es visitadora general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza