Las estadísticas se empeñan en demostrar que las instituciones públicas no han diseñado medidas eficaces para disminuir la incidencia de embarazos precoces

El crecimiento en el número de embarazos precoces en México representa uno de los retos más relevantes para las autoridades gubernamentales que, desde hace años, son exigidas por la realidad para diseñar y poner en práctica estrategias capaces de contener el fenómeno.

Muchas son las consecuencias indeseables de esta realidad, pero la más importante es que al convertirse en madres a una edad muy temprana, niñas y adolescentes ponen en riesgo la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida que les convierta en personas exitosas, entendido el éxito como el hecho de que su futuro no se vea condicionado por tener que dedicarse a la crianza de un hijo.

Por ello es que las autoridades, de todos los órdenes de Gobierno, están obligadas a diseñar estrategias eficaces para, independientemente de que las personas jóvenes decidan recrear su sexualidad en pleno ejercicio de sus libertades, se eviten los embarazos indeseables.

El fenómeno ha recibido atención gubernamental, desde luego. Apenas en enero de este año, el Gobierno de la República anunció un programa encaminado a reducir los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad y erradicar los que aún se registran en niñas menores de 14 años.

De su lado, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de la Juventud, ha anunciado diferentes iniciativas para combatir el fenómeno, aún cuando a mitad de este año, el titular de la dependencia, Carlos García Vega, afirmaba que los embarazos precoces en nuestra entidad no se explican por falta de educación sexual, sino a partir de las condiciones socio económicas de las adolescentes que ven en el matrimonio y la concepción una oportunidad para dejar la casa paterna.

Más allá de los matices de óptica que tengan las distintas autoridades que deben ocuparse del tema, las estadísticas se empeñan tercamente en demostrar que las instituciones públicas no han sido capaces de diseñar y poner en práctica medidas eficaces en el propósito de disminuir la incidencia de los embarazos precoces.

O al menos eso pareciera demostrar el reporte periodístico que publicamos en esta edición, de acuerdo con el cual el número de embarazos en adolescentes creció 28% en Coahuila durante el ciclo escolar 2014-2015 en el segmento de estudiantes de primaria y secundaria.

En el período anterior (2013-2014), de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Educación, se contabilizaron 299 casos de adolescentes embarazadas, mientras que al ciclo siguiente ese número llegó a 384 casos.

Difícil adjudicar otro adjetivo que no sea “fracaso” a las estrategias —si acaso las ha habido- desplegadas por las autoridades municipales y estatales de Coahuila, pues no solamente han fallado en el propósito de contener el fenómeno, sino que los números parecieran demostrar que éste se encuentra totalmente fuera de control.

Valdrá la pena conocer el diagnóstico que las autoridades educativas, de salud y de la juventud hacen frente a esta realidad, pues los números exigen una explicación sobre los recursos que se han invertido en una empresa que, lejos de verse como una batalla en la cual pueda obtenerse una victoria, pareciera constituir un reto ubicado más allá de las capacidades de nuestras autoridades.