En Tamaulipas madres encontraron fosa con 500 cadáveres; autoridades ocultan información, acusan

Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político

En 2014, la señora María Isela Valdez y su hijo Roberto Quiroga-Flores Valdez, de 28 años, se asociaron en un negocio: un pequeño restaurante en el que el joven fungía como chef, y su mamá como ayudante en la cocina.

“Mi hijo tiene una licenciatura en gastronomía –narra María Isela–, y nuestro negocio estaba a una cuadra de las oficinas de la Policía Ministerial y de los juzgados (en Reynosa, Tamaulipas), así que nosotros les vendíamos de comer a jueces, a secretarias y a policías”.

No era un negocio con el que estuvieran haciéndose ricos, recuerda, pero les permitió vivir dignamente, un corto tiempo.

“Al poco rato llegó el crimen organizado, el Cártel del Golfo –continúa–, y empezó a pedir ‘cuota’ a todos los negocios que había en Reynosa, incluido nuestro restaurante: nosotros teníamos que pagar 30 mil pesos al mes, o sea, mil pesos diarios, por concepto de ‘seguridad'”.

Además, destaca, el crimen organizado les cobraba 5 mil pesos extra al mes, por estar conectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que, en total, la extorsión ascendía a 35 mil pesos mensuales.

“Al principio nosotros pagamos, para que no nos fueran a hacer daño –asegura María Isela–, pero cuando las personas tienen miedo, se paralizan: ya no puedes trabajar, ya no puedes dormir, ya no descansas… ya no vas a tu trabajo con la alegría con la que solías hacerlo, así que decidimos cerrar el negocio, porque yo no quería que ellos me siguieran quitando el producto de mi trabajo, y mi hijo ya estaba muy desgastado, muy asustado”.

Con la decisión de cerrar su restaurante perdían no sólo su fuente de empleo, sino también su patrimonio pero, aún así, señala María Isela, ella y su hijo pensaron que con ese sacrificio romperían la cadena de extorsión al que los mantenía sometidos el Cártel del Golfo. No fue así.

Semanas después, “yo estaba fuera con mi hijo –narra María Isela–, era el 10 de marzo de 2014, y mi nuera nos llama, para decirnos que necesitaba pañales y leche, porque acababan de tener un bebito, su segundo hijo… Nosotros primero fuimos por los pañales y la leche, y luego para la casa, y cuando llegamos, ya estaban ahí varios autos: un Corvette rojo, con placas mexicanas, una camioneta Tahoe negra, y varias camionetas más, todos con gente armada, y encapuchada”.

Ese grupo de personas armadas obligó a madre e hijo a abordar los vehículos en los que se transportaban, y se los llevaron consigo.

“Luego a mi hijo y a mí nos separaron –recuerda María Isela–. Yo estuve cautiva 28 días, durante los que me golpeaban. Perdí varias piezas dentales. Y luego me dieron la libertad… el delincuente me dijo que tenía que conseguir 5 millones de pesos”.

María Isela fue abandonada en una carretera de Tamaulipas, descalza. Sus captores le ordenaron retirarse la venda de los ojos sólo hasta que escuchara que se habían alejado.

“Cuando ellos se fueron yo empecé a caminar por la carretera –narra–, hasta que me vio un señor que manejaba un tráiler, le mentí, le dije que me habían asaltado para robarme el coche, y que necesitaba llegar a la Ciudad de México (en donde tenía familiares)… iba muy golpeada, me faltaban dientes y casi no podía caminar, una pierna no me servía, me dolía bastante”.

Gracias a la solidaridad de ese conductor de tráiler, y de otros compañeros suyos que aceptaron dar su ayuda, María Isela logró llegar al día siguiente a la Ciudad de México, en donde familiares pudieron asistirla.

“Primero me llevaron al médico, y luego a la Procuraduría General de la República, donde interpuse la denuncia por el secuestro de mi hijo y el mío, pero no hicieron nada…”.

El 13 de mayo de 2014, dos meses después del secuestro y tres semanas después de haber sido liberada, María Isela recibió una llamada, en la que los captores le reclamaban que no hubiera vuelto con los 5 millones de pesos que exigían por la vida de su hijo, y le advertían que, en represalia, Roberto había sido entregado a un delincuente identificado como “Loquillo” o “Metro 21”.

Los captores contactaron a la familia dos veces más, primero para hacerles llegar una foto de Roberto, sometido y encañonado por el delincuente identificado como “Metro 21”, y luego una nota en la que les avisaban que Roberto había sido asesinado y sus restos arrojados en una zona conocida como Las Calcheras.

“El próximo mes –lamenta María Isela–, el 10 de marzo de 2019, se van a cumplir cinco años de que desaparecieron a mi hijo, y hasta la fecha sigo esperando que las autoridades empiecen a buscarlo. Pero en realidad yo no estoy esperando a las autoridades: yo empecé inmediatamente mi propia investigación, hice 37 rastreos en esa zona, cada vez con más participantes, porque se me fueron acercando otras mamás que también buscaban a sus hijos e hijas, y desde entonces hemos encontrado muchos restos humanos en esas búsquedas. Eso fue lo que nos llevó a descubrir las fosas de Miguel Alemán, con aproximadamente 500 cadáveres”.

La funeraria

En 2017, al grupo de madres buscadoras de Reynosa, Tamaulipas, se acercó una mujer, empleada en un establecimiento del municipio vecino de Miguel Alemán.

Camino a su trabajo, esta mujer pasaba todos los días frente a una funeraria de dicho municipio, en la que siempre veía cadáveres arrojados ante su puerta de entrada, sin que a nadie de la localidad pareciera ya extrañarle.

Con esta información, el grupo de madres se acercó a la funeraria y conversó con su propietario (los nombres del establecimiento y el dueño se resguardan, por seguridad), el cual reconoció que, entre 2014 y 2016, el crimen organizado había arrojado, prácticamente cada día, al menos un cadáver ante las puertas de su negocio.

“El señor nos comentó que él llamaba todos los días al Ministerio Público de Reynosa, que es el más cercano, para avisarles que otra vez le habían ido a aventar un cuerpo, pero que las autoridades nunca acudieron, ni una sola vez –narra María Isela–. Entonces, como las autoridades no querían hacerse responsables, este señor hizo lo mejor que se le ocurrió: excavar una fosa en el monte, y ahí comenzó a depositar los cuerpos que le aventaban fuera de su negocio, los envolvía en plástico y los mandaba a la fosa clandestina… esa fosa se llenó y excavó otra, y luego otra más. En total, fueron tres las fosas en las que él depositó alrededor de 500 cuerpos, según su propio conteo”.

Con el testimonio y las indicaciones precisas brindadas por el dueño de la funeraria, el colectivo de mamás buscadoras localizó las tres fosas a las afueras de Miguel Alemán, en una zona semidesértica, y dio aviso al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre abril de 2018, explica María Isela, la fiscal estatal para desapariciones forzadas, Elizabeth Almanza, encabezó las labores de exhumación de dichos cuerpos, labores en las que coadyuvaron expertos de Guatemala y Alemania, y que fueron realizadas en presencia de las madres que localizaron dichas fosas.

“Los cuerpos –narra– salían envueltos en cobijas, amarrados con sus mismos cinturones, vendados de la cara, esposados, amarrados de los pies… había cuerpos de niños, de mujeres, de ancianos, de personas jóvenes”.

De la fosa, además, fueron extraídas algunas pertenencias que acompañaban, o que se habían desprendido de los cuerpos, entre las cuales “había identificaciones, y así pudimos saber que algunas de esas personas eran centroamericanas, y otras de Estados Unidos, por sus ‘ID'”, situación ante la cual se acercaron a tomar conocimiento de los hechos tanto personal del Consulado de Estados Unidos en Matamoros (Tamaulipas), como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, señala María Isela, en junio de 2018, es decir, a los tres meses de haber iniciado labores, “el fiscal general del estado, Irving Barrios, y la fiscal para desapariciones, Elizabeth Almanza, decidieron suspender las exhumaciones: cerraron las tres fosas, cuando aún quedaban muchos cuerpos dentro, y sólo extrajeron 265 cadáveres”.

Desde entonces han pasado ocho meses, “y las familias que buscamos a nuestros hijos e hijas no hemos sido informadas de ningún resultado por parte de las autoridades, ni de las estatales, ni de las federales. No nos han dicho quiénes son esas 265 personas que sacaron, y a las que les tomaron muestras de ADN, ni tampoco nos han dicho por qué no han recuperado el resto de los cuerpos que abandonaron en las fosas comunes. Están ocultando todos esos cuerpos”, destaca la mamá de Roberto.

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