Rosario Piedra Ibarra. | Foto: Sinembargo
Rosario Piedra Ibarra hizo un llamado a las autoridades locales y federales a contar con equipos y medios materiales adecuados

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que cualquier estrategia de seguridad que se implemente en el país no puede ser efectiva si no se hace con respeto irrestricto de los derechos humanos.

Durante su participación en la XLV Sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, afirmó que el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos. 

Esto porque deriva hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática y con la persona humana como objetivo principal de las políticas, a diferencia de aquellas que buscan mantener la preeminencia de la "seguridad del Estado o de determinado orden político".

"La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la creciente ciudadanización del aparato de seguridad que tenga como eje la protección de la persona humana", agregó. 

Resaltó que un requisito sin el cual no es posible el respeto y garantía de los derechos humanos en las funciones de prevención, disuasión y represión del delito, particularmente en lo que se refiere al combate a la criminalidad organizada, la trata, el tráfico de personas y el narcotráfico, es la existencia de efectivos altamente profesionales y capacitados, pero sobre todo comprometidos con el Estado de Derecho, lo que incluye a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas.

Piedra Ibarra hizo un llamado a las autoridades locales y federales a contar con equipos y medios materiales adecuados y una justa remuneración para cumplir con eficacia su tarea, con programas de formación y capacitación integrales, protocolos de actuación muy claros, así como leyes y reglamentaciones que sancionen las desviaciones y los excesos y, por ende, que impidan la reproducción de la impunidad ante la violación de los derechos humanos.