Exfuncionarios ligados a empresas fantasma en Veracruz gozan de fuero, como diputados
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Cuatro personas que trabajaron en el gobierno de Javier Duarte y estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma discuten el presupuesto 2017 al ser diputados federales
Veracruz.- Cuatro altos exfuncionarios de la administración del gobernador Javier Duarte que estuvieron detrás de la asignación de contratos a empresas fantasma o que encabezaban las dependencias involucradas, son ahora diputados federales con fuero y actualmente discuten el presupuesto para 2017 en San Lázaro.
Otro más que había dejado su curul para ser vocero del gobierno de Duarte ya anunció que presentará su renuncia para regresar al Congreso. En tanto, un subsecretario y extesorero que no ha vuelto a tener apariciones públicas tras ganar una elección como diputado local, protestará en noviembre como legislador estatal.
Las investigaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la operación de compañías fantasma que recibieron contratos millonarios,descubrieron “inconsistencias relevantes” en la situación patrimonial de al menos seis funcionarios, entre ellos el hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Estas irregularidades consisten en que los funcionarios involucrados, cuyas identidades no se han confirmado – con excepción de la del gobernador sobre el que ya pesa una orden de aprehensión -, ostentan recursos e ingresos que no se justifican con los salarios que percibían como servidores públicos.
Animal Político pudo documentar la red de funcionarios que estuvieron detrás de la adjudicación de las empresas fantasma entre 2012 y 2014 y que hoy son, o están por ser, legisladores.
Algunos de ellos también han sido denunciados en otras posibles operaciones de desvío de recursos o por ser prestanombres del gobernador con licencia Javier Duarte.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Adolfo Mota Hernández
Era secretario de Educación del estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT; todos esos contratos se concedieron vía adjudicación directa sin competencia.
Mota Hernández actualmente es diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz y pertenece a las comisiones de educación y de Gobernación en San Lázaro. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria del Congreso donde comenzó a revisarse el presupuesto para el próximo año.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Edgar Spinoso Carrera
Bajo su gestión como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz se firmaron los referidos contratos de la Secretaría de Educación con las empresas fantasma, y su firma aparece en los documentos.
En su gestión como Oficial Mayor, la Auditoría Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación. Además fue denunciado por el gobernador electo Miguel Ángel Yúnes de pertenecer a una red de prestanombres de Javier Duarte.
Spinoso Carrera es actualmente diputado federal por el Distrito 07 y pertenece a seis comisiones distintas. Es integrante de la bancada del PVEM. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Noemí Guzmán Lagunes
Encabezó la Secretaría de Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos por casi 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma; también se entregaron de manera directa.
Guzmán es diputada federal por el Distrito 09 y pertenece a las comisiones de Hacienda, Protección Civil y Comunicaciones. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Antonio Tarek Abdalá
Fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, dependencia que autorizó las partidas presupuestales para las empresas fantasma por un monto que, según la auditoría de Veracruz, asciende a casi mil millones de pesos.
Tarek es diputado federal por el distrito 17 de Cosamaloapan desde agosto de 2015 y ha trabajado en las comisiones de Economía, Juventud y Presupuesto y Cuenta Pública. Es integrante de la bancada del PRI. Goza de la protección del fuero federal y este martes 18 de octubre participó en la sesión ordinaria en San Lázaro.
La firma de este diputado aparece en un desplegado fechado el 22 de septiembre pasado en el que varios legisladores federales de Veracruz pidieron al presidente Enrique Ochoa del PRI que no se sancionará al hoy gobernador con licencia Javier Duarte.
Alberto Silva Ramos
Silva era el secretario de Desarrollo Social de Veracruz cuando esta dependencia concedió al menos 45 contratos por 243 millones de pesos, mediante licitaciones cerradas en la que se fraccionaron montos de contratos para que les permitiera no convocar a licitaciones públicas. Empresas de la misma red “compitieron” entre ellas.
Silva es diputado federal por el Distrito 3. Asumió esa responsabilidad en agosto del año pasado pero luego pidió su baja temporal para incorporarse de nueva cuenta a la administración de Duarte, pero como vocero del mismo.
Luego de las elecciones estatales que perdió el PRI en junio Silva Ramos limitó sus declaraciones públicas hasta que el pasado 13 de octubre declaró que renunciará al cargo de director de comunicación. De acuerdo con fuentes legislativas, el próximo 31 de octubre Silva se reincorporará a San Lázaro para asumir de nuevo su cargo como diputado y mantener vigente su fuero.
Vicente Benítez González
Fue subsecretario de Desarrollo Social en el periodo en que se concedieron los contratos a empresas fantasma. Anunció el arranque de tiendas comunitarias que venderían varios de los productos adquiridos con estas empresas, pero dichas tiendas no existieron.
Benítez posteriormente fue nombrado Tesorero del Estado pero renunció tras el hallazgo de maletas con dinero en efectivo en el aeropuerto de Toluca. En marzo de 2014 volvió al gobierno como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación en relevo de Spinoso.
Actualmente Benítez es candidato electo a diputado local tras ser postulado por el Partido Nueva Alianza. Desde que ganó la elección su presencia pública ha sido nula. Este miércoles debe presentarse a recoger su constancia de mayoría en el órgano Electoral del Estado y en noviembre deberá rendir protesta.
El cargo como diputado local le concede a Benítez González fuero constitucional pero a nivel estatal. No lo protege de delitos federales graves.
Otros involucrados
Astrid Elias Mansur era la encargada del Despacho de Finanzas y Administración del DIF Estatal, cuando ese organismo entregó una decena de contratos a las empresas fantasma. Actualmente es la Directora de ese organismo estatal que encabeza Karime Macías, esposa de Duarte, denunciada por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes de colaborar en el desvío de recursos públicos.
El paradero de Karime Macías es desconocido al igual que el de Javier Duarte, de acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político.
Juan Carlos Rodríguez García fue director jurídico de la Secretaría Desarrollo Social en el periodo de la asignación de contratos a empresas fantasma. El PRI le retiró sus derechos como militante, aunque él argumentó que se trataba de un homónimo pues no estaba afiliado a ese partido.
