Facultan a militares para intervenir comunicaciones y realizar cateos domiciliarios
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Los senadores Alejandro Encinas y Manuel Bartlett argumentaron que esta nueva ley “facilita el estado de excepción”.
Ciudad de México.- En plena madrugada, sin discusión por parte de la mayoría del PRI, PAN y Verde, el Senado aprobó por 78 votos a favor y 27 en contra de los legisladores del PRD y PT las reformas al Código de Justicia Militar que faculta a los juzgados de control castrense a realizar cateos domiciliarios, autoriza la intervención de comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita o por medios electrónicos y digitales, y restringe el acceso a los periodistas a los juicios orales castrenses.
Los senadores Alejandro Encinas y Manuel Bartlett argumentaron que esta nueva ley “facilita el estado de excepción”, y propusieron la moción suspensiva del dictamen, cuya minuta provino de la Cámara de Diputados y no se le hizo ninguna modificación, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió que existían varios ordenamientos violatorios a las garantías individuales.
“Así se empieza y se termina en dictaduras militares, no se juega con las armas”, sentenció este viernes el senador Bartlett, del PT, al argumentar en contra de esta iniciativa porque –dijo– le da “facultades excesivas” a las fuerzas armadas, “crea un sistema dictatorial, va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.
En la discusión del dictamen, Bartlett también cuestionó a los senadores que apoyaban esta minuta: “¿Qué tienen que ver los cateos a domicilios particulares con la disciplina militar? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están autorizando que los propios militares cateen el Senado?”.
El senador Alejandro Encinas insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de participar en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas, así como ordenar la presentación de civiles ante autoridades castrenses.
Al presentar su voto particular, la senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que estas modificaciones alientan la impunidad militar porque “al ser sentenciados por un fuero castrense están imposibilitados para poder sancionar el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles”.
Padierna también cuestionó que una parte del Código Militar de Procedimientos Penales autorice interrogatorios a niños. “¿Acaso están pensando en tomar como testigos a los menores?”, afirmó la senadora del PRD.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, del PRD, también condenó la dictaminación “exprés” en las comisiones y destacó que estas reformas van en contra de la protección de las víctimas.
“Es preocupante que las víctimas apenas sean consideradas, pues sólo se reconocen aquellas que su único derecho es a la reparación del daño que puede ser monetario, sin considerar la reparación integral”, argumentó De la Peña.
El senador del PT Marco Antonio Blásquez también advirtió que de aprobar estas reformas se limitará la cobertura periodística a los juicios castrenses, a diferencia de lo que ocurrió con los casos de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Mario Arturo Acosta Chaparro o Ricardo Martínez Perea.
Con tal de aprobarla antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, los senadores del PRI, PAN y Verde no respondieron a los cuestionamientos planteados por las bancadas del PT y PRD.
Argumentaron a favor del dictamen señalando que gracias a esta reforma se suprimen los Consejos de Guerra, se crean juzgados de control y se suprime la Procuraduría General de Justicia Militar.
