Además del despropósito jurídico que implica intentar juzgar en México al responsable de la matanza en El Paso, Texas, en la cual perdieron la vida ocho mexicanos, el Gobierno de la República parece dispuesto a demoler la credibilidad de la Fiscalía General de la República.

Y es que las declaraciones que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón ha realizado en torno al caso dejan claro que, lejos de la independencia que en teoría tiene la dependencia dirigida por Alejandro Gertz Manero, ésta se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo.

En las primeras declaraciones sobre la posibilidad de que el Gobierno de México presente un caso ante las cortes estadounidenses, el titular de la SRE se cuidó bien de señalar que sería el titular de la FGR quien decidiría si el planteamiento -que incluye la posibilidad de solicitar la extradición de Patrick Wood Crusius- se llevaría a la práctica. Ayer, sin embargo, lo dio ya como un hecho.

El fiscal Gertz Manero no se ha pronunciado al respecto y, según dijo el Canciller, será hasta hoy cuando se reúnan en la Ciudad de México “para compartirle todos los reportes que tenemos y nutrir la carpeta de investigación y la denuncia”.

 

Sería deseable que el fiscal Gertz Manero precise a la brevedad posible su posición ante los hechos y evite que quede en evidencia que la Fiscalía carece de independencia y que actúa por consigna"

Ebrard insistió en señalar que el gobierno mexicano ha definido los hechos como “terrorismo” -algo que ya han hecho las autoridades estadounidenses- y que las leyes internacionales, así como las normas vigentes facultan a las autoridades mexicanas a intervenir en los juicios.

Es verdad que el Gobierno de México puede intervenir en el juicio penal, en Estados Unidos, en representación de la víctimas, e incluso en procesos civiles para demandar la reparación del daño y la indemnización a las familias de quienes perdieron la vida.

Sin embargo, para que el responsable de los hechos pudiera ser juzgado conforme a las leyes mexicanas, es decir, para que pudiera ser extraditado a nuestro país, resulta indispensable que los hechos hubieran ocurrido en nuestro territorio.

Como ya se ha dicho, claramente nos encontramos ante un intento del Gobierno de México de lucrar con la tragedia, pues no existe posibilidad alguna de que Patrick Wood Crusius sea traído a nuestro país y juzgado aquí por lo que hizo.

Que los integrantes del Poder Ejecutivo intenten obtener ganancias políticas propalando una versión que resulta jurídicamente insostenible no extraña; al fin y al cabo, la naturaleza de los actos que se realizan desde las oficinas de la Presidencia y de la Cancillería es política.

Pero que en ese intento se arrastre a la Fiscalía General de la República, un ente cuya credibilidad y solvencia depende de que actúa con independencia del Poder Ejecutivo, resulta francamente condenable.

Sería deseable por ello, que el fiscal Gertz Manero precise a la brevedad posible su posición ante los hechos y evite que, cuando el tema ya no sea la noticia del momento, y lo ocurrido comience a discutirse con seriedad, quede en evidencia que la Fiscalía carece de independencia y que actúa por consigna.