Martha Tagle y Ana Lucía Riojas, diputadas por la LXIV Legislatura, en conjunto con miembros del colectivo #LoJustoEsQueSepas, presentaron el pasado martes una propuesta de reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a los Poderes Judiciales a hacer públicas todas sus sentencias

Martha Tagle y Ana Lucía Riojas, diputadas por la LXIV Legislatura, en conjunto con miembros del colectivo #LoJustoEsQueSepas, presentaron el pasado martes una propuesta de reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a los Poderes Judiciales a hacer públicas todas sus sentencias.

Entre los diputados que firmaron esta iniciativa se encuentran: Martha Tagle, María del Pilar Ortega, Ana Lucía Riojas Martínez, Verónica Beatriz Juárez, Dulce María Sauri, Carmen Julia Prudencio, Mario A. Rodríguez, Fabiola Loya Hernández, Marcela Torres Peimbert, Tatiana Clouthier, Lorena Villavicencio y Wendy Briceño.

En conferencia de prensa, subrayaron que la opacidad en la que opera el Poder Judicial en México es un asunto que debe ser considerado de gravedad, ya que es terreno fértil para actos de corrupción y hace nula la rendición de cuentas de un poder tradicionamente cerrado a la ciudadanía.

Lo anterior ha derivado en la obstaculización a la discusión pública y el debate en torno a cómo se interpretan y se da vigencia a los derechos de las personas.

En la actualidad, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a los Poderes Judicial a poner a disposición de la ciudadanía sentencias solo de 'interés público', sin embargo, este concepto no está definido y en él se escudan los juzgados y tribunales de muchos estados para no publicar ninguna de sus sentencias.

Hasta ahora, no existe Poder Judicial que haga públicas todas sus sentencias, por lo que resulta imposible corroborar si cumplen con sus obilgaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

#LoJustoEsQueSepas ha llamado desde 2015 a que se interprete que todas las sentencias judiciales son de interés público, porque todas sirven para monitorear cómo se imparte la justicia en el país.

Las sentencias judiciales, resultado último y concreto del trabajo de los órganos jurisdiccionales, tienen un impacto directo sobre la vida de las personas, por lo que representan información necesaria para entender los criterios de interpretación de la ley y evaluar el desempeño de las y los funcionarios jurisdiccionales.

Por esta razón, el colectivo considera que la iniciativa presentada, en terminos de transparencia y acceso a la información, permitiría a la ciudadanía observar la labor del Poder Judicial y así, exigir una mejor justicia.