Funcionarios de Tamaulipas recibieron sobornos de empresarios de EU durante 10 años
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Los funcionarios eran parte de una red de corrupción que recibió millones de pesos para asignar contratos de servicio y mantenimiento de aeronaves
Funcionarios públicos de Tamaulipas participaron por al menos 10 años en una red de corrupción de empresarios estadounidenses para obtener contratos de mantenimiento para aeronaves gubernamentales, en la cual pudieron estar coludidos otros servidores públicos mexicanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó ayer que desde 2006 y hasta este año empresarios estadounidenses pagaron sobornos de más de dos millones de dólares para asegurar esos contratos con entidades de gobierno mexicanas, y que funcionarios también participaron en lavado de dinero.
El caso involucra a cuatro empresarios con operaciones en Estados Unidos que confesaron haber pagado sobornos a trabajadores de gobierno mexicanos. Entre ellos están Ernesto Hernández Montemayor, exdirector de Aviación del Gobierno de Tamaulipas entre 2005 y 2010 —cuando era gobernador Eugenio Hernández Flores, también investigado por autoridades estadounidenses por lavado de dinero—, y a Ramiro Ascencio Nevárez, piloto adscrito a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Ascencio Nevárez fue detenido apenas en febrero pasado en McCallen, Texas, en posesión de 300 mil dólares en efectivo. En marzo de 2016 aceptó que estuvo involucrado en esta red de corrupción y que operó para que los contratos de servicio y mantenimiento de la aeronave de la Universidad se entregaran a una firma con sede en Brownsville, Texas.
Además de Hernández Montemayor y Ascencio Nevárez, entre los acusados están Douglas Ray, originario de Magnolia, Texas; y Víctor Hugo Valdez Piñón, ciudadano mexicano con negocios en Estados Unidos. Ambos confesaron haber pagado sobornos a siete funcionarios mexicanos.
Pero el caso también involucra a los empresarios Kamta Ramnarine y Daniel Pérez, residentes de Brownsville, Texas, que dijeron que pagaron sobornos a “varios funcionarios más” para asegurar contratos con instancias gubernamentales mexicanas.
Excepto por los dos exservidores públicos de Tamaulipas que aceptaron ser parte de la red, el nombre de los otros funcionaros que participaron en actividades ilícitas de esta red de corrupción que operó de 2006 a 2016 no se han dado a conocer. Las declaraciones tampoco incluyen detalles sobre qué otras instancias de gobierno están involucradas.
Vínculos con el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández
Ernesto Hernández Montemayor, exdirector de aviación de Tamaulipas, confesó que como funcionario de gobierno operó para entregar contratos a los empresarios involucrados en el caso y que conspiró para lavar dinero.
Según su confesión, el gobierno de Eugenio Hernández Flores trabajó siempre con las mismas empresas y cobró los sobornos por ayudar a ganar los contratos. Pero además, se realizaron depósitos por servicios de mantenimiento que en realidad no se efectuaron.
Una de las empresas con sede en Texas emitía facturas por los servicios y después depositaba parte del monto en una cuenta personal del mismo Ernesto Hernández Montemayor.
De esta forma, la compañía de aviación y el funcionario de Tamaulipas conspiraron en lavado de dinero.
Según documentos de autoridades estadounidenses, en marzo de 2007 se realizó un pago de 150 mil dólares por mantenimiento de aeronaves. Días después se detectó una transferencia por 140 mil dólares a una cuenta personal de Hernández Montemayor.
El exfuncionario de Tamaulipas recibió depósitos dos días después de que el gobierno estatal pagó las facturas por servicio a las aeronaves.
Entre los registros disponibles están un pagó por 68 mil dólares y otro más por 80 mil; en esos casos, días después recibió un depósito por 40 mil y 35 mil dólares, respectivamente.
Ernesto Hernández Montemayor se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en diciembre de 2015 y será sentenciado en enero próximo; mientras que Ascencio Nevárez aceptó su culpabilidad en marzo de este año y ya fue sentenciado a 15 meses de prisión.