Funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra en Sedesol repitieron cargo en Sedatu

Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político

Doce exfuncionarios de la Sedesol que firmaron convenios vinculados con el presunto desvío de recursos públicos en el esquema conocido como La Estafa Maestra, cuando Rosario Robles Berlanga era su titular, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) cuando esta funcionaria llegó a dirigir la dependencia.

Sólo por los convenios firmados en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso 6 denuncias penales, entre 2015 y 2016, en contra de la dependencia, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

Además, otros cuatro funcionarios que salieron de la Sedesol y llegaron a Sedatu, bajo el mando de Robles en ambos casos, firmaron convenios en Sedatu, mismos que fueron señalados con presuntas irregularidades en las revisiones hechas por la ASF.

En total, son 16 funcionarios que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y firmaron 28 convenios, por 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias.

La ASF presume que dichos convenios son parte del mismo modus operandi ocurrido en Sedesol y Sedatu, en el cual, de acuerdo con la investigación de La Estafa Maestra, las dependencias hicieron acuerdos con las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, éstas instituciones a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.

Entre los funcionarios que firmaron los convenios se encuentran el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, que tuvo ese cargo en Sedesol y repitió en Sedatu. Dicho nombramiento depende directamente de la titular, que en ambos casos fue Rosario Robles. Otros funcionarios más dependen o dependían, a su vez, de Zebadúa.

Animal Político identificó a los funcionarios que firmaron los convenios, tras obtenerlos todos a través de 50 solicitudes de información, además de revisar el historial laboral en Declaranet de cada uno de los firmantes, y analizar el expediente sobre la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol, respecto a la actuación de sus funcionarios en estos casos.

Los funcionarios

Emilio Zebadúa es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios investigados por la ASF y denunciados ante la PGR. Ha sido Oficial Mayor tanto en Sedesol como en Sedatu, y se ha encargado de administrar y avalar la entrega de recursos en las dependencias, según establece la estructura orgánica.

Como Oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos –el 1 de marzo de 2013– y del Estado de México –el 6 de mayo de 2013–. Gracias a éstos, la dependencia hizo al menos seis convenios que suman mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del presidente Enrique Peña Nieto.

En la Cuenta Pública de 2013, la ASF comprobó que los servicios no se cumplieron y estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2017.

El 1 de septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente como Oficial Mayor de Sedatu por parte de Rosario Robles, cuatro días después de que ella comenzó en la dependencia como titular.

Ya en Sedatu, siete funcionarios –de los cuales 3 dependían directamente de Robles y 1 de Zebadúa– firmaron al menos 12 convenios con este modus operandi con universidades y organismos de comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, de acuerdo con la información de la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.

Emilio Zebadúa fue consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de Gobierno en Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramón Sosamontes, jefe de la Oficina de la Sedesol y Sedatu, firmó tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un monto total de 603 millones de pesos para servicios que incluía “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”.

Los tres convenios forman parte de una denuncia penal interpuesta por la ASF ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.

El pasado 23 de febrero, el periódico Reforma publicó que, de acuerdo con información atribuida a la ASF, funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol fueron obligados por una alta funcionaria de esa dependencia a contratar a 27 empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.

Uno de los convenios fue firmado por Gustavo Rodríguez González, entonces director de información de Sedesol, y quien repitió en el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado luego de ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cometidas en dicho convenio.

Ramón Sosamontes ha sido colaborador cercano de Rosario Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México, y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego lo invitó a ser su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD. Al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.

Ambos renunciaron al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.

Aunque el IFE no detectó irregularidades sobre este dinero, el PRD interpuso en 2007 una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de José Ramón Zebadúa, exoficial mayor del partido durante la administración de Robles, por irregularidades en el presupuesto del PRD como la presentación de facturas falsas por 40 millones de pesos, pero la investigación quedó congelada.

Repiten esquema y cargos

Humberto René Islas, director de Recursos Materiales en la Sedesol, entre enero de 2013 y agosto de 2015, firmó tres convenios específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México. En ellos, la Auditoría señaló el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Su puesto dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol. En septiembre de 2015, Islas fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales en Sedatu. Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche. Estos también fueron señalados por la ASF con supuestas irregulares por más de 440 millones de pesos.

Marcos Salvador Ibarra Infante fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que forma parte de otra denuncia penal interpuesta en 2017.

En la Sedatu, ya como director general de coordinación de delegaciones, Ibarra Infante firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015 y uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, que suman 313 millones de pesos.

Como director general de geoestadística y padrones de beneficiarios, José Antolino Orozco Martínez, firmó dos convenios de la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México (UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.

El segundo fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la atención recibida del personal de los programas de los programas sociales”.

Dichos convenios también terminaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y la 1665, interpuestas en 2015 y 2017, respectivamente.

El 16 de septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional. Doce días después firmó los primeros dos convenios de seis con la Universidad Politécnica de Chiapas, cuyo monto total asciende a 206 millones de pesos. Según Declaranet, dejó el cargo en marzo pasado.

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