Gendarmería es un hoyo negro que chupó 2mil 800 mdp en 2015: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró justificación al gasto de 2 mil 842.4 millones de pesos ejercidos en 2015 por la División de Gendarmería de la Policía Federal.

De acuerdo con la revisión de la cuenta pública de ese año, la División de la Gendarmería anunciada desde 2013 logró en 2015 “un cero por ciento” de avance en sus metas para realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.

La información de estos 75 operativos, además, fue tan deficientemente registrada que, de acuerdo con la ASF, no fue posible advertir si dieron o no resultados porque “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.

Otra problemática detectada fue el registro de acciones “tácticas” por parte de la Gendarmería, que en su informe anual de actividades registró 76 mil 566 intervenciones de este tipo “sin que acreditara documentalmente este dato ni los resultados logrados, lo que implica que prevalece la carencia de recursos técnicos y tecnológicos para la planeación y logística de la gendarmería”.

Creada en este sexenio como alternativa a la estrategia de militarización que caracterizó el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 y 2012, la Gendarmería tampoco ha mostrado elementos para determinar su efectividad en el combate a la delincuencia.

“Respecto de la reducción de la incidencia delictiva, se constató que durante 2014-2015 los delitos de alto impacto denunciados presentaron una disminución del 9.3 por ciento, al pasar de 225 mil 831 a 206 mil 644 respectivamente; sin embargo, se evidenció que ésta no fue atribuible al despliegue operativo de la DIVGEN, ya que se demostró que el número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la gendarmería, aunado a que no contó con el Calendario Anual de Operaciones ni el análisis criminológico y sociodemográfico que le permitiera priorizar su actuación, ni diseñó los mecanismos para cuantificar sus avances en lo referente a la transformación institucional y el fortalecimiento de su presencia en las zonas en que operó”, dice el dictamen.

“Como resultado de la fiscalización, en 2016, la gendarmería inició el desarrollo de un modelo que permitirá focalizar las zonas que requieren su intervención, el cual prevé implementar en junio de 2017, y está elaborando dos propuestas de herramientas para evaluar la contribución de sus acciones en la disminución de los delitos de alto impacto en las zonas en que opere”, agrega.

“COMO SE DENOMINE ES LO DE MENOS”

En 2012, la estrategia en contra del llamado crimen organizado estaba bajo la lupa porque el Ejército permanecía en las calles; pero la violencia no cesaba. Por el contrario, tomaba otras formas desconocidas hasta ese momento. En las carreteras y en las avenidas principales de las ciudades aparecían cadáveres colgados de puentes o cuerpos quemados en ácido. Los grupos criminales tenían aterrorizados a pueblos enteros y las policías locales dejaban entrever corrupción en sus organizaciones.

La agencia Reuter, planteó un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo, cuestionó al entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre lo que haría. Él era el puntero y se deseaba una posición respecto al problema que más preocupaba a los votantes. Estas fueron las palabras del entonces suspirante: “Yo estoy proponiendo la creación de una… como se denomine es lo de menos, pero partamos de la idea que sea una Gendarmería nacional, precisamente con el apoyo de los militares que prestan esta laboral de seguridad pública”.

Peña Nieto candidato abundó aquella vez que el objetivo de la creación de otro cuerpo policiaco era disminuir los homicidios, los secuestros, las extorsiones y la trata de personas, formas delincuenciales que habían azotado a la población mexicana durante los cinco años anteriores.

Una vez ganador de las elecciones de 2012, Peña Nieto anunció en seis puntos una nueva estrategia contra el crimen organizado en la II Sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entre esos puntos, estaba la incorporación de 10 mil elementos a la nueva Gendarmería nacional. En esa ocasión, este fue su discurso: “Como un cuerpo de apoyo al control territorial que permita reforzar la atención a zonas con alta presencia de grupos de la delincuencia organizada [que] se extenderá gradualmente sus funciones a la vigilancia de instalaciones estratégicas, aeropuertos y puntos fronterizos prioritarios”, estableció el análisis realizado por la periodista Linaloe R. Flores.

Después de eso, el Presidente habló muy poco de Seguridad y los fenómenos “guerra” y “violencia”. Una fuente del equipo de Comunicación Social de Los Pinos expuso a la Unidad de Datos de este medio digital que el discurso del Jefe del Ejecutivo se adelgazó en lo que se refería al combate al crimen y se quitaron palabras como “violencia”, “ejecución” o “guerra” dada la zozobra que causaban en la población.

En la estrategia de Seguridad, la creación de la Gendarmería se retrasó un año y medio. El 22 de agosto de 2014, el Presidente condujo la ceremonia de abanderamiento. “Con esta línea de acción, la Gendarmería contribuirá a conocer y desarticular aquellas organizaciones delincuenciales que minan la actividad económicas, en un territorio determinado, a través de ilícitos como el robo, la extorsión o el secuestro”.

DEFICIENCIAS EN OPERATIVOS

El reporte que recientemente entregó la ASF narra precisamente cómo la Gendarmería fue una respuesta de la actual administración pública federal encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto a la alta incidencia delictiva iniciada desde el sexenio anterior.

“En este entorno delictivo que atentó contra la paz pública, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraron el limitado alcance de la política de seguridad pública que se implementó durante el periodo 2007-2012, ya que la comisión de ilícitos mostró una tendencia ascendente al pasar de 1 millón 587 mil 30 delitos del fuero común registrados en 2007 a 1 millón 704 mil 915 en 2012”, dice.

“Por lo anterior, en los documentos normativos de mediano plazo 2013-2018, el Ejecutivo Federal privilegió la prevención del delito y orientó sus acciones, entre otros aspectos, a reducir los factores de riesgo que ocasionan la comisión de los delitos mediante la reorganización de la Policía Federal y la profesionalización de los elementos policiales (…), por lo que en diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México, en el cual se estableció el compromiso presidencial número 76, relativo a ofrecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana y de operación policial para asegurar el control del Estado mexicano en las zonas de mayor debilidad institucional”, agrega.
Luego, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2013, el Presidente instruyó el inicio de los trabajos para conformar a la Gendarmería Nacional, “a fin de hacer frente al acelerado crecimiento de los índices delictivos y a las nuevas demandas ciudadanas, al tiempo que se realizaron diversas reformas en la Administración Pública Federal, lo que implicó la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública en 2013, cuyas funciones fueron conferidas a la Secretaría de Gobernación”.

También, recuerda la ASF en los antecedentes, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, instruyó a la Policía Federal (PF) a participar en análisis y la planeación de la integración de la Gendarmería Nacional, así como en el reclutamiento, selección, evaluación y formación inicial de los futuros integrantes de ésta que es la séptima división de la PF.

Como resultado, continúa la ASF, en septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó el registro de un programa presupuestario exclusivo para la operación de la División de Gendarmería (DIVGEN), con una transferencia de mil 500 millones de pesos destinados a la capacitación y a la adquisición de armamento y equipo.

En diciembre siguiente, se publicó el Presupuesto de Egresos de la Federación, que le asignó 4 mil 500 millones de de pesos a esta la división y, en agosto de 2014, se publicó en el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Policía Federal” que facultó a la nueva división para la realización de operativos y acciones tácticas “a fin de generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo”.

La PF identificó que la problemática que atendería la Gendarmería –para la cual se creó en 2015 el Programa Presupuestario E017, con 2 mil 842.2 millones de pesos– era la débil coordinación entre los tres órdenes de Gobierno y las instituciones de seguridad para la prevención del delito, la falta de capacitación y profesionalización de los agentes, la carencia de recursos técnicos y tecnológicos para la planeación y logística de  la prevención e investigación de los delitos, la presencia de la delincuencia organizada y el alto índice delictivo.

“El objetivo del programa E017 se orientó a implementar operativos de disuasión y de prevención del delito, por lo que dirigió sus acciones a la profesionalización y el despliegue de sus integrantes, a fin de disminuir la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto en las instalaciones, eventos, comunidades, regiones, zonas y rutas en las que se encuentren desplegados sus elementos policiales”, dice la ASF.

El resultado, sin embargo, fueron sólo los 75 operativos realizados en combinación con instituciones de seguridad de 16 entidades federativas y cuyas “deficiencias” no permitieron determinar su contribución en la reducción de los ilícitos.

“Implementó 75 operativos sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad ni del Calendario Anual de Operaciones y tampoco justificó el cumplimiento de los tres supuestos bajo los cuales desplegó sus operativos, por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, dice el dictamen.
“En consecuencia, las deficiencias referidas impidieron el fortalecimiento de la presencia de la División de Gendarmería en las zonas que registraron mayores índices delictivos de alto impacto”, agrega.

La ASF también advierte que los 75 operativos realizados en 2015 por la Gendarmería beneficiaron 16 estados de la República y que únicamente destinó 21 acciones (o el 28 por ciento) a las entidades con mayor problemática delincuencial; otras 24 se concentraron en el estado de Guerrero (el 32.0 por ciento), mientras que otras 30 (el 40 por ciento restante) correspondió a estados con menor número de delitos reportados.

En ningún caso, sin embargo, dice la ASF, fue posible identificar resultados, ya que si bien en el 50 por ciento de los estados con presencia de la Gendarmería hubo disminución en las denuncias, en el resto hubo aumentos.

“Lo anterior implicó que la disminución en la incidencia delictiva de alto impacto no fue atribuible a la intervención de la División de Gendarmería; en razón de que, se evidenció que con su participación o sin ella, el número de delitos descendió o aumentó invariablemente”, plantea la ASF.

“Asimismo, se observó que la reducción de la incidencia delictiva de alto impacto en el ámbito nacional entre 2014 y 2015 fue de 9.3 por ciento al pasar de 225 mil 831 a 206 mil 644 respectivamente, sin que esta disminución sea totalmente imputable a las acciones de la DIVGEN, lo que limitó determinar con certeza en qué medida generó condiciones de seguridad, el avance en la atención del problema público que justificó la implementación del programa presupuestario E017 y la atención del objetivo superior relativo a reducir la incidencia de los delitos con mayor impacto en la población”, agrega.