Grupo México no apoya a afectados por su vertido tóxico de hace 4 años

Ures, Son. Grupo México incumplió con el compromiso de entregar 36 plantas potabilizadoras para abastecer de agua limpia a los afectados con el derrame de 40 millones de litros de ácidos tóxicos, a los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea.

A casi cuatro años del mayor desastre ambiental del país –catalogado así por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– el consorcio del empresario Germán Larrea instaló sólo tres purificadoras y de ellas ninguna sirve, por lo que los habitantes de ocho municipios enfrentan grandes problemas para contar con líquido potable.

Cobre, aluminio, arsénico, magnesio, plomo, manganeso y cadmio son algunos metales que se han detectado en la sangre de por lo menos 381 vecinos de poblados contiguos al cauce contaminado el 6 de agosto de 2014.

La primera planta fue instalada en Bacanuchi, poco tiempo después del derrame; funcionó dos meses, debido a que Grupo México se negó a cubrir los costos de operación.

Los lugareños no pudieron pagar los 800 pesos diarios necesarios para comprar el diésel que requiere la purificadora; el gobierno municipal se deslindó y no programó en su presupuesto dicho gasto.

Las otras dos plantas fueron colocadas en los municipios de San Felipe y Mazocahui; sin embargo, ninguna funciona y nadie se responsabiliza del costo de su operación.

La organización civil Poder, que asesora a comités de la cuenca del río Sonora, dio a conocer que uno de los amparos que los Comités de Cuenca del Río Sonora interpusieron contra el consorcio minero de Germán Larrea es por no tener acceso a agua limpia y por incumplir su promesa de entregar las 36 plantas potabilizadoras.

Se violan derechos: ONU

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su visitador Baskut Tuncak, señaló como una violación a los derechos humanos de los lugareños no recibir agua de calidad y el incumplimiento de Grupo México de aplicar medidas para remediar los daños.

En el caso del río Sonora, me hizo mucho ruido que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años, éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y durante todos esos meses no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir, afirmó Tuncak.

Panchita Siqueiros, vecina afectada de Ures, relató que vivir sin la certeza de tener agua limpia es un martirio diario, los pocos ingresos que tiene los utiliza en comprar garrafones de 20 litros a 15 pesos, cada uno. A diario para cocinar y beber llega a consumir hasta tres, lo que a la semana representa un gasto de 315 pesos.

Se juntó el cielo con la tierra

Nuestros recursos no nos permiten comprar agua purificada, nos bañamos con agua de la llave, no tenemos estudios que nos garanticen que nuestros organismos no están contaminados. El 6 de agosto de 2014 se nos juntó el cielo con la tierra, no hay conciencia de lo que pasó, externó Siqueiros, afuera de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Ures. En octubre de 2014, dos meses después del derrame de tóxicos, las autoridades federales ordenaron reabrir los pozos clausurados por la emergencia, sin dar a la población certeza de que el agua era apta para el consumo humano.

El 13 de enero de 2015, Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso que se creó para la remediación, anunció la construcción de 36 potabilizadoras para eliminar los metales pesados.

Pero el 1º de abril de 2017, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya, anunció la cancelación de las 36 purificadoras; dijo que nueve serían suficientes para abastecer a la población, según los últimos estudios.

El funcionario federal informó, sin justificación, que se disminuyó de 36 a nueve el número de plantas, de las cuales siete serían fijas y dos móviles, como propuesta de Grupo México.

Contaminación daña al agro

Los ocho municipios que se surten de las aguas del río Sonora (Arizpe, Banámachi, Huepac, Aconchi, San Felipe, Baviácora, Ures y Hermosillo) son de vocación agrícola y ganadera, por lo que la contaminación del cauce afectó la flora, fauna y la salud de sus habitantes, así como la economía de la región.

De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, fauna endémica de la región, como peces y aves, han desaparecido; la flora ha sufrido grandes afectaciones, ya que se han cosechado frutos deformes y con consistencia antes no vista.

El derrame que afectó a por lo menos 25 mil personas, ocurrió el 6 de agosto de 2014, a causa de una falla en una represa de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea.