Indígenas llevan mano sobre el Tren Maya: equipo de AMLO

Por Claudia Ramos (@malamadremx) para Animal Político

El recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) será el responsable de organizar las consultas con las cuales los pueblos originarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco decidirán si dan o no su consentimiento al proyecto del Tren Maya.

En ese sentido, la consulta que este fin de semana preguntó sobre este y nueve proyectos prioritarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será tomada en cuenta en el marco del ejercicio de un derecho ciudadano complementario, pero las consultas que definirán si el Tren Maya se hace y en qué condiciones serán las que se hagan a los pueblos originarios, indicó Adelfo Regino, futuro titular del INPI.

“Algo que hay que distinguir y que se confunde mucho es entre una consulta ciudadana y una indígena. Una consulta ciudadana tiene como sujeto a un individuo, es un derecho individual y a menudo es un pronunciamiento respecto de un sí o un no. En cambio una consulta indígena tiene como sujeto a un colectivo, llámese comunidad o pueblo, con una forma de organización social específica, que se rige normalmente a través de sus asambleas comunitarias y estamos entonces frente al ejercicio de un derecho colectivo.

“Esto es importante distinguirlo porque la consulta que se hizo este fin de semana está en el marco del ejercicio de un derecho ciudadano que es complementario. Lo que está inaugurando Andrés Manuel López Obrador es una nueva forma de hacer política donde se toma en cuenta al ciudadano para que participe en la toma de decisiones.

“Qué bien que se abran estos cauces ciudadanos a nivel nacional, pero de manera más específica -porque así lo establece la ley- se tendrán que realizar las consultas indígenas. Este enfoque complementario ayuda a clarificar las cosas, porque al final se complementa uno y otro: la consulta ciudadana como expresión general y la consulta indígena como un proceso de diálogo que construye acuerdos”, precisó en entrevista.

Para ello se elaborará un nuevo protocolo de consulta indígena cuya primera fase será definir quiénes pueden ser consultados y con qué instancias representativas se dialogará la “distribución justa y equitativa de los beneficios”, porque “los árboles, el bosque, los animales, los pajaritos son muy importantes, pero también son importantes la gente que ahí vive, los pueblos que ahí están”, consideró.

Con ese objetivo el INPI cuenta como atribución “establecer las bases para integrar y operar un sistema nacional de información y estadística sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que contenga entre otros un catálogo de pueblos y comunidades indígenas con los elementos y características fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos de derecho público”, de acuerdo con lo aprobado el pasado jueves en la Cámara de Diputados. Este catálogo será elaborado con el apoyo de un grupo de antropólogos para precisar cuáles son las comunidades con derecho a ser consultadas, según informaron.

“Cuando se reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derechos, necesitamos tener la claridad de cuáles son esos pueblos. Y justo una de las atribuciones que tiene la nueva institución es ésa, ese padrón es importante y orientativo, no es atribución para decidir quién sí es o no es indígena. Será un trabajo que estaremos haciendo sin violentar el derecho de autonomía y en particular el derecho de autoadscripción que tiene cada pueblo y comunidad indígena”, explicó Regino.

Las siguientes fases del protocolo serán el establecimiento de acuerdos previos con las comunidades en función de sus afectaciones particulares o necesidades, la aportación de toda la información disponible sobre el proyecto en materia técnica, medioambiental, social y en general los costos que implicará, la etapa deliberativa donde las comunidades reflexionarán el proyecto a partir de la información disponible, la consulta propiamente dicha donde darán su consentimiento o no al proyecto en caso necesario, y finalmente el seguimiento a la implementación de los acuerdos.

A las comunidades indígenas se les consultará con traductores e intérpretes del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas cada parte del proyecto para que todos tengan claridad sobre sus implicaciones y sus consecuencias, y garantizar de esa forma su éxito, informó por su parte Alberto Lujambio, responsable de comunicación del Proyecto Tren Maya.

Entre los ejes principales del proceso de consulta se encuentra la clarificación sobre la tenencia de la tierra, la elaboración de los estudios pertinentes sobre el impacto y la mitigación en materia ambiental, y la distribución justa y equitativa de los beneficios, indicaron.

“Ya no es esta vieja lógica de haces un proyecto y arrasas con el medio ambiente, no tomas en cuenta a la gente, y dinamitas la integridad social, cultural de los pueblos que ahí están asentados. No. Aquí lo que hay que ver es cómo un proyecto de la índole que sea contribuye al bienestar, a la generación de ingresos, a la creación de empleos, a esto que podríamos llamar la distribución justa y equitativa de los beneficios, de los resultados. Eso es lo que hay en el fondo de estas complejas cuestiones y en el cual lo que va a ir definiendo todo es el proceso de diálogo y consulta”, enfatizó Regino.

Juan Carlos Martínez, del equipo de Regino, precisó que serán cuidadosos en proporcionar a los pueblos indígenas “toda la información que los deje tranquilos”, porque cuando se dice que la consulta tiene que ser “de buena fe” se refiere “justamente a crear un ambiente de confianza para que le crean a la gente, que van de buena fe a hacer algo que va a ser benéfico y no algo que por hacer un negocio les destruya su forma de vida. Ese es el punto central”.

En cuanto a los tiempos para realizar la consulta, Regino indicó que van a buscar conciliar los tiempos del proyecto y las necesidades de las comunidades, a fin de que haya “un equilibrio entre las visiones” de todas las partes.

“Esta consulta va a fijar el precedente de lo que van a ser las demás y por eso hay que ponerle mucha atención y cuidado. El diálogo de buena fe es la base, porque claramente se puede expresar qué tiempos y qué presupuesto se tiene y la gente entiende, puede comprender, y entonces ahí se establecen los acuerdos. Más que ir con la idea de que hay que engañarlos y dorarles la píldora, hay que hablar claro y así se construyen los acuerdos”, consideró.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por el Estado mexicano en 1990, la consulta a los pueblos indígenas tiene que ser previa (a la decisión de realizar proyectos de desarrollo o infraestructura), libre (sin coacción ni amenazas), informada (las comunidades deben conocer los impactos ambientales y sociales del proyecto), de buena fe (sin engaños) y culturalmente adecuada (en su lengua y con respeto a sus formas de organización y de vida).