Infanta Cristina será juzgada por delito fiscal

Madrid/Palma. Cristina de Borbón, hermana del Rey de España, Felipe VI, se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por dos delitos fiscales, según ratificó hoy la Sala de la Audiencia de Baleares, que dio la razón a la acusación particular, representada por el sindicato Manos Limpias, y descartó la tesis defendida tanto por los abogados de la propia imputada como por la Fiscalía Anticorrupción española.

La acusada, que dejo de ostentar el cargo de Infanta tras la abdicación del Rey emérito Juan Carlos en favor de su hijo, está relacionada con una trama de corrupción político-empresarial en el que se investiga el desfalco al erario público de más de 12 millones de euros.

La defensa y la Fiscalía española se basaron en una sentencia del Tribunal Supremo del 2007, a raíz de un juicio contra el banquero Emilio Botín, entonces presidente del Banco Santander, en el que fue eximido de su responsabilidad penal en aplicación de la legislación española y de la normativa de la Agencia Tributaria.

Pero los abogados de la acusación particular defendieron la eventual culpabilidad de la hija de los Reyes eméritos de España, Juan Carlos y Sofía, por lo que se hacía más que pertinente investigarle con unos delitos que le podrían acarrear hasta ocho años de cárcel.

Después de analizar los argumentos de las dos partes, las tres jueces que forman la Sala decidieron finalmente desestimar la petición de la defensa de Cristina de Borbón y obligarla, por tanto, a comparecer en los próximos meses ante el juzgado de Palma de Mallorca donde se instruye la causa y se llevará a cabo la vista oral, prevista para el próximo mes de marzo.

La hermana del Rey Felipe VI vive desde hace unos meses en Suiza, donde trabaja para una organización internacional en supuesto trabajo de voluntariado y humanitaria, pero desde ahí se le comunican los avances del proceso. De hecho cuando se dio a conocer esta resolución, Cristina de Borbón se encontraba de viaje en la India.

La acusada, que será la primera miembro de la Familia Real española vinculada a un caso tan grave de corrupción, participó activamente, según la acusación, de la trama de corrupción y la red clientelar creada por su marido, Iñaki Urdangarin, y por su socio, Diego Torres, para conseguir diversos contratos con administraciones públicas con el fin de desfalcar al erario público.

Se han investigado contratos con diversas instituciones, entre ellas los ayuntamientos de Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Murcia y Alicante, así como los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Islas Baleares, Valencia, Madrid y Murcia.