Ricardo Anaya, excandidato a la Presidencia de la República / Foto: Especial
El acusante asegura que los servidores públicos Idalia “N” y Jonathan “N”, quienes se desempeñan como secretaria de la Dirección General y secretario particular del director general Juan Gregorio Regino respectivamente, habrían hecho uso de los recursos con los que cuenta la institución para favorecer a Ricardo Anaya Cortés, ex candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, ofreciendo trabajos alternativos a trabajadores de la institución a cambio de traducciones de sus mensajes, entre otras cosas.

Ciudad de México.- Un correo electrónico masivo que denunciaba presuntos delitos electorales sacudió las más altas direcciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) la mañana del 13 de febrero del año en curso. Las acusaciones, señalan un supuesto uso de recursos públicos para favorecer al excandidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés durante los pasados comicios.

El mensaje también logró infiltrarse a los correos electrónicos de por lo menos otros 90 funcionarios que laboran en dicha dependencia. El mismo filtrador que contactó con los trabajadores, mandó una copia a Méxicoleaks con la denuncia que fue dirigida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y anexó una carpeta con sus pruebas. Ahora, tras el escándalo interno, la denuncia se mantiene bajo investigación por el Órgano de Control Interno del INALI y en espera de la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la denuncia, el acusante asegura que los servidores públicos Idalia “N” y Jonathan “N”, quienes se desempeñan como secretaria de la Dirección General y secretario particular del director general Juan Gregorio Regino respectivamente, habrían hecho uso de los recursos con los que cuenta la institución para favorecer al excandidato albiazul a la presidencia de la República, ofreciendo trabajos alternativos a trabajadores de la institución a cambio de traducciones de sus mensajes, entre otras cosas. Por su parte, Gregorio Regino, el titular de la dependencia en cuestión, aseguró a PODER que su política será de cero tolerancia si el caso se comprueba.

El modo de operar, según se define en la denuncia, es el siguiente: En mayo del 2018, los trabajadores señalados, en pleno horario laboral (09:48am hasta las 17:08pm) y haciendo uso de información del INALI, presuntamente habrían hecho uso el registro de traductores y las computadoras de la dependencia, para contactar a los agentes bilingües certificados por el INALI para ofrecerles un trabajo alternativo en la campaña de Ricardo Anaya Cortés como traductores de sus mensajes.

LA DENUNCIA, EL INALI Y ANANA

El documento explica que se le ofrecían, a algunos trabajadores de la institución, 400 pesos por la traducción a lenguas originarias de mensajes de menos de 200 palabras a favor del panista; asimismo se ofrecía el doble de esa suma por la grabación del mensaje (también en lenguas originarias), es decir, 1200 pesos mexicanos.

En dicha Relatoría de Hechos, también se explica que los acusados, habrían hecho uso del correo institucional, equipo del estado y las bases de datos del INALI, para incitar a los trabajadores adscritos al padrón de traductores, a recibir esta prebenda.

Las declaraciones también aseguran que dos colaboradores sí accedieron a la prebenda ofertada por el funcionario público y fueron identificados como Iván “N” y Nelson “N” (ambos nombres, efectivamente corresponden a trabajadores en activo de la institución). Este medio de comunicación solicitó al Área de Comunicación del INALI el contacto con las personas mencionadas en el documento, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta sobre estos casos en particular.

Una de las discusiones más reveladoras de las que se tiene registro en la carpeta de pruebas, da cuenta de una disputa entre una trabajadora no identificada y una traductora. La traductora le cuestiona a la trabajadora sobre la identidad de la persona que le ofrece el dinero extra (el secretario particular) y la legalidad de los hechos.

La trabajadora, de la que no revelan el nombre por motivos de investigación, se limitó a reconocer que Jonathan “N” efectivamente labora en el instituto, pero aclara a la quejosa que la solicitud no corresponde a un trabajo oficial. Además asegura que de negarse a realizar dicha tarea, no habría ninguna represalia en su contra: “Depende del criterio de cada quién”, se puede leer en una de las conversaciones filtradas.

El proyecto para el cual los acusados hicieron uso del aparato institucional del INALI fue el de una campaña titulada: “Somos las raíces de México, el México que queremos y merecemos”.

EL ANTECEDENTE DE JONATHAN “N”

Dos años antes de este escándalo, el mismo funcionario estuvo involucrado en otra averiguación ante los Tribunales Electorales del Estado de México (TEEM). Aunque el expediente número JDCL/9/2017 aún no es público debido a que carece de resolutivo final, sí da cuenta de la existencia de otra averiguación en materia electoral donde se investiga al mismo funcionario.

El entorno del “Incidente”, como fue calificado por el TEEM, es relativamente el mismo. Las autoridades judiciales dan cuenta de una investigación llevada por el Ayuntamiento de Valle de Chalco en donde se le solicita a Jonathan “N” que colabore con la publicación de la Convocatoria de representantes indígenas ante el Ayuntamiento de Valle de Chalco en diversas lenguas. Pero entonces, el INALI se había negado a responder.

Ante el hecho, los TEEM ejecutaron una sentencia reparatoria para que aquella municipalidad pudiera tener acceso a la convocatoria en lenguas originarias, dado de que se trataba de la elección de un representante indígena.

El funcionario público, en respuesta a la solicitud de los tribunales, argumentó que solamente podía coadyuvar facilitando las referencias de quienes conforman el padrón de traductores de dicha institución (que ahora están denunciando la prebenda), sin apoyar para generar recursos de acceso a estas comunidades.

Pero la respuesta no satisfacía a los tribunales, por lo que ordenaron dar cuenta al INALI para gestionar los recursos necesarios y hacer pública la convocatoria en por lo menos 13 idiomas distintos. El funcionario fue sancionado de esta manera, por no responder adecuadamente a las funciones del instituto al que representa.

JONATHAN “N” REPITIÓ ADMINISTRACIÓN

“Es un asunto inédito para mi, estoy muy sorprendido”, dijo el titular del INALI, Juan Gregorio Regino, en entrevista para PODER. Según explicó, el verdadero motivo por el cual no fue cesado de sus actividades luego de terminar el sexenio, es que las plazas para quienes trabajan en la institución son muy pocas y sin derecho a renovación.

El titular asegura que llegó al cargo con el principal objetivo de preservar el trabajado ya realizado durante la gestión pasada y concluirlo con el mismo equipo. Sin embargo, también asegura que de comprobarse el mal uso de los recursos públicos, su administración ejercerá la política de cero tolerancia.

Sobre cómo se llevará el caso, el mandatario explica que la dependencia posee un Órgano de Control Interno que depende de la Secretaría de la Función Pública y que su personal ya realizó las diligencias correspondientes para que se inicie la investigación en contra de Jonathan “N”. Asegura además que la dependencia que representa, posee estándares anticorrupción (como un Consejo de Ética) con los que se determina el actuar interno.

PODER tuvo acceso al documento presentado por el INALI ante el Órgano de control interno para comenzar con las investigaciones correspondientes. Dicho oficio, fue presentado el día 9 de abril y foliado bajo el número: INALI.A.A.4/243/2019.

Han pasado tres años y dos denuncias desde que Jonathan “N” fue acusado de hacer uso del INALI con fines políticos. Su cargo “de confianza”, perdió ya todo significado ante el personal del instituto que recibió las denuncias y no ha sido notificado por la SFP sobre la veracidad de las mismas o si las acusaciones apuntan al opuesto de lo que el nombramiento debería representar.

Hasta el cierre de esta edición, la SFP no había respondido la petición de entrevista que se realizó con cinco días de anticipación.