Javier Villarreal: el epílogo de la historia

Dentro de dos días comenzará a escribirse, en el vecino estado de Texas, el epílogo de una historia que, se ha dicho repetidamente, discurre por caminos opuestos en México y los Estados Unidos: la de la fortuna incautada a Javier Villarreal Hernández, el otrora todo poderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira Valdés.

De acuerdo con la información difundida en los circuitos judiciales texanos, este jueves será puesta a remate la primera de las propiedades que, tras una investigación judicial en el vecino país, se le incautó a quien fuera responsable de administrar el tesoro público de nuestra entidad: una plaza comercial construida sobre un terreno de 2.8 hectáreas ubicado al norte de la ciudad de San Antonio.

También de acuerdo con esta información, las propiedades incautadas a Villarreal Hernández tendrían un valor, en el mercado, cercano a los 680 millones de pesos —casi 36 millones de dólares— suma que claramente no pudo acumular el ex titular del SATEC con su salario como burócrata.

Lo más importante de la historia, se ha dicho en repetidas ocasiones, es la razón por la cual tales inmuebles le fueron incautados a Villarreal Hernández: porque fueron adquiridos con dinero obtenido por él de forma ilegal durante su paso por la administración pública de Coahuila.

Con independencia de la controversia que los involucrados en esta historia deseen recrear, la verdad jurídica establecida en las cortes del vecino país está por convertirse en un hecho incontrovertible, por haberse demostrado en el curso de un proceso penal.

Y esa verdad resulta demoledora para quienes han pretendido —y siguen intentando—, en territorio coahuilense, convencer a la sociedad de que es necesario “darla la vuelta a la página” y olvidarnos de la historia que dio origen a la deuda pública que hoy cargamos todos sobre nuestras espaldas: el dinero con el cual

Javier Villarreal adquirió las propiedades que ahora son rematadas en Texas lo robó de las arcas coahuilenses.

Los bienes adquiridos con ese dinero están a punto de convertirse nuevamente en recursos líquidos y serán depositados en las arcas del tesoro de los Estados Unidos. Millones de dólares que en un juicio penal ya se demostró que pertenecen a las arcas de Coahuila.

Resulta obligado cuestionar, una vez más, si la administración estatal planea hacer algo para rescatar este dinero pues, al menos en teoría, lo único que tendría que hacer es pedirlo, dado que el trabajo de probar su procedencia ya ha sido realizado por los investigadores estadounidenses.

Tanto la Procuraduría General de Justicia, como la Secretaría de Finanzas, tienen la palabra. Al concluir la subasta de este jueves, suponiendo que alguien termine comprando la propiedad, solamente pasarán algunas horas para que el dinero esté depositado en una cuenta bancaria, a la espera de que alguien lo reclame. ¿Por qué habríamos de permitir que las autoridades estadounidenses se queden con él?