Nuestra Saltillo: ¿Un hogar de todos o un negocio de pocos?

Caminar por la Alameda Zaragoza un domingo por la tarde es, para cualquier saltillense, un acto de pertenencia. No es solo un parque; es el espacio donde se encuentran nuestras historias, donde la identidad de la ciudad cobra vida. Sin embargo, hoy debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿De quién es realmente nuestra ciudad?

Parecería que la “disponibilidad” de las calles, plazas y barrios para nuestro disfrute es algo garantizado, casi como el aire que respiramos. Pero la realidad es distinta. En el siglo XXI, las ciudades se han convertido en el escenario donde se define si podemos ejercer nuestros derechos o si quedamos excluidos de ellos. Cuando la planeación urbana se entrega a la dinámica del mercado, la ciudad cada vez más deja de ser un bien común para transformarse en una mercancía inaccesible para la mayoría.

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Recientemente, hemos visto cómo desde el gobierno municipal se insiste en renombrar nuestro Centro Histórico como el “Distrito Centro”, por ejemplo, en su informe de gobierno. Este cambio de lenguaje es llamativo. Mientras que el “Centro Histórico” apela a la memoria y al arraigo, el concepto de “Distrito” suele venir acompañado de visiones orientadas exclusivamente al consumo, la rentabilidad y los negocios.

Esta preocupación no es mera paranoia o exageración. Los saltillenses ya percibimos los riesgos de que nuestros espacios emblemáticos sean intervenidos bajo lógicas que priorizan el negocio sobre la vida comunitaria. El caso de la Alameda Zaragoza es el ejemplo más claro: miles de ciudadanos se han movilizado para exigir claridad y garantías de que no vamos hacia un escenario así.

El problema de fondo en nuestras ciudades es estructural. Los ejercicios de participación impulsados por el IMPLAN son sumamente limitados, circulando en canales cerrados que dejan fuera a la mayoría de quienes realmente habitan y trabajan en el Centro. Al no existir una obligación jurídica clara, la escucha de las autoridades se convierte en una concesión administrativa que depende de la voluntad política del momento o de qué tanta presión social se ejerza.

Pensando en eso es que he preparado un exhorto, que presentaré en la Cámara de Diputados federal, al Congreso del Estado de Coahuila, para iniciar los trabajos para lograr una reforma constitucional que reconozca el Derecho a la Ciudad. No se trata de un concepto romántico, sino de una herramienta jurídica poderosa que ya funciona en lugares como la Ciudad de México y muchas otras regiones del mundo, con la aspiración de priorizar a las personas sobre los automóviles y proteger barrios frente al desplazamiento forzado.

Reconocer este derecho en Coahuila significaría:

-Justicia Territorial: Que la inversión pública reduzca las desigualdades entre las zonas privilegiadas y las periferias olvidadas.

-Gestión Democrática: Que las mesas de diálogo y las consultas sean obligatorias y vinculantes desde el diseño de cualquier proyecto urbano, y no una reacción ante la inconformidad.

-Función Social: Afirmar que la propiedad y el suelo deben servir al interés general y a la dignidad humana, no solo a la especulación inmobiliaria.

Saltillo tiene la oportunidad histórica de colocarse a la vanguardia. Debemos asegurar que el crecimiento de nuestra capital no se realice a costa de la vida de sus comunidades. La ciudad es nuestra casa grande, el patrimonio de las nuevas generaciones, y es momento de que la ley reconozca que su destino le pertenece, ante todo, a la gente que la vive y la cuida todos los días.