En el año 2015, México hizo una apuesta por el control de la corrupción desde la vía institucional, la pregunta entonces, obligada en el Senado de la República, fue ¿cuáles son las causas que explican la incapacidad del Estado para alcanzar resultados concluyentes en el combate a esta corrupción crónica de nuestras instituciones?

En la discusión meramente técnica en la materia, representantes de sociedad civil y académicos, así como legisladores, crearon y reformaron un conjunto de leyes, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que ubica al ciudadano en un papel central para coordinar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes para encauzar las acciones de prevención, investigación y sanción de faltas administrativas, así como los hechos de corrupción.

Un tema central en las discusiones técnicas para la elaboración de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción fue comprender que la corrupción es un fenómeno que se manifiesta en redes, por esa razón, se consideran sujetos a esta ley tanto servidores públicos como particulares.

La responsabilidad de las y los ciudadanos que forman parte del Sistema es incidir en el cambio de paradigma de la acción pública, de manera eficaz, pero ésta no recae en un grupo de cinco personas, sino en el grado de influencia que puedan alcanzar para vincular a la sociedad civil organizada, gremios empresariales y la academia.

Las principales atribuciones que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga a los ciudadanos son: solicitar y analizar información relevante que permita conocer, de cualquier ente público, las posibles áreas de riesgos y costos potenciales generados de actos de corrupción; participar en el proceso de toma de decisiones, en conjunto con las instituciones que forman parte del Sistema y dar dirección a los proyectos de política pública en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en la administración de propuestas de la sociedad civil, a fin de incentivar la corresponsabilidad y acrecentar los resultados.

Los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila tienen claro sus objetivos y, actualmente, tienen todas las condiciones para cumplir con su mandato de ley.

El Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila no se construye de acciones aisladas que pudieran ser redituables a la opinión pública en el corto plazo, al contrario, la responsabilidad es tener claro el camino y dar pasos a la reingeniería de los procesos institucionales, como una vía poderosa para desmantelar redes de corrupción.

Un ejemplo de lo anterior es la implementación de la metodología Reto 100 días en el Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila (propuesta por el Consejo de Participación Ciudadana) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Instituto de Resultados Rápidos, que permite cambios substanciales de fondo, innovadores y sostenibles para una mejor coordinación y colaboración interinstitucional de cara a la rendición de cuentas ciudadana.

En el Reto trabajan de la mano con el Sistema, el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, el Consejo Cívico de Instituciones Laguna, Participación Ciudadana 29, Coparmex, Canaco, Canacintra, académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Carolina, quienes propusieron la temática a solucionar, participan activamente y dan seguimiento a las acciones y metas.

Hoy más que nunca, las y los ciudadanos tenemos que apropiarnos del espacio que ya ganamos para controlar el principal problema de preocupación en el País.

“Quien está en contra del Sistema Nacional Anticorrupción está a favor de la corrupción”, Mauricio Merino.

 

Ana Yuri Solís Gaona

Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza

Si usted desea colaborar en este proyecto envíenos sus datos de contacto a: opinionciudadana@ccic.org.mx