Especial/ La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, jugaron un papel decisivo en la consecución del objeti
El Tratado fue adoptado por las Naciones Unidas el 7 de julio de 2017, con un voto de 122 estados a favor, un voto en contra y una abstención

Hoy es un día histórico, en el que la humanidad da un paso importante hacia la paz. El 22 de enero de 2021 entra en vigor el Tratado de la ONU para la Prohibición de las Armas Nucleares. Finalmente, después de más de 70 años desde su primer uso, las armas nucleares se vuelven ilegales de acuerdo con una norma internacional. Por tanto, a partir de hoy ya no será posible utilizarlos ni mantenerlos. 86 naciones han firmado el Tratado, pero Italia falta entre ellas, que permanece sorda a numerosos llamamientos.

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, jugaron un papel decisivo en la consecución del objetivo que representa la entrada en vigor del Tratado. 

Lo que proporciona el Tratado de la ONU

El Tratado fue adoptado por las Naciones Unidas el 7 de julio de 2017, con un voto de 122 estados a favor, un voto en contra y una abstención. El documento incluye una serie de prohibiciones relacionadas con la participación en cualquier actividad que involucre armas nucleares.

Por tanto, prohíbe a los países adherentes "desarrollar, ensayar, producir, adquirir, poseer, acumular, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares". Además, el tratado prohíbe el despliegue de armas nucleares en territorio nacional y la prestación de asistencia a cualquier estado en la realización de actividades prohibidas. Los estados adherentes estarán obligados a prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por el tratado, realizada por personas en su territorio y bajo su jurisdicción. Finalmente, obliga a los Estados signatarios a brindar una asistencia adecuada a los afectados por el uso o ensayo de armas nucleares.