Le salió dueño al aeropuerto Felipe Ángeles; Sedatu se niega a pagar
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La Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019
En particular acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según el documento, del cual Excélsior tiene copia, la Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no tener líos legales.
Sin embargo, la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la repartición de 617 hectáreas a comuneros.
La dependencia defiende la validez de la declaratoria y subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto”.
Reconocen a dueño de tierras en Xaltocan
La Sedena admitió que un particular es propietario de las 128 hectáreas donde se está construyendo la terminal aérea General Felipe Ángeles; la dependencia afirmó que tiene dinero “suficiente” para liquidar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del cual Excélsior tiene copia, que un particular acreditó ser propietario —desde el 12 de mayo de 1971— de las 128 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
La institución armada, encargada de ese proyecto aeroportuario le hizo saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.
El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere la Sedena, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado. La Sedatu se niega a pagar.
El reconocimiento de la Sedena de que las 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles —dividido en dos polígonos— son propiedad privada, se registró el 7 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera declarado como patrimonio de la Federación.
El 26 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución de la Sedatu que “declara como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación la superficie integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de México”.
En esos dos polígonos, que juntos suman 128 hectáreas y que están dentro de los límites territoriales de San Miguel Xaltocan, se construye parte del nuevo aeropuerto, aledaño a la Base Militar de Santa Lucía. Y es también el sitio donde desde hace semanas un grupo de comuneros instalaron una carpa en protesta por cómo se está desarrollando la operación de los acuerdos con el gobierno federal para el reparto de 617 hectáreas.
El 10 de marzo de 2019, el gobierno federal y 722 comuneros de Xaltocan acordaron permitir la construcción del aeropuerto sobre 128 hectáreas de la comunidad, a cambio del reparto de 617 hectáreas (el total de este territorio era entonces bienes comunales) pero ya como propiedad privada, pasando por el estatus de terrenos nacionales, como un trámite administrativo.
El reconocimiento de propiedad a un particular por parte de la Sedena, apoyada con documentos oficiales, sumado a la declaración de que esos terrenos son nacionales, más la reubicación e indemnización a 100 comuneros de Xaltocan, quienes supuestamente tenían la posesión de esas 128 hectáreas, hace aún más compleja la resolución de este caso de tenencia de la tierra. Además de que está el jaloneo interno entre los 722 comuneros por el reparto de esas 617 hectáreas que el gobierno federal les cedió, luego de haberle permitido usar las 128 hectáreas en cuestión.
El 24 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de las obras para la construcción del nuevo aeropuerto.
El 15 de mayo de 2019, la persona a la que le Sedena le reconoce la propiedad del predio envió una carta a la Defensa Nacional reclamando precisamente la propiedad de un terreno donde está proyectada la terminal aérea, con una inversión de 95 mil millones de pesos y que estará lista en 2022.
La Defensa Nacional recurrió a instancias oficiales del Estado de México para averiguar si la reclamación era real. En el comunicado firmado por el general brigadier ingeniero constructor, Hiram Sergio Cárdenas Robles, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Sedena informó:
“Esta secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se encuentren dentro de la citada franja de seguridad, asimismo, se consultó al Instituto de le Función Registral del Estado de México (IFREM) la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da calidad de propietario, aunado a que sigue sin inscribirse la declaratoria señalada en su documento ante el Registro Púbico de la Propiedad correspondiente”.
El 18 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio el banderazo de arranque de las obras del nuevo aeropuerto. Ya para entonces, la Sedena había hecho del conocimiento de la Sedatu que el propietario de las 128 hectáreas de Xaltocan estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y que la Defensa Nacional contaba con el dinero para liquidar el caso y no tener problemas legales.
“Por lo anterior y tomando en cuenta la disposición del citado peticionario en apoyar el proyecto en comento y con el fin de evitar conflictos legales que puedan afectar a los intereses de esta Secretaría de Estado, así como al multicitado proyecto; se solicita de su apoyo, a fin de que se dé la solución al tema en comento, por la afectación a la propiedad… no omito manifestar que esta dependencia del Ejecutivo Federal cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”, se lee en el oficio 1253/17348/CI-PRE.
En el mismo oficio de la Sedena a la Sedatu, le menciona: “Asimismo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Estado no tomará posesión de las superficies en comento, hasta no se resuelva citada problemática a fin de no agravar tal situación, en virtud de que el aludido proyecto es de alta prioridad para el desarrollo de la región y del país”.
El 11 de junio, la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González le respondió al general Cárdenas Noble.
En la carta la funcionaria hace notar que la declaratoria de terrenos nacionales, del 26 de abril de 2019, era un acto administrativo y válido.
“En consecuencia, hasta en tanto no se resuelva por autoridad administrativa o jurisdiccional competente, cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto, que pudiera haber hecho valer algún particular en términos de la normatividad aplicable, dicha declaratoria surte plenamente sus efectos legales”.
De acuerdo con archivos consultados por Excélsior, la propiedad de las 128 hectáreas de referencia habría sido acreditada desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez, derivado de una adjudicación de bienes por remate.
El 11 de julio de 2019, el general brigadier I.C. Cárdenas Noble se dirigió a al titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, a través del oficio 1679/21689/CI-PRE, solicitándole “sus apreciables instrucciones y se comunique a esta Dirección General los resultados del análisis y revisión al procedimiento implementado, mediante el cual se declaró cómo terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación, las superficies de 50-13-26-01 y 77-99-73-85 hectáreas”.
Comuneros de Xaltocan confirmaron que la Sedatu les informó que después del cambio de bienes comunales a terrenos nacionales conocieron que había cuatro amparos de distintas personas que reclamaban la propiedad de las tierras donde se construye el aeropuerto.
“La posesión la las tierras la hemos tenido los habitantes de Xaltocan de toda la vida. Y así lo reconoció el gobierno, pero ahora sabemos que hay juicios que reclaman ser dueños, pero lo tienen que comprobar. Durante muchos años han querido esas mismas personas apoderarse de nuestras tierras, pero primero tienen que comprobar la propiedad”, dijo José Luis González Martínez, uno de los comuneros.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu, en una entrevista con Excélsior, dijo que la aparición de particulares que son presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso establecido con los 722 solicitantes. “Nosotros asumimos que son terrenos nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones pactadas a los 722 solicitante”, comentó.
Información del Consejo de la Judicatura Federal, confirmó que, en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Estado de México, con fecha 29 de julio de 2019 se admitió a trámite la demanda de amparo. Otra demanda está en el Juzgado Quinto de Distrito de la Ciudad de México, con fecha 11 de octubre de 2019.
En uno de estos dos juicios de amparo está el particular al que la Sedena le reconoció la propiedad de las 128 hectáreas de Xaltocan, donde tuvieron posesión al menos 100 comuneros durante décadas.
