Por: Karla Tinoco
Ilustración: Esmirna Barrera
Fotos: Staff Vanguardia
Edición: Nazul Aramayo
Diseño: Édgar de la Garza
En un feminicidio las mujeres no resultan como únicas víctimas. Sus hijos, madres, padres y hermanos cargan con la peor parte porque quedan invisibles en medio de la tragedia.
De acuerdo con datos de la Unidad de Investigación del Feminicidio de la Fiscalía Estatal desde noviembre de 2012 –año en que se tipificó este delito en Coahuila– se han cometido 61 crímenes, de los que se han consignado y/o judicializado 46.
La base de datos actualizada hasta el 26 de abril de este año revela que en 2015 y 2016 se registraron 16 feminicidios, ubicándose como los años más funestos para las mujeres en el último sexenio.
Sin embargo, no se sabe cuántos son los huérfanos porque no existe un censo que registre a los niños, niñas, adolescentes o jóvenes que quedaron desprotegidos tras el asesinato de su madre.
Para Ariadne Lamont Martínez, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna, con el feminicidio los huérfanos “también pierden a su papá que está prófugo o en el Cereso; también pierden el patrimonio, porque seguramente estaban pagando una casa propia y hay casos en que la familia paterna vacía la casa y no se percatan que están robando a sus nietos”.
En la mayor parte de los casos las abuelas maternas se hacen cargo de la guarda y custodia, así como de la manutención de los niños. Esta situación las obliga a redoblar esfuerzos para criar a sus nietos aun sin los recursos económicos ni la energía que se necesita para educarlos.
“¿Con qué dinero, de la noche a la mañana, las abuelas van a sacar para cubrir todo eso? Aquí es una revictimización de las abuelas maternas, de los hijos e hijas, porque se les echa a un mundo desconocido en el que habrá muchas necesidades de apoyo psicológico, económico para que continúen sus estudios”, exige Lamont.
¿Con qué dinero, de la noche a la mañana, las abuelas van a sacar para cubrir todo eso? Aquí es una revictimización de las abuelas maternas, de los hijos e hijas”.
Ariadne Lamont Martínez, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna.
ENCABEZAR UNA LUCHA
Uno de esos casos es el de Romeo, un niño de cuatro años que quedó huérfano tras el feminicidio de Serymar Soto Azúa, ocurrido el 28 de enero de 2017 en Torreón. Desde entonces, Sandra –hermana de Serymar– se ha encargado de buscar justicia encabezando una lucha para que el Estado emprenda políticas públicas a favor de los huérfanos que quedan en estado de desprotección.
En esa búsqueda de justicia, Sandra interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Gobierno de Coahuila, DIF estatal y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) debido a que actualmente los huérfanos reciben un apoyo de 330 pesos mensuales de parte del programa Jefas de Familia de Sedesol federal para atender todas sus necesidades de vida.
“El menor ha quedado en estado de indefensión y desamparo, quedando así lesionado su legítimo derecho al interés superior de la niñez abandonando a su suerte por las autoridades denunciadas (Gobierno del Estado y Pronnif) en la presente queja”, expuso en la querella fechada con el 29 de enero.
¿Sólo buenas intenciones? Apoyo federal Desde marzo de 2013 la Sedesol federal, a través del programa de Jefas de Familia, otorga una pensión a hijos e hijas en estado de orfandad materna desde 660 pesos bimestrales. Ignoran número de casos La Secretaría de Educación tiene un programa de apoyos a los estudiantes de grupos vulnerables entre los que están los huérfanos; se desconoce la cifra de huérfanos por feminicidio. Vacío legal No hay en Coahuila una política pública dirigida a atender las áreas de salud, educación, desarrollo social específicas de estos menores; la Pronnif dice que la CEAV es quien los atiende.
“Por todo lo anterior se desprende la necesidad de velar por el interés superior del menor quien como víctima colateral de los hechos, ha quedado a la deriva y en estado de indefensión desde el día en que su madre fue víctima de feminicidio sin que a la fecha las autoridades denunciadas le hayan proporcionado ningún apoyo psicológico, económico, escolar, social o recreativo mínimo que le permita continuar con su vida protegido por la autoridad bajo los programas gubernamentales creados exprofeso”, señala el documento.
Esa lucha encabezada por Sandra la llevó a que cada vez más familiares de víctimas de feminicidio se pusieran en contacto con ella para que también las representara ante la CNDH. Hasta marzo pasado había interpuesto otras ocho quejas por crímenes ocurridos en la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Ciudad Juárez y Monterrey.
Atraer legalmente el caso de la muerte para Sandra ha significado apoyar otras historias de feminicidio.
“Me interesa la justicia en el caso de mi hermana, pero cuando llegas a este tema el dolor de otras personas se convierte en el tuyo, como el tuyo en el de otras personas. Sabes el proceso de este duelo y la lucha que tiene que enfrentar con las autoridades y todas las impunidades que hay, te conmueves con otros casos que hay”, y acusó que no existen protocolos de seguimiento sobre ayudas psicológicas, emocionales.
Actualmente Romeo, el hijo de Serymar, está bajo la custodia de su abuela materna, una mujer mayor de 60 años que recibe una pequeña pensión que no le alcanza para el sostén del niño.
Es la obligación del Estado repararles la vida y ocuparse que tengan servicio médico y alimentación de buena calidad. Además, esa reparación tiene que ser en caso por caso, porque todos los casos son diferentes y tienen necesidades distintas”.
Sandra Soto Azúa, activista.
LETRA MUERTA
Aunque el artículo 105 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Coahuila considera que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación integral del daño, indemnización material por el daño sufrido y acceso a tratamientos médicos para la rehabilitación, lo cierto es que las víctimas indirectas no tienen acceso a ese tipo de derechos.
Además, tampoco se cumple con el artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual señala que ante los feminicidios el Estado mexicano debe resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
“Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables, se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas”.
El artículo también destaca que entre las medidas a adoptar se encuentran: la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo.
Respuesta: Mujeres y familiares víctimas indirectas de feminicidio se
reunieron con el gobernador Miguel Riquelme para proponerle
un plan piloto que atienda de manera integral a los
niños que han quedado huérfanos.
TODO QUEDA EN BUENAS INTENCIONES
Desde marzo de 2013 el Gobierno Federal impulsó a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) el programa de Jefas de Familia, el cual otorgar una pensión a hijos e hijas en estado de orfandad materna que van de los 660 a los 2 mil 040 pesos, que se entregan cada bimestre.
Jesús Israel Reyes Martínez, coordinador del programa Jefas de Familia en Coahuila, refiere que 552 familias cobran la pensión con lo que se benefician mil 100 niños y jóvenes huérfanos. Además, los apoyos son entregados a cada niño que queda desprotegido y varía el recurso económico según la edad y el grado de estudios que tengan.
“Estamos muy al pendiente al tema del feminicidio, pero por desgracia, todavía no hay una jurisprudencia (sobre esto) porque el feminicida no pierde la patria protestad de los niños en caso de quedárselos. Nosotros como programa para atender a los niños y niñas, no le vamos a dar la pensión al papá cuando vaya a cobrar, entonces hacemos un trabajo con Pronnif para darles esta pensión a los familiares directos de la jefa de familia”, detalla Reyes Martínez.
A inicios de febrero pasado José María Fraustro Siller, secretario general de Gobierno, dijo que el Gobierno de Coahuila apoyaba a los huérfanos con becas académicas “pero necesitamos conocer de quién se trata para apoyarlos”, respondió.
Estamos muy al pendiente al tema del feminicidio, pero por desgracia, todavía no hay una jurisprudencia (sobre esto) porque el feminicida no pierde la patria protestad de los niños en caso de quedárselos”.
Jesús Israel Reyes Martínez, coordinador del programa Jefas de Familia en Coahuila.
Al respecto, la Secretaría de Educación refirió que cuentan con un programa de apoyos a los estudiantes de grupos vulnerables entre los que se encuentran los huérfanos, aunque desconocen el número de becas que otorgan específicamente a ellos.
Mientras tanto la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) lleva sólo algunos procesos judiciales de menores que quedaron en estado de orfandad particularmente en Torreón.
“En el caso de La Laguna, dando seguimiento a la Alerta de Género, estamos llevando algunos procesos judiciales de guarda y custodia, juicios de pérdida de patria protestad, donde trabajamos de la mano con quienes se encuentran a cargo de los niños y niñas víctimas”, refirió Yezka Garza Ramírez, titular de la Pronnif.
Sin embargo, desde 2012 –año en que se tipificó la figura del feminicidio en Coahuila– no se ha implementado ningún tipo de política pública dirigida a atender las áreas de salud, educación, desarrollo social, pues a decir de Garza Ramírez, es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) quienes se encargan de ello:
“Se hace la atención integral a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) que ellos hacen todo un plan de derechos que son vulnerados que hablamos de una reparación integral del daño, una vez que se encuentran en el movimiento procesal oportuno”.
Por su parte, Gabriela Noguez Sandoval, directora de la CEAV, refiere que únicamente se trata de un solo caso acreditado en La Laguna el cual fue ordenado por la organización de la defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional.
“Tenemos el caso de una persona en el que se está trabajando con sus hijos, porque su abuelita se hace cargo de ellos. Se les está dando el apoyo para que sigan estudiando, tengan acceso a la alimentación, vivienda y también buscamos un apoyo a la abuelita para que tenga un empleo y pueda seguir apoyando a los nietos”, y este caso lo han atendido en coordinación con la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).
Gabriela Noguez también señaló que los menores fueron registrados como víctimas ante la CEAV, por lo que esa constancia les da la oportunidad de dar una reparación al daño de la familia.
“Hay otros tres o cuatro asuntos más a los que nos han hecho referencia, pero las familias no se han acercado con nosotros. A veces las familias también buscan a otras organizaciones para que las apoyen”.
Aunque en la CEAV han atendido a varias familias que resultaron como víctimas indirectas del feminicidio, reconoce que en varios casos las mujeres no tenían hijos.
En el caso de La Laguna, dando seguimiento a la Alerta de Género, estamos llevando algunos procesos judiciales de guarda y custodia, juicios de pérdida de patria protestad, donde trabajamos de la mano con quienes se encuentran a cargo de los niños y niñas víctimas”.
Yezka Garza Ramírez, titular de la Pronnif.
¿QUÉ LE TOCA
HACER AL ESTADO?
La activista Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna, propuso tres caminos para que Coahuila acceda a recurso y atienda de inmediato el tema:
“Un camino es la Secretaría de Hacienda: que destine recursos a la CEAV y se cuente con el dinero suficiente para reparar el daño. Otro modo es el Congreso local: pues cuenta con todas las facultades y la obligación de alimentar de recursos a la CEAV. Y el último camino es que el gobernador haga un convenio con la CEAV federal y sea quien financie la reparación del daño”.
EN JALISCO YA HAY ‘VÍCTIMAS
INDIRECTAS’; EN COAHUILA SOLO PROPUESTAS
En octubre del año pasado el Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para que puedan ser consideradas como “víctimas indirectas” las personas en estatus de orfandad por el feminicidio de sus madres.
La iniciativa propuso generar condiciones de protección a los hijos e hijas de víctimas del feminicidio para establecer que cuando este delito sea cometido por el padre de los menores de edad, pierda provisionalmente los derechos de visita y convivencia con sus hijos e hijas; además, de llegar a darse una sentencia le sea retirada la patria potestad.
También contempla que el Gobierno de esa entidad genere programas sociales que incluyan becas educativas, compra de útiles escolares, uniformes y apoyos para el transporte.
En contraparte, hace dos meses que en Coahuila el diputado local Samuel Rodríguez propuso una reforma legislativa para que se garantice el acceso a la educación, salud, alimentación y al desarrollo social específicamente a los huérfanos por feminicidio.
“Queremos hacer una propuesta común con todos los partidos políticos para que dejemos reglamentado los apoyos permanentes que tengan que ver con educación, salud, alimentación y vestido, que es un tema en el que generalmente los niños quedan desprotegidos”.
Actualmente el proyecto legislativo es analizado por las comisiones de desarrollo social, salud, educación y justicia. Además, se tiene que formar un comité que analice las condiciones en las que se encuentran los huérfanos y con base en ello poder definir cuáles serán las políticas públicas a ejecutar.
A finales de abril, el legislador preveía que a mediados de mayo ya se podría presentar las iniciativas, pero a menos de una semana de que concluya el mes no se ha realizado. También consideró que la Pronnif debe ser la autoridad que se encargue de dar seguimiento a las víctimas.
Aunque reconoció que nunca se ha reunido con familiares víctimas de feminicidio para escuchar sus demandas, el proyecto legislativo contemplaría apoyar a otras víctimas indirectas como las madres de familia, “nosotros estamos considerando que sean los hijos, pero evidentemente se tienen que entregar los apoyos a las familias que dictamine la propia ley”.
Tenemos el caso de una persona en el que se está trabajando con sus hijos, porque su abuelita se hace cargo de ellos. Se les está dando el apoyo para que sigan estudiando, tengan acceso a la alimentación, vivienda y también buscamos un apoyo a la abuelita para que tenga un empleo”.
Gabriela Noguez Sandoval, directora de la CEAV.
EL ACERCAMIENTO PILOTO
Después de muchos intentos en los que Sandra Soto buscó tener un primer acercamiento con las autoridades para plantear la situación en la que viven particularmente los huérfanos de los feminicidios, el 15 de mayo pasado alrededor de 10 mujeres lograron reunirse con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para presentarle la propuesta de un programa piloto que contempla el apoyo a las víctimas indirectas.
En la reunión, celebrada en Torreón, las víctimas hicieron peticiones enfáticas sobre la impartición de justicia, acusaron que durante el proceso judicial de algunos casos ha habido ineficiencia y han sido revictimizadas, pues los presuntos responsables han quedado libres.
“En mi caso es la exigencia de que se pueda sentenciar a Jorge “N” –presunto homicida de Serymar– por el delito de feminicidio. A inicios de mayo se le concedió la liberación por falta de pruebas a Martín Eduardo Mares, asesino material de Sharon Niño Quiñones –asesinada el 5 de noviembre de 2016 en Torreón–“.
Sandra se siente temerosa, confundida y sorprendida del Sistema Judicial que se aplica en Coahuila, por lo que anticipa a los jueces encargados del caso que “no quiere fallas ni sorpresas en cuanto a la judicialización del caso de mi hermana”.
También expusieron las necesidades económicas de los niños, por lo que pidieron que se les otorgara un apoyo de 200 pesos diarios, además de becas, útiles y uniformes escolares que fueran subsidiados por el Gobierno local.
En el encuentro en el que también estuvieron presentes Katy Salinas, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres; Leticia Charles, directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres; Yezka Garza Ramírez, titular de la Pronnif, se vio la posibilidad de apoyar con la entrega de una despensa mensual con alimentos suficientes y balanceados; servicio médico en el Hospital del Niño, entrega de medicamentos y cirugías mayores, así como atención emocional psicológica y legal con enfoque de perspectiva de género.
Después del primer encuentro, las autoridades citaron a Sandra este 23 de mayo para ver los pormenores del plan piloto. Sin embargo, de última hora le fue cambiada la fecha para pormenorizar los detalles del proyecto.
La cita fue pospuesta para el próximo 4 de junio, cuando el mandatario estatal presentará el proyecto final con todas las dependencias involucradas.
Las familias están en espera de que el resultado de dicho proyecto pueda concretarse, porque entonces así habría una respuesta del Estado hacia las víctimas indirectas del feminicidio.
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HUÉRFANOS SIN PROTECCIÓN
> Como víctima colateral de los hechos, (el menor) ha quedado a la deriva y en estado de indefensión desde el día en que su madre fue víctima de feminicidio sin que a la fecha las autoridades denunciadas le hayan proporcionado ningún apoyo psicológico, económico, escolar, social o recreativo mínimo que le permita continuar con su vida protegido por la autoridad bajo los programas gubernamentales creados exprofeso, denunció la activista Sandra Soto Azúa en una queja ante la CNDH.
PROPONEN TRES VÍAS DE ATENCIÓN
> Ante el vacío legal y la falta de recursos para atender integralmente a los los huérfanos por feminicidio, la activista Ariadne Lamont plantea a corto plazo:
> Que la Secretaría de Hacienda destine recursos a la CEAV y se cuente con el dinero suficiente para reparar el daño.
> Que el Congreso local, que cuenta con todas las facultades, garantice los recursos a la CEAV.
> Que el gobernador haga un convenio con la CEAV federal para que financie la reparación del daño.
DATOS
660 a 2 mil 040 pesos bimestrales se entrega a los huérfanos por parte del programa de Jefas de Familia de Sedesol.
200 pesos diarios contempla un programa piloto estatal propuesto por activistas al gobernador de Coahuila.
En 2012 se tipificó el delito de feminicidio en Coahuila
61 feminicidios se han cometido en el estado desde entonces.
46 feminicidios se han consignado y/o judicializado.
16 feminicidios se registraron en 2015 y 2016.
