Los Moreira, Los Zetas y los campos de exterminio

Politicón
/ 25 junio 2020

Todo estaba listo para la “cumbre” de mafiosos que tendría lugar el lunes 10 de octubre en las inmediaciones de Atotongo de Abajo, en el municipio de Allende, Nuevo León. La inteligencia naval sabía de la reunión y no descartaba la asistencia del jefe zeta Javier Morales Valencia, El Shaggy, a quien le seguía la pista desde agosto pasado. Por eso ordenó patrullar la zona desde la víspera.

Ese lunes, en la madrugada, la patrulla de la Armada fue atacada con armas largas desde un vehículo en movimiento, tres kilómetros al noroeste de Atotongo. Los marinos repelieron la agresión y abatieron a los dos atacantes que resultaron ser el buscado Shaggy, también apodado El señor de los lentes o Bravo 1, y su jefe de sicarios, Jorge Luis Contreras.

Morales Valencia había asumido el liderazgo del grupo delictivo La Vieja Guardia o Grupo Operativo Bravo, tras la captura, el 11 de agosto pasado, de Luis Reyes Enríquez, El Rex o Z-12; y desatado un sangriento combate contra el Cártel del Noroeste (CDN). Se le responsabiliza, por eso, de ser uno de los principales generadores de la violencia que azota al centro de Tamaulipas y a Nuevo León.

El Shaggy era, además, el principal promotor de una serie de alianzas con los reductos del Cártel del Golfo en Matamoros, y de pactos de no agresión con los cárteles del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación. Buscaba así, amparado en un amplio círculo de protección institucional en los tres niveles de gobierno, recuperar el control territorial que el CDG ejerció bajó el mando de Osiel Cárdenas Guillén, ya extraditado a Estados Unidos.

Morales Valencia fue policía de Piedras Negras cuando Los Zetas llegaron al norte de Coahuila, entre 2004 y 2005, a reforzar al CDG. Para 2009 tenían bajo su control, incluido El Shaggy, a toda la policía municipal de la ciudad fronteriza. Desde ahí, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40 (detenido el 15 de julio de 2013), y Omar Treviño Morales, El Z42 (detenido el 4 de marzo de 2015), controlaban el municipio de Allende (pero éste del estado de Coahuila), al que habrían de convertir, según se sabe hoy, en el punto de partida de un enorme campo de exterminio que llega hasta Torreón.

Los entonces jefes de Los Zetas (de acuerdo con una investigación publicada el domingo pasado por El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) creían haber sido traicionados por tres integrantes de la organización: Luis Garza Gaytán, Alfonso Cuéllar y Héctor Moreno Villanueva. En venganza, se dieron a la tarea de desaparecer a 26 de sus familiares entre el viernes 18 y el domingo 20 de marzo de 2011. Dieciséis más (según consta en expedientes) habrían de correr la misma suerte después, en otros municipios. Declaraciones ministeriales ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila aseguran que esas personas fueron sacadas de sus casas, asesinadas de un tiro en la cabeza y después incineradas en tambos de diésel.

Fue así que muchos municipios coahuilenses se convirtieron en una enorme fosa clandestina, según se ha podido constatar con el hallazgo, en el ejido Patrocinio de San Pedro de las Colonias, a 80 kilómetros de Torreón. Ahí, en una grieta de enormes proporciones, se encontraron el año pasado 341 restos humanos y más de tres mil en lo que va de este.

El Shaggy es el último eslabón, hasta ahora, de la cadena de abusos y muerte que ha caracterizado a los gobiernos priístas de Humberto y Rubén Moreia, omisos ante estos graves hechos al igual que instancias federales como la CNDH y la PGR.

El moreirato, como se conoce en Coahuila a este sangriento período de su historia, no solo saqueó las arcas públicas con miles de millones de pesos, sino que permitió, por omisión o complicidad, que su territorio se convierta en el más grande campo de exterminio de la delincuencia organizada, con gobiernos que voltean para otro lado y ciudadanos que sobreviven horrorizados.

INSTANTÁNEAS. 1. DEMANDA. Andrés Manuel López Obrador demandó ayer por daño moral y difamación al diario estadounidense Wall Street Journal, que lo acusó de ocultar dos departamentos de su declaración 3de3. Exige una “cabal indemnización económica” que dice donará a algunos de los 15 mil niños mexicanos que son deportados cada año de Estados Unidos.

2. MICROFRANQUICIAS. La propuesta de facilitar la adquisición de franquicias a micro y pequeñas empresas fue de las mejor recibidas por los participantes en la Semana Nacional del Emprendedor, que se llevó a cabo en la Expo Santa Fe del 3 al 8 de octubre pasados, con el tema Industrias del Futuro. En ese contexto logró gran convocatoria el llamado MASISA Lab, una incubadora de proyectos innovadores presentado por el grupo maderero que dirige Ramiro de León.

rrodriguezangular@hotmail.com

@RaulRodriguezC

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