Gobierno de la República: urge su intervención en Nuevo León

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Opinión
/ 15 enero 2026

Solamente la intervención del Gobierno Federal puede asegurar que la perversión de las instituciones públicas de Nuevo León sea revertida a favor de la ciudadanía

Quienes conocen de cerca la realidad de lo que ocurre en el estado de Nuevo León, debido a la consolidación de un esquema de extorsión del que participan las instituciones de procuración y administración de justicia, así como cuerpos policiales y despachos de abogados, afirman que la única forma de superar la gravísima realidad actual es con la intervención del Gobierno de la República.

Y es que hoy por hoy, quien tiene la desgracia de caer en la trampa de quienes controlan el esquema delincuencial que ha capturado las instituciones públicas neoleonesas muy difícilmente puede escapar de esta. Y ello ocurre a pesar de que no se le enderece un caso complejo.

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Porque, debido a que la red de intereses existente controla todo el conjunto de instituciones del sistema de justicia, e incluso las creadas para defender los derechos de la ciudadanía, esencialmente no hay nadie a quien recurrir cuando se es víctima de un atropello.

Esto lo vivió en carne propia el Director General de VANGUARDIA, quien fue víctima de la fabricación de un delito que implicó perder la libertad durante casi dos días, la cual sólo recuperó debido a que se registró una manifestación abrumadora de solidaridad a su favor por parte del gremio periodístico, dentro y fuera del país.

Quienes no tienen la posibilidad de recibir ese tipo de solidaridad se encuentran totalmente inermes ante los apetitos de quienes, una vez lograda la captura, ponen en marcha un proceso de extorsión que, en algunos casos, ha llevado incluso a que las víctimas decidan quitarse la vida.

Alertar a las autoridades del Gobierno de la República sobre la necesidad de que se intervenga en este caso fue uno de los elementos de la charla que ayer sostuvo el Director General de esta casa editora con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El caso personal ha servido como ejemplo puntual, derivado de una experiencia de primera mano, que retrata la magnitud de la degradación institucional que se vive en Nuevo León. Pero el interés va más allá de solamente solicitar apoyo para la resolución del mismo.

Se trata, sobre todo, de visibilizar el fenómeno y llamar la atención sobre las múltiples víctimas de éste; de evidenciar cómo la actuación pervertida de quienes controlan las instituciones que debieran garantizar el ejercicio pleno de los derechos a los ciudadanos, ha ensombrecido la historia de muchas familias.

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Se ha expresado en dicha reunión un compromiso claro e inequívoco: una de las prioridades de Gobierno Federal, para el presente año, es combatir con eficacia el delito de extorsión, uno de los de mayor crecimiento en los últimos años y de los que más daño social provocan.

Habrá que confiar en el señalamiento y disponernos a ofrecer, de nuestra parte, la colaboración posible, hasta el límite de nuestras capacidades, para avanzar con rapidez y eficacia en la reversión del fenómeno que ampliamente hemos reseñado. Las muchas víctimas que aún están en prisión a causa de éste no merecen menos.

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