Los muertos de Peña Nieto; las cifras que el Gobierno mexicano se esfuerza en maquillar

Las muertes dolosas en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (menos de cuatro años) son incalculables. Existe un intento endeble -y refutable- por parte del Gobierno Federal por contabilizar el número que se convierte en una de las principales causas de muertes en el País. Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación son escandalosas: 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con muertes violentas en lo que va del Gobierno priista. Desde luego, no fue tema de relevancia en el Cuarto Informe Presidencial. Pese a lo posible en establecer una cantidad de víctimas por el delito de homicidio doloso, México está lejos de conocer a precisión las vidas que se pierden a raíz de la violencia y la inseguridad.

El Gobierno maquilla lo evidente, la violencia y la ausencia de un plan para combatir la delincuencia, prevenir la seguridad o procurar la justicia. Sumando los tres años concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder público, en promedio, cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos, sin embargo, el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho no evita la realidad que sacude con sangre al País.

LOS MUERTOS SON MÁS QUE NÚMEROS

La investigación realizada durante semanas por ZETA arroja la cifra: 78 mil 109 homicidios dolosos en el Gobierno priista. Dichos números, son resultado del número de víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informes homologados de las entidades, consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como suicidios en varios Estados, y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas por grupos armados, donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policiacas o de justicia acudan. Los más de 78 mil homicidios dolosos documentados son quizá solo una parte de la cara de muerte y crimen que el Gobierno pretende no reconocer. En esta nota, la tabla de las personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato peñista. Como se aprecia, los Estados más violentos con base al mayor número de ejecutados son: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas. Si consideramos únicamente lo que va de 2016, de enero a julio (al cierre de este trabajo aún no había concluido agosto), las diez entidades con más ejecutados resaltan así:

Haciendo el mismo ejercicio, pero proporcional a su población, es decir, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, los cinco Estados con más violencia per cápita son:

PAÍS ENSANGRENTADO, CIFRAS MAQUILLADAS

Respecto a Morelos, Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública, asegura en entrevista que los datos que tiene el Mando Único son “las mismas prácticamente” a las registradas por el Secretariado Ejecutivo Nacional de la SEGOB, pues “ya existe un sistema estadístico que se alimenta mes con mes. Nosotros somos transparentes y manejamos lo que es”. La explicación del Mando Único no es en vano, pues la desconfianza en las versiones oficiales es más que normal. Por ejemplo, las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación ha documentado desde 1997 se refieren a la “incidencia delictiva”, esto es, las averiguaciones iniciadas por homicidio y no al número de víctimas, aunque últimamente ha comenzado a generar ese trabajo. Para poner de muestra lo arriba citado están las cifras -ambas oficiales– entre la incidencia delictiva que maneja SEGOB y los datos de las defunciones por homicidio del INEGI.

En 2013, el Secretariado registró una incidencia de 18 mil 332, mientras que INEGI dio cuenta de 23 mil 63 víctimas. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10; 2015 no fue la excepción: 17 mil 28 casos por parte de SEGOB y 20 mil 525 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

HOMICIDIOS, UNA EPIDEMIA

El doctor Hiram Beltrán Sánchez es un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que publicó un artículo en enero de 2016 sobre el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de los mexicanos. El académico considera: “El problema que tenemos en México con los homicidios es que hay una lucha constante para poder saber si la información (oficial) es la apropiada y si están codificando bien, o están enmascarando la información”. Sin embargo, la realidad actual es que en el País “el impacto en la esperanza de vida es mucho menor de lo que debe existir, porque sabemos que hay muertes que se clasifican de otra manera, a pesar de que efectivamente fueron homicidios”. Al comparar las conclusiones del estudio con la situación actual del País, Beltrán Sánchez observa cómo la violencia pasó de estar focalizada en algunos Estados -la mayoría en el norte- a una distribución geográfica más generalizada. “Cuando hablamos de los homicidios como una epidemia nos referimos a la forma en que cambia este patrón. Si vemos la información más reciente, los datos muestran que la violencia se extendió en todo el País prácticamente”. Por ejemplo, en 2010, entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan bajas de homicidios que ni siquiera figuraban entre los principales Estados, “ahora Colima tiene una tasa más alta que Guerrero”, apunta. De ahí, el experto refiere la importancia de obtener información más precisa para saber “cómo se está transmitiendo” el fenómeno y detenerlo.

Ismael Urzúa Camelo, ex subprocurador de Justicia en Aguascalientes y ex funcionario de la SEGOB, también sabe que las cifras exactas son difíciles de conocer. Pero las “deducciones” son más fáciles. Sobre todo a partir del elemento de “averiguaciones que tenga PGR por delincuencia organizada en una entidad o región, cómo se reflejan en cuanto al homicidio. Si hay muchas averiguaciones, unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería haber un incremento en homicidios”, refiere. El ahora asesor del Senado de la República formula la interrogante: “¿Por qué los homicidios se mantienen estáticos, en su mismo nivel, si hay mucha delincuencia organizada? Porque sucede que la delincuencia los mata y los familiares, muertos de miedo, ya no denuncian, no quieren saber nada”. Además de que “cuando alguien que sufrió lesiones, muere, la autoridad no actualiza la información, la averiguación sí, pero en la estadística ya no lo dan de alta”, concluye.

PEÑA, EQUIVOCADO Y NECIO

Para Santiago Roel, director de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, Suspendidos, los agentes de la Policía Estatal preventiva, Johnny López Ruiz, Raúl Chávez Hernández, Liliana Lizbeth Marín Macías, Jony Félix Ortiz y Juan Carlos Santos Martha, se presentaron en las oficinas de ZETA para negar las acusaciones de violación, robo y abuso interpuestas en la Procuraduría del Estado y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por la señora Sonia González. Reconocen que el día en cuestión la ubicaron, aunque niegan haber ingresado el domicilio y manifestaron que la intervinieron cuando llegaba a la vivienda en el fraccionamiento Altabrisa sucedió el 15 de abril de 2016. Y que efectivamente, para cuando la localizaron ya tenían casi una semana buscándola con la información del auto que conducía. “Y por lo menos previas a la ubicación de la mujer, en dos ocasiones los jefes fueron con nosotros”, refirieron. De igual manera, explicaron que no se escondieron para realizar el operativo, porque informaron de la intervención paso a paso a sus jefes inmediatos, Lasatel Muñoz y Fabricio Ruiz, coordinador y subdirector, respectivamente, que era el protocolo que tenían marcado. Detallaron que la estaban buscando como integrante de una célula criminal dedicada al trasiego de droga a Estados Unidos, identificada como “La Doña”. “La abordamos y la entrevistamos afuera de su domicilio, y durante la entrevista primero lo negó, después se puso nerviosa y admitió ser ‘La Doña’, y conocer a Juventino Parra (detenido con 35 kilos de marihuana el 7 de abril, quien la identificó como su proveedora), dijo que ya no se dedicaba a la droga, ‘Me dediqué, pero ya no’”. Además, indicaron que previo a la intervención su jefe les había hecho llegar la ficha donde se informa que el FBI detuvo a la mujer el 25 de enero de 1989 por posesión de marihuana para su venta, bajo el caso 1226264-01474117.

Y como parte del análisis de datos, encontraron también que los paquetes de droga asegurados a Juventino Parra tenían el mismo engomado -un león y una corona- de otros 870 kilos de marihuana incautados en Otay Universidad (frente a Altabrisa) a Jesús Hernández Acevedo en diciembre de 2015. Este hombre había sido detenido como resultado de la aprehensión previa en octubre de 2015 de Ernesto Junior Delgado en el fraccionamiento Guaycura, con un kilo de cocaína. Y que al cuñado de la señora González lo habían detenido con droga también en dos ocasiones. Cuando se les recordó que incluso de ser cierto, ese no era argumento para violarla o cometer delitos en su contra, al unísono negaron haberlo hecho. Como parte de la intervención aseguran que la mujer les dijo que no tenía nada y que podían pasar a la casa, pero no lo hicieron, ni la detuvieron porque no traía nada. Y como prueba están las declaraciones de los policías municipales que respondieron a la denuncia anónima de hombres armados en la zona. “Ellos nos vieron afuera y así lo declararon ante el Ministerio Público”. “Yo fui quien más la entrevistó”, comentó López Ruiz, “y nos dijo que por qué habíamos ido si ella ya había pagado, así… nos dijo ‘A un tal Romero es al que yo le pago para que no me estén molestando, 6 mil dólares’”. — ¿Por qué no hablaron a central? “No, nosotros directamente nos manejamos con coordinador y subdirector y ellos esparcen la información a análisis, al director Montoya, y al secretario”. — En la PGJE tienen declaraciones de gente que dice que ustedes entraron a la casa. “Ella abrió el portón, dijo ‘Éste es mi domicilio, chécale, no tengo nada’. Del domicilio salieron el de nombre Alexis y su hija. Es falso, no entramos y en ningún momento andábamos encapuchados. “En el expediente consta que el policía comercial de apellido Ruiz se comunicó por radio con una mujer policía a la que le dijo que ‘Sí hay personas afuera del domicilio, me dicen que son PEP’. Después llegó el subjefe de la Policía Municipal 015, Pavel, quien se acerca y habla con nosotros, él también reporta que nos ve afuera del domicilio, y ve también a la señora González. “En su primera declaración dijo que sus atacantes habían sido militares, después, asesorada, dijo que éramos nosotros.

Sus versiones se contradicen”, manifestaron los agentes suspendidos. En su denuncia puesta el 18 de abril de 2016, Sonia González acusa a los policías estatales de haber ingresado ilegalmente a su domicilio para someterla, haber cometido violación impropia en su contra, e incluso haberla drogado y video grabado el ultraje, para al final robarle dinero y joyas.

El 13 de julio, la Dirección de Asuntos Internos de la SSPE inició la investigación administrativa A/168/2016 en contra de los seis oficiales que integraban el grupo de trabajo, aunque solo cuatro fueron identificados por la presunta víctima. Los estatales remataron: “También queremos desmentir que nosotros tengamos algo que ver con el aseguramiento de los 800 kilos de cocaína -decomisos en operativos del 8 y 13 de agosto- y con el robo de droga, desconocemos totalmente, no estuvimos en el operativo porque ya estábamos suspendidos de la corporación”. PEPs niegan acusaciones de abuso y violación.

El incremento del 17% en los homicidios dolosos en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015, es consecuencia de las disputas entre los cárteles. Sin embargo, el consultor, quien creó el mecanismo de medición de incidencia delictiva, el cual califica con verde, amarillo o rojo, según la situación de seguridad del país y en cada entidad, ve en el uso de las fuerzas policiales para el combate a las drogas, el trasfondo de la problemática. “La administración actual no quiere adoptar un cambio en las políticas de drogas por temor a pagar el precio en 2018, y por ese costo político seguiremos sufriendo la inseguridad en todo México”, consideró. En entrevista con este Semanario, el especialista señala que mientras en 2015 la información de Semáforo Delictivo –alimentada a su vez de Lantia Consultores indicaba una media de 677 ejecuciones del crimen organizado al mes, para julio de 2016 se contabilizó mil 80 homicidios relacionados con delincuencia organizada. “En el primer semestre del año, el 56 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de crimen organizado, pero hay Estados donde esta cifra está arriba del 80 por ciento, como Guerrero, Colima y Tamaulipas”, indica. Roel relaciona los constantes incrementos de índices delictivos en aquellos Estados con la presencia de dos a cuatro grupos delictivos en competencia por la plaza.

Un informe de la firma especializada en seguridad Stratfor, titulado “Los Cárteles en México Erosionarán en 2016”, proyecta que continuará la tendencia de fragmentación de cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más de 20 años. Tales divisiones ocurrirán dentro de las mismas organizaciones criminales, principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Ningún grupo criminal se mantendrá inmune a la descentralización y la reducción”, sentencia el reporte.

Es precisamente en la estrategia de combate al narcotráfico, donde Santiago Roel ve el principal problema del Gobierno mexicano, ya que la política antidrogas “le da el poder del mercado a las mafias, esto nos genera no sólo violencia de alto impacto, sino corrupción de alto impacto donde puede colapsar la autoridad por plata o por plomo”, opina. “Después de más de nueve años con esta estrategia de incremento de violencia en la guerra contra las drogas, cuando todos los indicadores son patéticamente negativos, ¿por qué tanta terquedad en una estrategia que no funciona? Ni nos protege de consumos (de droga), ni logra la paz”, exclama desde el auricular de su teléfono.

LOS MUERTOS QUE JAMÁS SE CONTARÁN

En diferentes entidades federativas, los asesinados nunca pasan siquiera por el escritorio de una autoridad. Chiapas es uno de los Estados que ha sido calificado como de los más seguros por el Consejo Nacional de Seguridad, sin embargo, está lejos de serlo. Pepe Gallegos, editor de El Heraldo, explica que durante los últimos años, “el narcotráfico y la trata de personas siguen invadiendo las páginas de las notas rojas de los principales diarios, quienes de forma discreta han tratado de minimizar el hecho más que por censura, por temor a represalias de los diferentes cárteles”, amén de la ausencia de la autoridad. El periodista cita algunos casos, como el de Ocozocoautla de Espinoza, “lugar donde tiene presencia un grupo armado llamado el Cártel de los Sapos, han aparecido cadáveres en lugares de extravío, algunos de ellos ni siquiera recogidos por el Gobierno”. Uno más. En Chamula se habló de un enfrentamiento donde resultaron al menos siete muertos en una balacera, pero los mismos habitantes indígenas no dejaron ingresar a las corporaciones policiacas o de justicia. “El ejemplo más claro -prosigue- fue el de una mujer que supuestamente se suicidó poniendo en su cabeza una bolsa de nylon y un lazo para luego aventarse a una cisterna, lugar donde fue encontrada; ese mismo día fue localizado el cuerpo de otra persona con signos de tortura, mutilada de los brazos y quemada en un lugar turístico”. Algo similar ocurrió en la capital del Estado hace un par de semanas. Un empresario de bares y cantinas, además de tener un taller mecánico, fue encontrado muerto en su automóvil, pero según la procuraduría estatal se trató de otro suicidio. Un comunicado de la PGJE de Chiapas confirmó que el hombre se causó la muerte haciéndose un torniquete para estrangularse en el cuello con una cuerda y un desarmador.

El narcotráfico y sus consecuencias, la omisión de un gobierno sin estrategia y las cifras irreales dejan indefenso a un país hundido en el narcotráfico, la violencia y la corrupción.