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Además de lo que ya se ha pagado, existen 11 procesos pendientes de resolución en los que en conjunto se reclama al Estado mexicano una cifra por 5 mil 973 millones de dólares

El Estado mexicano ha tenido que pagar al menos 865 millones de dólares en los años recientes a empresas extractivas, sobre todo mineras, que lo han demandado ante un sistema de arbitraje supracional aceptado en los tratados de libre comercio.

Así lo documentaron centros internacionales de investigación que presentaron el informe Casino del extractivismo, en el que hicieron un análisis de 38 casos de demandas promovidas por trasnacionales contra diferentes gobiernos de América Latina, que es la región con el mayor número de procesos de este tipo, con 29 por ciento de las querellas a escala global.

México es el tercer país más demandando del mundo. Además de lo que ya se ha pagado, existen 11 procesos pendientes de resolución en los que en conjunto se reclama al Estado mexicano una cifra por 5 mil 973 millones de dólares.

El reporte fue elaborado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional, Alerta Minera Canadá y el Instituto de Estudios de Políticas. De los 38 procesos contra América Latina, más de la mitad de las empresas son de origen canadiense y no contaban con alguna mina en operación, con lo que buscan obtener cuantiosas ganancias mediante estos procesos sin siquiera haber invertido.

En el documento se alertó que en los tratados de libre comercio o los bilaterales de inversión firmados por distintos países latinoamericanos con naciones de Europa, Estados Unidos y Canadá, incluyen cláusulas sobre solución de controversias entre inversionistas y el Estado que permite a las empresas extractivas evadir tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional, que en la mayoría de los casos termina favoreciendo a las compañías.

Las demandas de estas empresas se presentan regularmente porque los estados hacen cumplir sus leyes ambientales o de recaudación de impuestos, porque atienden recomendaciones de organismos internacionales para brindar garantías a los ciudadanos o porque han respetado los derechos de sus comunidades, sobre todo originarias.

El estudio fue presentado por Jean Moore y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autores del mismo. Alertaron que este tipo de procesos no sólo tiene la intención de que los estados paguen millonarias ganancias a las empresas extractivas, sino también generar un efecto de miedo que impida que un gobierno cumpla la ley o emprenda políticas en favor del pueblo, con tal de no verse involucrado en una demanda de este tipo.

Pérez-Rocha Loyo criticó que al elaborar el T-MEC, los representantes del actual gobierno hayan permitido este tipo de procesos favorables para las trasnacionales.