A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido relegadas a los espacios privados, la intimidad del hogar y a desempeñar labores de cuidado de la familia. Por eso uno de los mayores logros del siglo 20 es nuestro ingreso al espacio público, muchos años reservado exclusivamente para hombres; lo que implicó que no sólo los cargos fueran para varones, sino que la política se interpretara en códigos masculinos.

La lucha sufragista por la igualdad en el acceso a votar y ser votadas significó una puerta para otros derechos como los laborales, la ciudadanía o la educación. Más tarde se harían presentes otras exigencias pendientes materializadas en acciones afirmativas, cuotas de género y el principio de paridad, necesarias para compensar la desventaja estructural de un sistema patriarcal.

Sin embargo, estas acciones tienen poco eco si no se acompañan de medidas que permitan combatir problemas que afectan el avance en el reconocimiento de la igualdad sustantiva de las mujeres en la arena pública. Problemas que son normalizados, tolerados o aceptados como un riesgo inherente de la vida pública. Tal es el caso de la violencia política por razón de género.

Para la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la violencia política de género “es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso al ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Existen diferentes tipos de violencia política, como la simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y psicológica. En contextos electorales encontramos diversas formas. Una de las más preocupantes es la simbólica o “micromachismos”: actitudes, pensamientos y manifestaciones sexistas de machismo sutiles que son aceptadas e integradas en la sociedad. Estas son cotidianas y suelen normalizarse e invisibilizarse contribuyendo así a que se ejecuten impunemente.

Por ejemplo, el mansplaining: forma de violencia en la que se pretende minimizar a la mujer, sin que en apariencia se ejerza una actitud abiertamente machista. Como cuando el hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente asumiendo que sabe más. Una ilustración de esta la podemos apreciar en una parodia recientemente polémica, en la cual el comediante “Marco Polo” representó a una candidata a la gubernatura de Nuevo León filmando un spot electoral donde es corregida constantemente por su pareja, mostrándola subordinada intelectualmente a él.

Otro tipo es el manterrupting: cuando el hombre interrumpe el discurso de una mujer de forma constante, innecesaria e irrespetuosa, y generalmente cambia el sentido de la conversación, centrándose en su punto argumentativo. Aquí tenemos el caso del diputado José Gerardo Fernández Noroña que se refirió a la diputada Adriana Dávila Fernández como “es más bocona que la chingada (…) pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”. Las desafortunadas expresiones están dirigidas a devaluar y discriminar a su compañera a través de estereotipos y roles de género que envuelven percepciones sociales como “es mujer y debe tolerar ser censurada; debe callar cuando su opinión incomode; puede ser amenazada válidamente por una persona o colectividad por expresar sus ideas”.

Un último ejemplo es el gaslighting: abuso emocional encaminado a provocar desconfianza, ansiedad y depresión, haciendo creer que la mujer exagera las cosas, que está loca o que abusa de su imaginación. Así ocurrió con la candidata a diputada Andrea Navarro en Nayarit, a quién sus excompañeros de trabajo le orquestaron una campaña de desprestigio en redes sociales llamándola “loca y lesbiana”. Estas agresiones intentan mostrar una disminución mental e intelectual de sus capacidades, apelando a la falta de razón. Además se profiere el término lesbiana con una connotación peyorativa, que vinculada a la lesbofobia intenta fomentar miedo, odio o temor social entre el electorado.

La identificación de la violencia simbólica exige que sociedad y autoridades sean sensibles a los contextos de discriminación y violencia que afectan de manera grave los esfuerzos de la mujer para alcanzar la igualdad real y efectiva en la esfera pública. La agenda pendiente es hacer visible lo invisible, denunciar y no normalizar las conductas machistas. Un propósito ambicioso, pero no imposible.

 

La autora es directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA  y la Academia IDH