De acuerdo con un reporte que publicamos en esta edición, la Secretaría del Trabajo habría clausurado cuatro “minas” que operaban de forma clandestina en la Región Carbonífera de Coahuila.

Que tales operaciones se realicen de forma ilegal, es decir, sin cumplir con los requisitos legales exigibles, ya provoca extrañeza y obliga a cuestionar cómo puede llevarse a cabo una actividad de este tipo al margen de la ley.

Pero cuando se observan los detalles del caso el tema cobra una dimensión diferente pues aparentemente las minas no sólo operarían de forma irregular, sino que la dependencia que las clausuró lo hizo debido a que fue alertada mediante una “denuncia anónima”.

Un cúmulo de preguntas surgen de forma instantánea frente a tales revelaciones y demanda respuestas puntuales por parte de las autoridades:

En primer lugar resulta obligado cuestionar cómo es posible que la Secretaría del Trabajo no tenga la capacidad para detectar la existencia no de una, sino de cuatro minas operando sin las autorizaciones del caso.

Y si la pregunta es pertinente por sí sola, lo es más cuando recordamos que el presupuesto de la dependencia, en el plano federal, se multiplicó por 10 este año, al pasar de 4 mil 36 millones de pesos a 43 mil 269.

De hecho, como se informó en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador “presumió” el dato en mayo pasado, cuando dijo que la dependencia, a cargo de Luisa María Alcalde, tenía todos los recursos que hicieran falta para rescatar los cuerpos de los mineros muertos en la tragedia de Pasta de Conchos.

En segundo lugar resulta elemental cuestionar cómo se comercializa el carbón extraído de minas “clandestinas”, pues resulta lógico suponer que dichas operaciones comercializan su producto y no solamente lo extraen para almacenarlo.

Este segundo cuestionamiento cobra mayor relevancia cuando se recuerda que la comercialización del carbón constituye uno de los problemas de los cuales se han quejado los productores de la Región Carbonífera en los últimos meses.

Y es que, además, no existen muchos clientes a quienes pueda venderse el mineral. Por otro lado, en el caso específico de los pequeños productores, se sabe que prácticamente todos ellos comercializan su carbón a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), entidad que es controlada por el Gobierno de Coahuila.

¿En verdad nadie se daba cuenta de que había cuatro minas operando en forma irregular y por ello se requirió una “denuncia anónima” para que las autoridades se alertaran sobre los hechos y aplicaran la normatividad, cuyo cumplimiento están obligadas a vigilar?

La situación huele más bien a corrupción, a connivencia de autoridades que deciden “voltear para otro lado” e ignorar que se está violando la ley y con ello poniendo en riesgo vidas humanas.

Cabría esperar que frente a las preguntas formuladas la respuesta de las autoridades no sea el silencio.