"Nadie va a tomar el poder político en este país": Maduro

Internacional
/ 23 abril 2016

El Gobierno venezolano lanzó este viernes una dura amenaza sobre los siete parlamentarios que se encadenaron esta semana en la sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela

El Gobierno venezolano lanzó este viernes una dura amenaza sobre los siete parlamentarios que se encadenaron esta semana en la sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), localizado en Caracas, para exigir que se agilizaran los trámites para iniciar un revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El jefe del Estado ha advertido que no cederá a la presión de la oposición: “Nadie va a tomar el poder político en este país para entregarle la patria a la oligarquía y al imperialismo. El que busque violencia va a encontrar el camino a la cárcel, llámese diputado o como se llame”.

Las enardecidas declaraciones de Maduro se han producido después de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocara a una movilización masiva para el próximo miércoles para exigir al CNE –dominado por el chavismo– que desista en demorar la entrega del formato de planillas para recaudar firmas que activen este año un referendo revocatorio contra su gobierno.

La amenaza de mandatario venezolano ha sido secundada por el mismo poder electoral. Casi tres horas después del pronunciamiento del Jefe de Estado, Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE, ha anunciado que se estudian todas las acciones legales contra los siete diputados de la MUD y otros manifestantes opositores, que también tomaron oficinas regionales del organismo comicial el pasado jueves.

Oblitas ha preferido leer un comunicado ante la tensa situación. En el documento se califica a los parlamentarios y otros manifestantes como “grupos violentos” que, supuestamente, vulneraron la “institucionalidad democrática y al poder constituido en Venezuela” cuando tomaron oficinas del CNE.

Los diputados que se han encadenado durante cinco horas en la sede de esta institución en la capital son Juan Requesens, Conrado Pérez, José Antonio Mendoza, Marcos Bozzo, Milagros Paz, María Beatriz Martínez y Milagros Valera. Todos militan en el partido político Primero Justicia, que forma parte de la MUD, y cuyo líder es Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda y excandidato a presidente de Venezuela en dos elecciones.

El desalojo de estos diputados de la sede del CNE se produjo en medio de forcejeos con los militares y los simpatizantes del oficialismo. En esta algarabía hubo periodistas que denunciaron ser agredidos por la Guardia Nacional de este país.

Capriles insiste en que la oposición no se doblegará ante las intimidaciones del Gobierno. “El pueblo convoca y el pueblo revoca”, respondió este viernes a las amenazas de Maduro.

La pugna por el revocatorio apenas se ha iniciado. La oposición reclama desde el 9 de marzo al CNE que entregue unas planillas obligatorias para recoger, en una primera etapa, un 1% y luego un 20% de las firmas de los inscritos en el padrón electoral. Este es, apenas, el comienzo de un procedimiento establecido en la Constitución de Venezuela que concluye con la convocatoria a un referendo consultivo para remover o ratificar al presidente. Pero estos trámites están supeditados al poder electoral.

La MUD asegura que después del 28 de abril será tarde para sacar este año a Maduro del poder, pues es un proceso que demora siete meses o más. Por su parte, Maduro ha señalado que los planes de la oposición para removerlo de la presidencia están condenados al fracaso.

La marcha por el referendo

Como la toma no consiguió que el Consejo Electoral destrabara el proceso para comenzar un revocatorio, la oposición ha apelado a la presión en la calle. La MUD pretende regresar a la principal sede del poder comicial y sus oficinas regionales acompañados de la población. “La mayor movilización de presión popular de la historia de Venezuela comenzará este miércoles”, dijo el diputado Freddy Guevara.

Los opositores afirman que el camino hacia esta movilización estará colmado de obstáculos. Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, ha responsabilizado al CNE, encabezado por Tibisay Lucena, de posibles represiones en esta movilización.

La sede del organismo electoral está situada en el centro de Caracas, un terreno considerado como un bastión del chavismo y donde ya han ocurrido violentas trifulcas entre opositores y oficialistas.

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