Lo importante no es escandalizarnos ante la posibilidad de corrupción, sino preguntarnos si esta vez habrá consecuencias

Si se consultan los archivos de cualquier hemeroteca del país, fácilmente podrán identificarse aquellos temas que son abordados de forma cíclica por los medios de comunicación. Uno de ellos es el relativo a los informes de auditoría de los órganos de control del país.

En efecto, cada año la Auditoría Superior de la Federación, así como las particulares de las entidades del país, hacen público un informe mediante el cual ponen a disposición del público el resultado de las auditorías realizadas al ejercicio del gasto de los diferentes entes gubernamentales.

Sin falta, las entidades fiscalizadoras nos hacen saber cada año que el ejercicio del presupuesto público estuvo caracterizado por la persistencia de prácticas indebidas que van, desde la consignación inadecuada de la información relativa al gasto, hasta los actos de corrupción.

Las cifras que se manejan al final de dichos informes resultan a cual más escandalosas: cientos, miles de millones de pesos suelen ser observados, lo cual equivale a decir que los funcionarios públicos responsables de su ejercicio habrían incurrido en prácticas irregulares o abiertamente ilegales.

Este año no ha sido la excepción y la Auditoría Superior del Estado ha realizado observaciones por casi 2 mil 800 millones de pesos a la cuenta pública de la Universidad Autónoma de Coahuila y, de paso, ha planteado algunas hipótesis que obligarían a la realización de investigaciones que podrían concluir en el fincamiento de responsabilidades.

La administración de la UAdeC, sin embargo, salió ayer a rechazar la información hecha pública por la ASE y, a través de un comunicado de prensa, adelantó que habrá de solventar todas las observaciones “una vez que recibamos la notificación oficial de las mismas”.

Y eso es justamente lo que suele ocurrir cada año con este tema: la recreación de una obra en tres actos que implica crear una burbuja especulativa, mediante la publicación del informe de la ASE; recrear una breve polémica pública, mediante el cruce de declaraciones y, finalmente, condenar al olvido el tema, hasta que el ciclo se reinicie.

Por ello es que en torno a las multimillonarias observaciones que el ente auditor de Coahuila le ha realizado a la UAdeC, lo importante no es escandalizarnos frente a la posibilidad de que se trate de un signo de corrupción, o debatir respecto de la falsedad o veracidad de la información, sino preguntarnos si esta vez habrá alguna consecuencia.

La experiencia invita a no ser optimistas en este sentido, pues incluso si al final terminaran presentándose denuncias penales derivadas de los presuntos delitos cometidos en el ejercicio del presupuesto de “la máxima casa de estudios de Coahuila”, eso tampoco sería garantía de que habría castigo por la conducta observada.

Porque, tal como ha ocurrido hasta ahora, lo más probable en este caso es que la “polémica” surgida entre el ente fiscalizador y el fiscalizado -tras la publicación del informe de las auditorías- sea zanjada a favor del segundo.