Operativo Mochila Segura de Peña Nieto violó derechos de menores: CNDH

Ciudad de México. El operativo Mochila Segura que se aplicó en las escuelas de educación básica, públicas y privadas, de la Ciudad de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, violó los derechos humanos de los estudiantes, pues representa una "política criminalizadora contra la niñez mexicana", enfatizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Funcionarios del organismo nacional informaron que ese operativo (que consiste en revisar las pertenencias de los alumnos antes de entrar a los planteles escolares) seguía vigente hasta el pasado ciclo escolar, aun con el cambio de gobierno tanto federal como local, por lo que se confía en que para el siguiente periodo lectivo, que inicia el 26 de agosto, deje de implementarse.

Por ello, la CNDH dirigió la Recomendación 48/2019 al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la que acreditó que durante esos operativos se violentan los derechos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los estudiantes de los centros escolares e la capital del país.

"Tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron el operativo como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, este organismo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados, al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que esas acciones no contaron con un Protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos".

La CNDH afirmó que pese a que en el país se tienen leyes generales, locales y diversas disposiciones normativas para garantizar la educación en ambientes pacíficos y no violentos; docentes, personal administrativo, autoridades escolares y educativas desconocen su aplicación.

Por ello, consideró que ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.

Agregó que tal y como fue concebido y aplicado dicho operativo, "carece de un enfoque de derechos humanos, ya que presupone que niñas, niños y adolescentes cometerán algún delito; siendo que la obligación de las autoridades educativas y escolares, tal como lo dispone el artículo 42, primer párrafo, de la Ley General de Educación, es la adopción de medidas de protección y de cuidado que aseguren la preservación de la integridad física, psicológica y social de los educandos, sobre la base del respeto a su dignidad, mas no la creación de medidas de seguridad o de prevención del delito".

La CNDH reiteró que es impostergable contar con un protocolo general homologado de aplicación a nivel nacional para prevenir, detectar, atender, denunciar y sancionar la violencia escolar.

El operativo se implementó en enero de 2017, luego que el 18 de ese mes un estudiante de secundaria en MOnterrey, Nuevo León, introdujo un arma de fuego a su salón de clases, abrió fuego contra su profesora y compañeros, y después se disparó a sí mismo.

Al día siguiente, la CNDH solicitó medidas cautelares a la SEP, para que en cualquier acción relativa al operativo se atendiera el interés superior de la niñez y se previniera cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente a la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad, así como que en cualquier medida a aplicarse, se contara con la participación de los padres o tutores, de las autoridades escolares y de las propias niñas, niños y adolescentes.

El organismo nacional recomendó al titular de la SEP atender las observaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para determinar si es procedente la continuación del operativo y, en su caso, se aplique como medida de protección y cuidado en favor de los estudiantes, pero bajo un enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez; conformar un grupo multidisciplinario que analice el esquema de operatividad, funcionamiento, supervisión y análisis de resultados del mismo, y diseñe, publique y difunda el protocolo general y homologado para su aplicación a nivel nacional.

También le solicitó colaborar con el sistema educativo nacional para contar con un análisis y diagnóstico sobre la violencia en planteles de educación básica públicos y privados, a fin de elaborar y emitir un Programa Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar; realizar medidas adicionales y la impartición del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que deberá contener las directrices tendentes a la prevención y eliminación de cualquier forma de violencia en los planteles escolares, así como elaborar, desarrollar y ejecutar un programa de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos dirigido a todas las autoridades educativas y escolares, padres de familia o tutores, con el objetivo de que conozcan los derechos de los educandos, la forma en que niñas, niños y adolescentes pueden hacerlos efectivos y las obligaciones y responsabilidades de los participantes, como encargados de su custodia y protección contra toda forma de violencia.