OPS: muertes COVID superan el millón de personas en América Latina y El Caribe
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Lamentó que las vacunas sólo hayan llegado hasta ahora al 3 por ciento de la población
WASHINGTON, EU.- Más de un millón de personas han muerto por COVID-19 en América Latina y el Caribe, informó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.
“La vida de un millón de personas se ha visto truncada por culpa del COVID-19. Se trata de un hito trágico para todos los habitantes de la región”, dijo ayer Etienne, quien recordó que “esta pandemia está lejos de haber terminado, y está golpeando duramente a América Latina”.
Carissa Etienne lamentó que las vacunas sólo hayan llegado hasta ahora al 3 por ciento de la población y que la mayoría de países de la región dependen de los vaivenes en las existencias globales para recibirlas.
Según los datos publicados el viernes por la OPS, “un millón mil 781 personas han muerto a causa del virus SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe. Casi el 89 por ciento de esas muertes se produjeron en cinco países: Brasil (44.3 por ciento), México (22.1 por ciento), Colombia (8.3 por ciento), Argentina (7.3) y Perú (6.7 por ciento)”. “El 3 por ciento del total de muertes tuvieron lugar en Centroamérica y el 1 por ciento en el Caribe”, afirmó la OPS.
“La región es un epicentro del sufrimiento del COVID-19. También debería ser un epicentro para la vacunación”, subrayó Etienne, que recordó que “más de 153.5 millones de personas han sido vacunadas en las Américas, pero sólo el 21.6 por ciento de ellas están en América Latina y el Caribe.
PIDEN SUSPENDER PATENTES
Más de 60 países en desarrollo, liderados por India y Sudáfrica, enviaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) una versión revisada de su propuesta de suspensión de patentes en las vacunas y otros productos contra el COVID-19, en el que especificaron que tal suspensión debería durar al menos 3 años.
La propuesta de 62 países (entre ellos dos latinoamericanos, Venezuela y Bolivia) modifica ligeramente la presentada el 2 de octubre de 2020, a raíz de que no se haya conseguido un consenso en más de medio año de debates, y subraya que la suspensión “debería estar en vigor al menos tres años desde que se tome la decisión”.
