Pese a estar su salud en riesgo, autoridades de Sinaloa niegan aborto a adolescente que fue violada

Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

El pasado jueves 29 de noviembre, una menor de edad ingresó a la Cruz Roja de Culiacán, Sinaloa. La adolescente había estado sintiendo dolores agudos en el vientre y sus hermanos la llevaron al centro de emergencias. Ahí les comunicaron que quizá estuviera embarazada y con una amenaza de aborto.

La menor había ido a pasar unos días a su pueblo natal en Oaxaca, donde fue víctima de una violación. No se lo había dicho a nadie. Apenas un rato antes de acudir a emergencias se lo había contado a su hermano. En la Cruz Roja les informaron del probable embarazo y la canalizaron al Hospital General. Ahí le confirmaron que tenía 16 semanas de gestación, amenaza de aborto y una infección en las vías urinarias, por lo que la trasladan al Hospital de la Mujer de Culiacán.

En esa institución, la menor le informó al personal de la violación y solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como es su derecho, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, NOM 046. Ésta establece que una mujer víctima de agresión sexual tiene la opción de recurrir a ese procedimiento. En el caso de las menores de edad, mayores de 12 años, basta con que ellas mismas la soliciten. No necesitan ni el consentimiento de sus padres ni de un tutor. Y no es necesario que interpongan una denuncia, basta con su dicho de buena fe.

Pero en el Hospital de la Mujer no procedieron a practicarle la ILE, dice Verónica Cruz, abogada y directora del centro de derechos humanos y femeninos Las Libres de Guanajuato, que está acompañando el caso de la menor. “En lugar de eso le suministraron medicamentos para evitar el aborto natural”.

Al día siguiente, el viernes 30 de noviembre, se presentó en el hospital, cuenta la abogada, Antonio Cota, de la agencia del ministerio púbico especializado en violencia contra las mujeres. Sin que hubiera un familiar presente ni su abogado, Cota tomó la declaración de la menor, a quien “le dijo que era muy delicado lo que estaba pidiendo, que lo pensara bien porque era un delito y después la podían meter a la cárcel en cuanto cumpliera los 18 años”, denuncia la abogada.

Los familiares de la adolescente solicitaron el apoyo del colectivo No Se Metan Con Nuestras Hijas, de Culiacán, al que Cruz acaba de darles una capacitación para el acompañamiento de mujeres víctimas de violación. “Ellas me llaman el sábado y me dicen, hay un caso justo como tú nos describiste, qué hacemos”.

El colectivo acudió el lunes 3 de diciembre con Jesús Alfredo Logan Ureta, jefe de medicina legal del Hospital de la Mujer para solicitar el procedimiento, pero éste se los negó argumentando, afirma Cruz, “que en ese hospital no aplicaba la NOM 046, ni los derechos humanos, ni los tratados internacionales, solo la reciente reforma a la Constitución del estado de Sinaloa para proteger la vida desde el momento de la concepción”.

Sinaloa es la entidad número 19 en hacer esta modificación, después de que otros 18 estados la hicieron, en lo que se ha catalogado por colectivos feministas y de defensa de derechos humanos como una respuesta a la NOM 046, para impedir que las mujeres víctimas de violación acceda a la Interrupción Legal del Embarazo.

El 28 de septiembre pasado, el último día de la anterior legislatura, la LXIV, del Congreso del estado de Sinaloa, con mayoría del PAN, se aprobó esa reforma a la Constitución estatal. Hoy jueves, en Aguascalientes se presentará al pleno la iniciativa para hacer lo mismo. Y en Nuevo León está próxima a discutirse.

El de la menor en Sinaloa, dice Cruz “es un caso clarísimo, es simbólico, de cómo se reforman las constituciones en los estados para tratar de impedir que se aplique la NOM 046, incluso el médico legal del hospital nos enseñó unos oficios donde meses antes ya habían autorizado abortos legales y justo nos dijo: pero ya no, porque ahora la Constitución dice que tenemos que proteger la vida desde la concepción”.

La abogada cuenta que aunque le explicaron que esta NOM es de orden federal y su obligatoriedad está basada en el principio pro persona, establecido en la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, en la cual se señala que la autoridad debe aplicarle a una persona la ley que más la proteja, el hospital no accedió a efectuar la ILE.

“Parece que, en efecto, han procedido a reformar las constituciones de los estados no solo para impedir que el aborto sea legal, sino para blindarse por las causales que ya están reconocidas en la ley y seguir negando la interrupción del embarazo”, afirma Cruz.

Ese lunes 3 de diciembre por la noche, recibió a las activistas, el secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, el encargado jurídico de la Secretaría de Salud, el sub secretario y el director del Hospital de la Mujer para decirles que iban a revisar el caso y que solicitaran por escrito el procedimiento.

Para supuestamente actuar, el director del Hospital de la Mujer de Sinaloa, Oscar Garzón López, exigió un oficio donde se asentara que ya existía una denuncia y que debía aplicarse la NOM 046, “eso no es necesario, pero aceptamos para acelerar las cosas”, cuenta la abogada.

Fueron entonces a la fiscalía especializada en delitos sexuales de Culiacán para solicitar que se emitiera una medida cautelar para que el hospital procediera. “Marlene Medina López, titular de la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres, la Familia y Grupos en estado de Vulnerabilidad, nos dijo que ella no podía darle órdenes al Hospital, que además de acuerdo con la reciente reforma a la Constitución local lo que se estaba pidiendo era matar una vida”.

Cruz, que para entonces ya se había trasladado a Sinaloa para asistir personalmente en el caso, acudió el pasado miércoles 5 de diciembre a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde la visitadora adjunta, Cynthia del Rincón Castro, le aseguro que en Sinaloa no aplica la NOM 046 ni los derechos humanos.

“Como empezamos a protestar, salió el visitador general, Miguel Ángel Calderón, nos dijo que nos iba a apoyar, que iba a hablar con las autoridades. Obtuvimos entonces el oficio y el hospital accedió al procedimiento, pero aceptaron ingresar a la niña hasta el pasado 10 de diciembre y entonces el director nos dijo que ese día, lunes, no había ningún médico no objetor de conciencia que pudiera realizar el aborto”.

Había que esperar al martes, pero quien se presentó fue la subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Estatal del DIF, Liliana Pimentel, “diciendo que ella era la tutora real de la menor, que no iba a permitir el aborto y que ya tenía una familia para la adopción”.

Fue lo ultimo, después de eso y de que las enfermeras le estuvieran diciendo que no abortara porque eso sería ser una mala madre, la familia y las activistas sacaron a la menor del hospital, apenas hace dos días, el pasado martes, y la trasladaron a la CDMX, para que proceda la ILE.

Eso deja claro, dice Cruz, como ya se sabía, que solo si tienen un acompañamiento de este tipo o dinero para viajar, por su cuenta, a la CDMX, es que las niñas víctimas de violación puede acceder a su derecho a la ILE, “de lo contrario están obligadas a continuar con la gestión, bajo la presión y la amenaza de todas las autoridades que debían apoyarlas”.