Poder Judicial: los escandalosos escándalos

En las sociedades democráticas, el Poder Judicial actúa como garante del respeto a las normas constitucionales y legales. En otras palabras, este poder actúa como un dique de contención en contra de los excesos en el ejercicio del poder público –o en la actuación de particulares– a fin de garantizar la prevalencia del estado de derecho.

Esta fórmula teórica, sin duda adecuada y deseable, pierde significado y se vacía de contenido, cuando los actos de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas se registran de espaldas a todo lo deseable, pues la receta sólo resulta creíble cuando los ciudadanos pueden verla materializada en los hechos.

Un ejemplo lamentable de esta circunstancia lo constituye el Poder Judicial de Coahuila, institución caracterizada, en los últimos años, por su participación en escandalosos episodios en los cuales puede percibierse el olor a todo, menos a honestidad en el ejercicio de la función pública.

El más reciente de estos escándalos, y del cual VANGUARDIA publicó el jueves pasado un seguimiento relevante, es el relativo al denominado “megafraude”, perpetrado con la aquiescencia de al menos media docena de jueces civiles de Coahuila, quienes se habrían amafiado –literalmente– con funcionarios del Infonavit, para procesar, en Torreón, Sabinas y Parras de la Fuente, cien mil casos de créditos hipotecarios de manera irregular.

Los casos a los cuales se hace referencia corresponden a créditos otorgados por el Infonavit a derechohabientes incumplidos, es decir, a personas cuyos pagos se interrumpieron por más de nueve meses.

De acuerdo con las reglas de la dependencia, quien ha incurrido en tal irregularidad puede ser llevado a juicio y, una vez vencido en tal procedimiento, es posible dar por cancelado su crédito y, en consecuencia, colocar su vivienda en subasta.

El secreto del “megafraude” cometido en Coahuila estriba en un curioso detalle: la inmensa mayoría de los juicios radicados en la entidad corresponden a viviendas construidas fuera  del territorio estatal.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Infonavit, la mayor parte de los juicios civiles radicados en el estado, corresponden a casas construidas en la Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León y Baja California. En Coahuila sólo de construyeron alrededor de 16 mil 500 de las 100 viviendas sobre las cuales se iniciaron juicio hipotecarios en juzgados locales.

El Consejo de la Judicatura Estatal informó, desde mediados de diciembre pasado, la apertura de una investigación en contra de 18 funcionarios judiciales por este caso lo cual implica, al menos en teoría, haber tomado cartas en el asunto.

Lo relevante aquí, sin embargo, es preguntarse cómo uno de los poderes de nuestra entidad se convirtió en el campeón de la defraudación a la ley a nivel nacional, pues de acuerdo con la nueva administración del Infonavit, de todos los juicios hipotecarios iregulares iniciados por esa dependencia en todo el País, el 38 por ciento se radicaron en Coahuila.

Frente a estas cifras resulta obligado preguntarse, ¿cuáles controles ha diseñado e implementado el Consejo de la Judicatura estatal –si acaso ha implementado alguno– para promover la honestidad entre sus integrantes? ¿Cuál código ético promueve y hace cumplir el Poder Judicial a sus miembros y cómo es posible verlos tan fácilmente involucrados en hechos presuntamente ilícitos y a gran escala?

Sin duda es necesario escuchar una respuesta a estas interrogantes por parte de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Pero a partir de los hechos a la vista, es posible adelantar una hipótesis: escándalos como éste se fraguan aquí porque existe una cultura permisiva y un escaso –para no decir nulo– compromiso con la más elemental decencia en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Y lo anterior puede afirmarse porque el caso de los juicios irregulares del Infonavit no es el único en el cual puede encontrarse evidencia al respecto.

Hace unos días, como lo documentó VANGUARDIA en su momento, quedó al descubierto la existencia de una estrategia para proteger a Javier Villarreal Hernández, impulsada desde dentro del Poder Judicial, la cual tendría como propósito ocultar información pública relativa a los juicios iniciados en nuestra entidad en contra del ex todo poderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira.

En esta misma línea resulta obligado recordar el caso Ficrea, un episodio merced al cual se puso al descubierto cómo a los funcionarios judiciales de Coahuila les gusta apostar el dinero público en los garitos de la especulación financiera. El caso, como se recordará, implicó la pérdida de 126 millones de pesos, pese a lo cual no hay un sólo funcionario sometido a proceso.

La evidencia, pues, parece hablar por sí sola: el Poder Judicial de Coahuila, lejos de asumirse como garante del estado de derecho y promotor de la cultura de la legalidad, parece determinado a convertirse en uno de los principales exponentes de la cultura opuesta, es decir, la de la impunidad.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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