Congreso del Estado modifica el Código Penal. ESPECIAL
Servidores públicos estarán obligados a reparar perjuicio. Aun si lo cometen hasta un año después de su encargo

Los funcionarios de Coahuila que incurran en enriquecimiento ilícito estarán obligados a reparar el daño por el delito cometido. Además, podrán ser juzgados aun cuando se acredite que cometieron el acto ilegal hasta un año después del término de su encargo como servidor público.

El Congreso del Estado aprobó ayer reformas a los artículos 455 y 457 del Código Penal de Coahuila, para ampliar los alcances al juzgar el delito de enriquecimiento ilícito en la entidad. El dictamen se basa en una iniciativa de la diputada del PAN, Rosa Nilda González Noriega.

Con el dictamen aprobado, los servidores públicos de la entidad podrán ser juzgados por aumentar, sin acreditar la legítima procedencia, en desproporción sustancial su patrimonio durante el tiempo de su encargo, pero también cuando lo hubiera cometido un año después de concluida su labor pública.

Por otro lado, se aprobaron modificaciones al artículo 457 para imponer penas adicionales a las que ya estaban contempladas en el ordenamiento, como lo son prisión y multa. Ahora también tendrán que reparar el daño cometido.

“Además de las penas señaladas en el artículo precedente, se impondrá al servidor público, el decomiso del dinero, bienes y valores que obtuvo ilícitamente, además de la reparación del daño a que haya lugar”, señala ahora el articulado en cuestión.

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que fue la encargada de emitir el dictamen, consideró que la reforma era necesaria para fortalecer el sistema jurídico del estado en materia de combate a la corrupción.

“Cada vez más se hace imperiosa la necesidad no sólo de prevenir o castigar este tipo de prácticas corruptas, sino también la de recuperar esos fondos saqueados, nuestro código contempla que se impondrá al servidor público, el decomiso del dinero, bienes y valores que obtuvo ilícitamente”, consideró la comisión.

El Código Penal del Estado contempla castigos de 2 a 9 años de prisión y multa. En ambos casos, el cálculo depende del monto al que asciende el enriquecimiento ilícito.