Postergan hasta enero audiencia contra Javier Villarreal extesorero de Coahuila
Por tercera vez se difiere cita judicial donde se definirá su futuro; en Coahuila insisten en sanción administrativa
Con información de Alejandro Montenegro / Édgar González
Por tercera ocasión, la audiencia clave dentro del juicio que se le sigue a Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, en Estados Unidos se pospuso.
La cita judicial estaba programada para hoy, pero fue diferida hasta para el 9 de enero de 2018. La Corte del Distrito Oeste de Texas tiene contemplado que para esa fecha se dé la sentencia condenatoria.
“Se ordena que el caso autorizado y enumerado abajo se reestablece para su sentencia en el salón 3 de la Corte, en el primer piso del Palacio de Justicia Johtn H. Wood Jr” señala el documento”, “en San Antonio, Texas, el martes 9 de enero del 2018 a las 09:30 horas”, se dice en un documento firmado por el juez de distrito Xavier Rodríguez.
Villarreal enfrenta un proceso por los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado, luego de que en septiembre de 2014 se declarara culpable de estos delitos, sin embargo, a finales de ese año recibió el beneficio de la libertad condicional.
Homero Ramos, ahora fiscal general interino del Estado, señaló en diciembre de 2016 que Coahuila está a la espera de la definición judicial en Estados Unidos, para así solicitar la extradición de Villarreal.
Se mantiene inhabilitación por 10 años en Coahuila
La inhabilitación por 10 años a Javier Villarreal y Sergio Ricardo Fuentes Flores, señalados en el caso de la megadeuda de Coahuila, sigue firme ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas porque no se ha notificado de algún recurso legal que diga lo contrario, explicó Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.
Ambos funcionarios fueron sancionados el 9 de noviembre de 2011 por negligencia administrativa. De acuerdo con el Reporte de Servidores Públicos Sancionados, Villarreal Hernández y Fuentes Flores fueron inhabilitados por 10 años para ejercer cualquier cargo público, es decir, hasta el 29 de noviembre del 2021.
“Quedó firme. Creo que los dos se fueron al amparo. Lo que siguió queda en el ámbito de la Procuraduría. Nosotros aplicamos sanción administrativa”, explicó el Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
