Presidente salvadoreño se reunió con líderes por caso de jesuitas
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Entre el viernes y sábado se logró capturar a cuatro de los 17 militares por la llamada masacre jesuita que ocurrió durante la guerra civil (1980-1992).
SAN SALVADOR.- Los líderes de partidos políticos salvadoreños se reunieron hoy a puertas cerradas con el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, con el fin de tratar las capturas de ex militares reclamados por España por la llamada masacre jesuita que ocurrió durante la guerra civil (1980-1992).
Al finalizar la reunión, definida como "estrictamente privada", el Gobierno emitió un comunicado en el que expresa que ser "absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos", y que por ello se llevaron a cabo las detenciones de los reclamados.
El viernes pasado, en horas de la noche, la policía salvadoreña inició un operativo para cumplir con la orden de arresto dada por el juez español Eloy Velasco a la Policía Internacional (Interpol). Entre el viernes y sábado se logró capturar a cuatro de los 17 reclamados, 16 de los cuales están en El Salvador.
El gobierno de Sánchez Cerén reafirmó "su compromiso con la institucionalidad y con el cumplimiento de los principios establecidos en los Acuerdos de Paz, que abrieron el camino para la justicia, la reparación, el perdón y la reconciliación". También reconoció "el nuevo rol que juega la Fuerza Armada en el cumplimiento y respeto de la Constitución".
Familiares de los militares perseguidos y prófugos de la justicia aseveraron que "no se entregarán" a las autoridades, exigieron la libertad inmediata de quienes fueron apresados y negaron la legitimidad de una posible extradición a España.
El 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil, una unidad élite de la Fuerza Armada penetró en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a sangre fría a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas domésticas. Entre los asesinados estaban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente. Ambos, así como otros tres sacerdotes muertos, eran españoles.
Por su parte, los líderes de la derecha local defienden a los ex militares, y aseguraron que la captura es ilegal y contraria a los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en 1992, que pusieron fin a la guerra civil.
Jorge Velado, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Manuel Rodríguez, líder del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), rechazaron públicamente las capturas y negaron la posibilidad de las extradiciones a España.
Los políticos derechistas aseguran que el caso de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 ya ha sido juzgado y que la justicia salvadoreña ya falló en contra de las capturas y las extradiciones de los ex militares.
Los líderes de la derecha salvadoreña aseguran que "no se deben abrir heridas del pasado". Además, aseveraron que ellos también fueron víctimas de crímenes, como asesinatos y secuestros, por parte de la guerrilla.
Los ex militares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas fueron capturados entre el viernes y sábado pasado y están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por un tribunal que decidirá su extradición.
Entre los ex militares prófugos de la justicia están los ex generales Humberto Larios, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Bustillo, todos del Alto Mando que dirigió la guerra en El Salvador y presuntamente planearon el asesinato de los jesuitas.
Todos los perseguidos son señalados por la Comisión de la Verdad (1993) de Naciones Unidas (ONU) como criminales de lesa humanidad.
La guerra iniciada en 1980 y concluida en 1992 a través de una negociación de Naciones Unidas (ONU) tuvo un costo de 70.000 muertos, 8.000 desaparecidos y un millón de refugiados. Una vez terminado el conflicto se impuso una amnistía que está vigente y que ampara a militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad.
