'Prestanombres' de Javier Duarte confiesan fraude y complicidad de notarios públicos

Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

Empleados de mantenimiento o limpieza, secretarias, recepcionistas, mensajeros, veladores, choferes de mudanzas, estilistas, y hasta un albañil analfabeta. Todos empleados de un despacho de contadores y personas de bajos recursos que fueron convertidos, en el papel, en flamantes empresarios con la complicidad de notarios públicos. 

Fue una simulación a la que siguió otra: la de funcionarios que fabricaron licitaciones que nunca ocurrieron, por bienes que no se entregaron, y donde incluso se expidieron contratos con firmas falsificadas para que los mencionados “empresarios” no se enteraran que se les adjudicaban millones y millones de pesos del erario.

Así se fraguó y ejecutó uno de los mayores desfalcos de recursos públicos de los que haya registro en México: el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos a través de empresas fantasma en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Se trata del fraude revelado en su momento por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad pero que ahora es confesado directamente por 17 de los implicados, entre accionistas de las empresas fachada y exfuncionarios, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las declaraciones fueron recabadas entre enero y marzo de este año por la Fiscalía y forman parte del expediente con el cual se solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra de 25 personas, entre los que se encuentra el exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá y el contador Víctor Manuel López Gachuz, propietario del despacho de contadores implicado en la creación de las empresas fachada.

Por ahora las investigaciones de la Fiscalía se han centrado en los pagos por poco mas de 100 millones de pesos que salieron del DIF de Veracruz a seis empresas fantasma, en los dos primeros años del sexenio de Duarte y con Karime Macías al frente de ese organismo.

Los testimonios arrojan elementos nuevos o confirman otros, como por ejemplo las actuaciones irregulares de los notarios públicos que constituyeron estas empresas dando fe de hechos que eran falsos, y el involucramiento del despacho de contadores.

Hay además la declaración de la exjefa de licitaciones del DIF Veracruz en la que señala que en 2017 quiso confesar ante la autoridad todo lo que había ocurrido tras los reportajes publicados, pero que no lo hizo pues su exjefe le advirtió que “se meterían en problemas” y que detrás de todo había “personas peligrosas”. Hoy, señala que teme por su vida y la de su familia.

10 de las 25 personas en contra de las que se giraron las órdenes de aprehensión ya fueron detenidas. Este jueves, un juez determinó vincularlos a proceso por diversos delitos entre ellos el de asociación delictuosa. Tarek y Gachuz continúan prófugos.

Falsos empresarios y notarios mentirosos

12 personas que figuran como accionistas de las empresas fantasma rindieron declaración ante los fiscales. Todos confesaron que no son empresarios y que, en general, accedieron a firmar papeles cuyo contenido no conocían, o que en el mejor de los casos les dijeron que estaban relacionados con alguna empresa, pero sin saber que serían utilizadas para desviar recursos públicos.

Peritajes practicados a los contratos concedidos por el DIF de Veracruz a estas compañías fortalecen la versión de estos falsos empresarios, pues se confirmó que sus firmas fueron falsificadas en los documentos, un hecho que también se había evidenciado en el reportaje publicado por Animal Político en 2016.

Ocho de los 12 falsos empresarios laboraron como trabajadores o colaboradores eventuales del despacho de López Gachuz. Entre ellos hay una secretaria, una recepcionista, dos trabajadores de mantenimiento, una auxiliar de oficina, un mensajero, un velador, y una auxiliar de contabilidad.

Por ejemplo, el señor Pedro Francisco Corona Montes dijo que su jefe en el despacho le propuso que si firmaba unos papeles y daba una copia de su credencial de elector le ayudarían con 1 mil 600 pesos mensuales, pago que recibió por aproximadamente 5 meses. Añadió que a “varios compañeros de mantenimiento” los usaron de la misma forma.

Otros cuatro accionistas de las compañías fantasma que rindieron declaración no eran empleados del despacho pero sí personas de bajos recursos que afirman que, por casualidad, conocieron a alguna persona que les propuso firmar documentos a cambio de algún apoyo. Entre ellos hay un chofer de mudanzas, una estilista, y un monitorista.

Pero el caso mas extremo es el de Luciano Sánchez Díaz, quien dijo que siempre ha trabajado como albañil y que no sabe leer, pero que accedió a firmar unos documentos porque un contador de nombre “Noé” (posiblemente ligado al referido despacho de López Gachuz) le pidió que “le echara la mano para constituir una empresa” a cambio de 5 mil pesos que, en realidad, nunca le pagó.

Independientemente de su perfil hay un hecho en el que coinciden todas estas personas: que los notarios que constituyeron las empresas fantasma mintieron. Esto ya que, por ejemplo, en las actas constitutivas los notarios dan fe que los accionistas aportaban hasta 50 mil pesos para constituir dichas sociedades, un hecho que los falsos empresarios negaron. Al contrario, ellos accedían a cambio de algún poyo.

Tres de los entrevistados relatan que “fueron llevados” ante oficinas que podrían haber sido las notarías y que ahí les indicaron el papel a firmar directamente pero sin que les explicaran nada más. Pero el resto afirma algo peor: que ni siquiera fueron a las notarías a realizar el trámite y que solo firmaron papeles que la persona que los convenció les entregó.

Es el caso de Moisés Jiménez García, accionista de la empresa Anzara SA de CV, que fue constituida, según su acta constitutiva, ante el notario público numero 19 del municipio de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto. Pero en su declaración, Jiménez señala que él nunca ha ido a ese municipio, y que el papel que firmó se lo dio un licenciado en Boca del Río.

En la misma situación se encuentra el señor Luciano Sánchez, quien aparece como accionista de la empresa Ravsan Servicios Múltiples SA de CV supuestamente constituida ante la fe del notario público numero 2 del municipio de San Andrés Tuxtla, Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel. Pero Sánchez sostiene que en su vida ha ido a ese municipio, y que solo firmó unos papeles que le mostró el referido contador “Noé” en Veracruz.

Otros notarios que constituyeron empresas fantasma en actos simulados según las declaraciones asentadas en la investigación fueron el notario 29 de Veracruz, Julio Alejandro Hernández Gallardo; el notario público numero 10 de Córdoba, Francisco Montes de Oca López; y el notario número 11 en Boca del Río, Alberto Javier Robles MIjares.

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