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El diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, arroja a Coahuila como una de las entidades federativas con mayor incidencia de personas con discapacidad respecto a la población total

En Coahuila las personas con discapacidad representan el 4.5 por ciento de la población total, de ellas el 80 por ciento está en una etapa económicamente activa pero sólo el 40 por ciento tiene un empleo, informó el diputado Jesús Andrés Loya Cardona.

Lo anterior fue expuesto por el legislador del PRI, Loya Cardona, al pugnar ante el Congreso del Estado para que se reforme y adicionan diversas disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad y adultos mayores en el sector público.

Además, el diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, arroja a Coahuila como una de las entidades federativas con mayor incidencia de personas con discapacidad respecto a la población total, con un nueve por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2014 la tasa de participación económica de la población de 60 años y más era de 33.7 po ciento.

Incluso el estudio “Costos e impactos de la discriminación laboral hacia los adultos mayores en la economía familiar” del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), informa que el acceso al empleo para los adultos mayores es reducido y son discriminados, expresó.

El diputado señaló que en Coahuila hay distintas legislaciones que, en su propio ámbito de competencia, buscan erradicar la discriminación como la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado.

Este ordenamiento prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, es otro ordenamiento que reconoce el derecho al trabajo y establece que “El Estado, los Municipios así como las dependencias y entidades que los conforman, propiciarán la contratación de personas adultas mayores”.