Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional / Foto: Archivo
Aseguran que de no hacerlo, el partido quedaría aún más afectado en su credibilidad
Es necesario que el partido y el presidente nacional definan y se decida de quitarnos a estos exfuncionarios, porque sí traerían como consecuencia una afectación a la credibilidad del PRI”
Armando Barajas, dirigente de la corriente interna priísta Solidaridad

CDMX.- Contra el exgobernador priísta de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no sólo no han avanzado las carpetas de investigación iniciadas por probables actos de enriquecimiento ilícito.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde una corriente considera que estos probables actos de corrupción provocaron la derrota en la elección del pasado 5 de junio, el mismo estancamiento tiene una denuncia que no ha logrado expulsar al chihuahuense de ese instituto político.

“Estamos ya a tres meses de retraso”, dijo Armando Barajas, dirigente de la corriente interna priísta Solidaridad y que, en julio de 2016, interpuso la denuncia interna para la expulsión de Duarte Jáquez y otros tres exmandatarios del tricolor.

El plazo para resolver estos procedimientos fue fijado por el propio Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien, en octubre, en entrevista en Televisa, aseguró que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se pronunciaría sobre Duarte Jáquez y sobre el quintanarroense Roberto Borge Angulo antes del fin de 2016.

“Tiene que seguir la investigación. Es uno de los procedimientos que sigue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y también que sigue la autoridad federal”, dijo Ochoa Reza entonces, cuestionado por el caso de Duarte Jáquez.

“El primero que se analizó fue Veracruz, ya con la resolución de suspenderlo del partido cuando aún era Gobernador y ahora la expulsión (…) ahora sigue el caso de Quintana Roo y el de Chihuahua bajo estudio de la comisión (…) y lo que me ha señalado la comisión es que estarán resueltos antes de terminado este año”, agregó el dirigente.

A ocho meses del inicio de la denuncia y más de cuatro de la fecha anunciada por el dirigente, sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ha procedido sólo contra el veracruzano Javier Duarte de Ochoa –ya expulsado y, además, prófugo–, y contra el quintanarroense Roberto Borge Angulo –suspendido en sus derechos como priÍsta–, mientras que el exmandatario de Chihuahua continúa en las filas del tricolor.

MEDIDA ‘COSMÉTICA’

Barajas solicitó el inicio de procedimientos de expulsión de los cuatro hoy exgobernadores priístas –los citados, más el neolonés Rodrigo Medina de la Cruz– luego de las derrotas del tricolor en siete de las 12 gubernaturas disputadas el 5 de junio, entre ellas las entidades de los Duarte y de Borge Angulo.

Ante tal situación, diversos analistas observaron que se trataba de una medida “cosmética” y que contrastaba con otras decisiones del tricolor, como dejar la Secretaría Jurídica y de Transparencia a la cuñada del ex Gobernador de Coahuila y exdirigente nacional, Humberto Moreira Valdés, pionero en los escándalos por endeudamiento y, además, mencionado en una corte penal de Texas como probable responsable de lavado de dinero.

“Creo que hay mucho escepticismo entre la gente de hasta dónde quiere llegar el PRI, o de si van a ir a fondo contra la corrupción”, consideró José Antonio Crespo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

“El mensajes que mandan es que son cambios cosméticos, simbólicos y que, a final de cuentas, no van a ir a fondo, de que son selectivos y de que se decide contra quién irán en función de los compromisos”, agregó entonces Crespo.

Barajas manifestó que la expulsión debe considerarse antes del próximo proceso electoral de junio, cuando se disputarán las gubernaturas de Nayarit, Coahuila y del Edomex y cuando no completar los procedimientos de expulsión podría afectar los resultados.

Los cuatro exgobernadores mencionados en la denuncia interna, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, acumularon las deudas públicas más altas de la República y, expone la denuncia de Barajas, fueron sujetos de señalamientos de corrupción que “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, manifestó.

Tan sólo Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, argumentó la denuncia, acumularon al menos 78 procedimientos legales por probables irregularidades cometidas durante sus Gobiernos; los tres iniciados en 2010.

En contra de Duarte de Ochoa, de acuerdo con la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mmdp; 32 procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.

El mismo documento menciona que Duarte Jáquez sumó 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Borge Angulo enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.

Al cierre de esta edición, la oficina de comunicación social del PRI no había respondido una solicitud de información sobre los procesos pendientes contra los exmandatarios.

DUARTE JAQUEZ, INMUNE

En Chihuahua tampoco ha sido consignada la carpeta de investigación 19–2016–16230, reiniciada contra Duarte Jáquez por la nueva administración del Gobernador panista Javier Corral Jurado, que además fue parte de la organización que promovió la denuncia ante la PGR.

En ambas, se exige establecer la forma en la que Duarte Jáquez obtuvo los 65 millones que aportó a un fideicomiso para la creación del Banco Progreso.

“El bono democrático del pasado 5 de junio, si no se emplea en el momento que más letal resulte, se va degradando hasta convertirse en simple reyerta de partidos o personalidades, generando el desaliento ciudadano que no tardará en clasificarlo como un acto fallido más, o como los tradicionales ajustes de cuentas entre los miembros de la clase política, así estén enclavados en diversas organizaciones”, advirtió el abogado en noviembre pasado.