Con la votación de ayer en el Senado de la República concluyó el proceso legislativo de la reforma laboral que, de acuerdo con lo informado de manera oficial, constituye uno de los compromisos adquiridos por México en la negociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

La nueva legislación laboral sin duda ofrece respuestas a polémicas recreadas en nuestro País durante décadas, tales como la ausencia de democracia interna en los sindicatos, el abuso en el cobro y administración de las cuotas sindicales, la existencia de “sindicatos blancos” o la posibilidad de dirimir disputas con apego a criterios jurídicos y no políticos.

Sin embargo, las reformas introducidas en cinco leyes también abren frentes de incertidumbre pues implican, en el mejor de los casos, una mudanza en la cultura de las relaciones obrero-patronales que no necesariamente ocurrirá de forma tersa.

La Coparmex advirtió ayer, tras la aprobación de las reformas, que estas fueron realizadas de modo irreflexivo y que derivan de una “imposición” realizada desde Washington, lo cual anticipa que “lo aprobado en la primavera será reformado en el otoño”.

De acuerdo con el citado sindicato patronal, la transformación de la legislación laboral mexicana pone en riesgo a miles de pequeñas y microempresas debido, entre otras cosas, a que las nuevas reglas les imponen excesivas cargas procesales en los juicios laborales que deban enfrentar.

Los patrones no son los únicos inconformes con la reforma y seguramente eso se notará al conmemorarse mañana el Día del Trabajo, cuando las centrales obreras “tradicionales” reclamen el hecho de que se ponga en riesgo su hegemonía como aglutinadoras del movimiento obrero nacional.

Los teóricos de la democracia suelen decir que cuando todos se quejan de una decisión es signo de que fue imparcial, es decir, que no se tomó a partir de criterios sesgados a favor de ninguna de las partes involucradas.

¿Es este el caso de la reforma laboral que, es necesario decirlo, recibió el voto unánime de todas las fuerzas políticas en el Senado?

Es difícil señalarlo desde ahora. Lo que parece muy claro es que los legisladores mexicanos han introducido en la ley conceptos y reglas que colocan en entredicho ideas fuertemente arraigadas en nuestra cultura, y que han llevado a la normalización de conductas no necesariamente sanas.

¿Serán capaces los patrones, los empleados, los dirigentes sindicales y los circuitos de abogados vinculados al sector laboral de adaptarse a los nuevos criterios establecidos en la ley? ¿O encontrarán la forma, como históricamente ha ocurrido hasta ahora, de adaptar las normas a sus conveniencias e intereses?

Para tener respuesta a estas interrogantes tendremos que esperar a la instrumentación de una reforma que, en el papel, promete ser un auténtico parteaguas en el terreno laboral, pero que por eso mismo encontrará múltiples resistencias que pueden llevarla a convertirse en fuente de males peores a los que busca combatir.


La reforma también abre frentes de incertidumbre pues implica, en el mejor de los casos, una mudanza en la cultura de las relaciones  obrero-patronales que no necesariamente ocurrirá de forma tersa