En Coahuila 'reviven' la Secretaría de Turismo

Debido al crecimiento turístico de la entidad, Coahuila volverá a contar con una Secretaría de Turismo a la que ahora se le agregará “Desarrollo de Pueblos Mágicos” en la denominación. También se creará la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

El Congreso del Estado aprobó ayer diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con el objetivo de crear dos nuevas dependencias estatales cuyas atribuciones estaban distribuidas entre otras secretarías y que ahora serán abordadas desde un punto de vista específico.

Se aprobó la creación de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que “será la dependencia encargada de formular, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su competencia, las políticas públicas en materia de vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, ordenamiento territorial, así como de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento”.

Otra de sus atribuciones será la de establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de vivienda en coordinación con los ayuntamientos, para que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y decorosa. También efectuará acciones tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rústica, y de los asentamientos humanos.

Por otro lado, debido a que ahora Coahuila cuenta con 7 pueblos mágicos, regresará al Estado una dependencia específica para temas turísticos, misma que había desaparecido en 2015. Ahora se llamará “Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos”.

“Dicha Secretaría será la encargada de formular, ejecutar y coordinar la política de desarrollo y promoción de la actividad turística estatal y de los pueblos mágicos, estimulando la participación de los sectores público, social y privado, para lo cual se es tablecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las atribuciones que en ese sentido le permitan dar cumplimiento a su objeto”, señala el dictamen.

La comisión dictaminadora coincidió con el Ejecutivo del Estado, autor de la propuesta, en la necesidad de ajustar la estructura y organización de la Administración Pública a efecto de hacerla más eficiente y acorde con la realidad social en el Estado.